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AL PASO

El Tribunal Constitucional recupera el equilibrio

Juan José Solozábal
martes 27 de septiembre de 2016, 20:11h

Como sucede desde hace años, y supondrá el lector, a comienzos de este Septiembre hemos celebrado en Miraflores en las instalaciones de la Universidad Autónoma, el acostumbrado curso veraniego sobre el Estado Autonómico. Se trata de unas jornadas en las que, desde un punto de vista académico y con la ayuda de personalidades y profesionales implicados, procuramos suscitar las cuestiones más acuciantes de nuestro modelo de organización territorial. Desafortunadamente este año ya no nos preside el maestro Francisco Rubio.

También, como suelo hacer siempre, en esta ocasión mi reflexión en el curso se ha referido al examen de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la cuestión competencial: en concreto se trataba de ver si la tendencia que se observaba en los últimos años que denotaba una fuerte pendiente centralizadora se mantiene, se rectifica o se modula, en el periodo de tiempo bajo examen, digamos que el último año y medio. Responder a esta pregunta es importante porque el Tribunal tiene encomendada una importante función en el Estado autonómico y, a mi juicio, la orientación de su doctrina se había inclinado tan claramente hacia posiciones uniformizadoras que permitían cuestionar la capacidad del órgano jurisdiccional para asegurar el equilibrio del sistema, como si le llegase a faltar la independencia que necesita para desempeñar la importante tarea que le es propia.

La consideración de una amplia jurisprudencia (unas ochenta sentencias, que he filtrado principalmente de acuerdo con las crónicas de jurisprudencia constitucional de la Revista Española de Derecho Constitucional, que hace , estupendamente por cierto, Marian Ahumada) permite concluir que, durante el plazo señalado, hay sentencias que insisten en la línea centralizadora, con la oposición de una buena parte del TC, que, como se señala en su votos particulares por los magistrados discrepantes, creen que el legislador central, como venía haciendo, abusa de una utilización amplia de las bases, confirmando asimismo la arbitrariedad del gobierno para la legislación de urgencia, mediante Decretos-leyes. Otras sentencias, en cambio, suponen una rectificación de la línea centralista avalando la actuación autonómica. Hay que matizar que en una de ellas la afirmación de la actuación autonómica se produce en relación con la autonomía local, con una idea juiciosa del Tribunal al respecto, que viene a prevenir contra la idealización del small is beautiful. En efecto, finalmente, la importante Sentencia sobre la Ley del Régimen Local puede considerarse que consolida en términos convincentes la recuperación de una línea equilibrada doctrinal del Tribunal Constitucional.

La consolidación de la línea centralista por parte del Tribunal Constitucional, que se sirve de una idea expansiva de las bases que conlleva la declaración de la inconstitucionalidad mediata de la legislación autonómica que las contradiga, y que acoge asimismo el Decreto-ley como medio de fijación de tales bases, y legitima la utilización generosa de las competencias transversales por parte del Estado, puede ejemplificarse en la Sentencia 156/2015. Esta Sentencia resuelve un recurso del gobierno andaluz frente a un Decreto-ley del gobierno central en relación con la regulación de permisos de los funcionarios y la fijación de horarios comerciales, que el Tribunal Constitucional reputa ejercicio de bases sobre la función pública y sobre la ordenación general de la economía y que lapida las competencias de la Junta sobre funcionarios y ordenación del comercio interior. En realidad, como argumenta el voto de cinco magistrados, que firma don Antonio Narváez, las bases establecidas en el decreto impugnado no dejan margen a la legislación autonómica para completar la regulación sino sólo para decidir sobre su ejecución.

La rectificación de la línea centralista en la orientación doctrinal se apunta en dos sentencias. A una de ellas ya nos hemos referido (se trata de la que resuelve un recurso contra la ley cántabra de ordenación del litoral), en la que el TC aun reconociendo que la autonomía local alcanza a la ordenación del territorio y al urbanismo, ratifica la legitimidad del control de la actuación municipal sobre dichas cuestiones por parte de la Comunidad Autónoma en cuanto portadora de intereses supralocales.

La Sentencia de referencia es la 271/2015 que resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de la Generalitat valenciana que establece un nuevo criterio en la admisión de alumnos de centros públicos no universitarios, considerando al nasciturus como nacido. Lo interesante de esta sentencia es que determina la compatibilidad entre la legislación básica del Estado y la legislación autonómica: la legislación valenciana -dictada además dentro de la competencia autonómica de protección y apoyo a la mujer, y a la embarazada en particular –modula la regulación estatal y permite una revalorización de los criterios establecidos en ésta: al computar al concebido como ya nacido se puede pasar a estar por debajo de un umbral de renta familiar; la unidad familiar puede ser considerada numerosa; o el concebido puede venir con malformaciones determinantes de discapacidad.

Como adelantábamos la sentencia clave para apreciar el giro del TC recuperando una línea equilibrada, puede ser la primera que ha recaído sobre la Ley de Régimen Local (Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local). Esta Sentencia, también de municipalismo moderado, resuelve un recurso de la Asamblea de Extremadura, pronunciándose esencialmente sobre tres cuestiones: mapa municipal, competencias locales, y compensación de las cantidades adeudadas a los ayuntamientos por las Comunidades Autónomas, reteniéndose por el Estado las transferencias correspondientes.

El TC avala la totalidad de las decisiones de la ley sobre el mapa local, aunque establece la inconstitucionalidad al señalamiento en la ley estatal del órgano autonómico que interviene en la disolución de las mancomunidades y los consorcios.

En relación con las competencias locales, el TC avala la derogación de la legislación anterior que venía a reconocer la competencia universal de los municipios (las llamadas competencias propias).Pero el Tribunal Constitucional declara inconstitucional que en relación con los servicios sobre asistencia social y sanidad, que el TC confirma que se trata de competencias autonómicas, su ejercicio centralizado o descentralizado pueda ser establecido por la ley estatal, la cual tampoco puede regular la traslación competencial, si la Comunidad autónoma decidiese recuperar su desempeño.

La decisión de la legislación estatal estableciendo la compensación de las deudas de las Comunidades a los Ayuntamientos, detrayéndose de las transferencias a las Comunidades Autónomas por parte del Estado, debe reputarse inconstitucional: se trata de una materia reservada a la LOFCA y la Ley en cuestión, esto es, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no tiene su rango.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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