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DESDE ULTRAMAR

México: matrimonio igualitario e ideología de género

jueves 15 de septiembre de 2016, 20:19h

Nuevamente la sociedad mexicana se ha crispado y no solo en las redes sociales. Debatir acerca de autorizar en todo el país la unión conyugal legal entre personas del mismo sexo y no solo en determinadas entidades, como hasta hoy sucede, reviste para el caso mexicano signos nada distintos de los que se aprecian en otras latitudes, pero también revestidos con su carga particular. Claro, aquí los vemos cercanos y únicos por tratarse de nosotros. Pero no hay nada nuevo.

Se ha pasado de forma relativamente rápida, de la no contemplación legal de la posibilidad de existir parejas jurídicas del mismo sexo, a medidas intermedias como las parejas de hecho y de ahí al matrimonio tal cual y así denominado, incluida la posibilidad que adopten menores; mas siempre solo en algunas provincias, no siendo privativo de la Ciudad de México, como les gusta presumir a algunos políticos de izquierda, arribistas al tema.

En el camino queda la defensa a la no discriminación, impedir que se pierdan los empleos por confesar una preferencia sexual o que no se contrate a la persona, la defensa de no tener que expresar tal preferencia sexual, la homofobia, el miedo a mostrarse ante la sociedad, la aceptación o rechazo de la familia, los amigos y cercanos, el debate en torno al uso de la palabra “matrimonio” como la adecuada o no, tratándose de personas del mismo sexo y de la palabra “igualitario” que no me agrada porque discrimina tanto marcarlo como no tenerlo; y un sinfín de argumentos que ya hemos visto en otros sitios, en favor y en contra.

Para acabar de rizar el rizo, contamos con el choque entre las legislaciones locales permisivas y la nacional que no prevé la posibilidad de contraer nupcias entre personas del mismo sexo, situación que ha generado entre embrollo y que obstruye los plenos derechos de tales parejas que deciden formar una legalmente constituida. No previstas por ordenamientos nacionales como el castrense o el de la seguridad social, se recurre a instancias judiciales y jurisprudencias a modo y de pegote, hechas sobre las rodillas, para cuadrar el círculo que no cuadra, siguiendo tortuosos caminos para alcanzar derechos plenos por no concederse desde un inicio para todos. Así es como se ha ido enmendando la plana de los derechos por adquirir, ante el desacuerdo entre niveles de gobierno por conceder ciertas prerrogativas a parejas homosexuales, no alcanzadas per se por el solo hecho de serlo. Tortuoso proceso que pudo ser más sencillo de haberse aprobado a nivel nacional y no por partes, como se hizo.

La idea de extender tal derecho de acceder a un casamiento (palabra que salvaría la oposición del uso de la palabra “matrimonio”), confronta a la sociedad. Mientras el colectivo LGBTTI expone sus razones, consigue que se consolide tal derecho (que no necesariamente va a utilizar) y reclama la adopción sin cortapisas; pero también se ha conformado un Frente Nacional por la Familia, que ha respondido contra la iniciativa presidencial de homologar el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, organizando una campaña nacional que la denosta y expone la defensa de un concepto de familia entendida solo como la formada por una pareja heterosexual y sus hijos naturales; y en su marcha por las calles el 10 de septiembre pasado buscando que tal se consagre en la Constitución, ha conseguido la adherencia de más de mil organizaciones, que no es poco. Se ha señalado a la Iglesia católica como promotora de tal movimiento.

El problema parece más jurídico que moral, aunque subyace inevitablemente la existencia de una sociedad diversa, contradictoria, tan tolerante como repulsiva a la idea debatida; y sí, también carente de valores y argumentos más sensatos en pro y en contra (y más nos vale aceptarlo también) en que su relativismo equipara cosas que acaso por su naturaleza no acaban de cuadrar; con una decadente visión de sí misma (como le está sucediendo a muchas otras sociedades) y que va en plano de defensa de posicionamientos encontrados que desvían la atención de lo fundamental: cómo regular situaciones existentes, creadas por la misma sociedad, sin revestirlas de moralina ni de recalcitrantes argumentos que también inducen al odio, provenientes tanto de quienes defienden varios conceptos de familia como de quienes apelan a uno solo. Desde ambas partes y no resta sino reconocerlo, aunque hacerlo moleste a ambas partes.

En el fondo subyace una homofobia y una intolerancia de ida y vuelta que es aprovechada por diversos colectivos. Sea para agredir o para sacar raja política. Y nadie está exento. Si el colectivo gay reclama libertad, afines exaltan un anticatolicismo furibundo nutrido desde la obnubilación de no percatarse de que también otros grupos religiosos reprueban hasta su existencia, mientras el Frente citado arguye motivos tan faltos de sustento a su reclamo y pretensión constitucionalista, como clamar que se impida que el Estado eduque bajo la “ideología de género” (recién condenada por el papa Francisco) y temen que hasta los niños puedan cambiar de sexo sin más, debido a las acciones educativas del Estado como promotor de relativizar o relajar la distinción entre hombre y mujer y lo que cada concepto suponga; o arguye que los “matrimonios gays” provoquen despoblamiento, por fomentarlos, pese a que somos ya 120 millones y en parte, por embarazos crecientes de chicas entre 10 y 14 años, muchas de ellas de familias católicas, cosa alertada desde la OMS. De forma tal que al complejo panorama sume usted posiciones imbéciles desde todas las partes. Y eso sin llegar al meollo del asunto. Ninguna de las posturas me deja boquiabierto ni me amilana, porque más asumen poses que sensatos argumentos. No cabe solo ser retro o progre. Hay que ser serios. Y ser congruentes. Me escaldan por igual los recalcitrantes de un lado y otro. No los secundo.

Y entonces ¿cuál es mi postura? Embrollada, desde luego. No esperen una definición absoluta. Como abogado, como persona, como hombre, como ciudadano, como miembro de un culto religioso, como observador social y como individuo que conviene ser parte de una sociedad plural, cada vez más compleja, lo tengo complicado. Rechazo un solo concepto de familia, no me opongo a los casorios entre personas del mismo sexo, mas no me entusiasma su adopción de menores. Los menores ya nacidos tienen derecho a decidir y no reciben tal derecho, los escogen como cebollas; y a no ser agredidos si no se comprende la familia de dos personas del mismo sexo. ¡Ojo! Es su interés, no el de los adoptantes.

Un exalumno ha escrito en redes sociales: “No es el Amor (derecho a amar a quien se quiera), el debate es la moral individual con base en las preferencias de placer sexual, que sale del orden natural de la procreación. En estricto derecho los gays (o como gusten ser etiquetados o conceptualizados) no tienen derechos (extras), entiendan que el individuo (hombre o mujer) es el que tiene derechos, sin importar raza, credo…”. Desde allí plantea que no es una condición particular la que genera derechos (una preferencia, por ejemplo), sino el inalienable derecho a obtenerlo por ser persona. Esta postura debiera mover a todos a replantear cuál es el debate de fondo: ¿nos corresponde tener ciertos derechos o no tenerlos? Lo demás es distractor o piedras arrojadizas innecesarias, que no abonan a esclarecer el punto.

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