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TRIBUNA

La fórmula del referéndum castizo

miércoles 27 de julio de 2016, 20:44h

Aproximadamente hace un año se puso en marcha desde el Ayuntamiento de Madrid un proyecto de participación ciudadana con el que se pretendía crear un cauce para que las voces de todos los madrileños se pudieran oír a la hora de decidir sobre el buen funcionamiento de la capital. A la vista del poco éxito, por no decir nulo, conseguido hasta la fecha, se plantea ahora una variación de la normativa que contempla el reglamento orgánico de participación. Con afán de animar a los ciudadanos a hacer uso de esta vía se quiere rebajar el umbral desde el que se puede someter una propuesta a referéndum del 2% al 1%. Esta modificación que rebaja el número de apoyos a 27.064 de 54.128 que se necesitan actualmente puede materializarse próximamente gracias al apoyo que previsiblemente dará Ciudadanos y el PSOE a la formación de Manuela Carmena.

Tengamos en cuenta que hasta ahora los porcentajes de participación en las consultas convocadas de forma puntual no habían alcanzado ni el 1%. La remodelación de la Plaza de España, la polémica por el cambio de nombre del barrio de Villa de Vallecas o los escasos apoyos a las propuestas de los presupuestos participativos son solo una pequeña muestra de ello.

El hecho de que además anualmente se quiera llevar a votación las tres propuestas con más apoyos, aunque éstas no hayan llegado al mínimo exigido, convierte a este procedimiento en un mecanismo absolutamente flexible, que deja el poder de decidir en manos de los ciudadanos más activos aunque éstos no representen ni al 1% de la ciudadanía madrileña. Si esto sale aprobado, convendría dar publicidad y difusión amplia cuanto antes a este mecanismo que más que democratizar puede degenerar en una tiranía de las minorías. Creo que la laxitud en el procedimiento no puede ser ilimitada y debería también existir un umbral claro de que no cualquier medida se puede llevar a votación solamente porque no haya habido otras con más porcentaje numérico de votos.

Actualmente, las tres propuestas ciudadanas que tienen más apoyo y que podrían someterse este a referéndum son: fijar un billete único intermodal (33.746 apoyos), aprobar un paquete de medidas para que Madrid sea una ciudad sostenible (27.358), y la propuestas de que el Ayuntamiento estudie el mecanismo para poder asumir la competencia de cobrar el IBI a los edificios de la Iglesia. No obstante, otra de las medidas más votada es la prohibición de los toros. Aunque estas dos últimas medidas cuentan con casi 16.000 firmas y podrían llevarse a votación en 2017, según el plan de Carmena, no queda claro cómo se puede salvar el problema de que las competencias no se pueden extralimitar por parte del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, el cobro del IBI a los edificios de la Iglesia no es una competencia municipal en virtud del Concordato con la Santa Sede como tampoco lo es la iniciativa, con más votos hasta ahora, de que haya un billete único que permita cambiar de medio de transporte público sin pagar más. Sin embargo, en esta última iniciativa Carmena parece agarrarse a que varios concejales del Consistorio sí que participan en el Consorcio Regional de Transportes, que es el organismo competente, pudiendo a través de ellos influir para que se produjera el cambio.

Creo que convendría conocer de antemano con claridad cuáles son las competencias municipales para que las iniciativas que se contemplen puedan ser aprobadas por la junta de gobierno o el pleno municipal, por ser competencias municipales. Ello, por ejemplo, hace factible y creíble la iniciativa de que Madrid sea una ciudad sostenible. No tiene sentido alimentar los deseos de la ciudadanía con espejismos que son irrealizables legalmente.

Otro de los grandes temas candentes es si debería recurrirse a un referéndum vinculante para ratificar o no el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Si creemos de verdad en la democracia representativa tendremos que confiar en el gobierno autonómico elegido por los ciudadanos en las urnas para no desautorizarlo con votaciones manipuladas por los partidos en minoría que se sirven del referéndum de forma oportunista para dirigir el rumbo político. De este modo, la modificación de la Ley Orgánica, deberá ser aprobada en una primera fase por dos tercios de la Asamblea de Madrid y luego ratificada por el Congreso de los Diputados. Cristina Cifuentes ha acercado la política a los ciudadanos a través de su compromiso, contraído con Ciudadanos en el pacto de investidura, de suprimir el aforamiento, reducir la cifra de diputados para reducir el gasto público y limitar los mandatos de los miembros del Gobierno a dos legislaturas, esto es, ocho años.

En suma, la democratización a través de la fórmula del referéndum en términos generales es positiva pero siempre que no haya una instrumentalización en favor de fines partidistas. El distanciamiento entre las instituciones políticas y la ciudadanía provoca que muchos ciudadanos no estén informados o capacitados para formar parte de este procedimiento que convierte el derecho a ser un sujeto activo en términos políticos casi en una obligación, por desgracia, no al alcance de todos. Urge por todo ello que se materialice el proyecto de regeneración democrática.

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