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TRIBUNA

La libre competencia en la Unión Europea

martes 15 de noviembre de 2016, 20:11h
No terminan los problemas para la Unión Europea (UE), y si aún están por ver los efectos económicos que va a tener el Brexit, la Comisión Europea (CE) quiere ahora que la multinacional norteamericana Apple pague a Irlanda 13.000 millones € en impuestos del periodo 2003 a 2014, más los intereses.

Apple, que emplea a 22.000 personas en Europa, 5.500 de las cuales están en Irlanda, yaha advertido de las "profundas" consecuencias que tendrá sobre sus inversiones en Europa. Y la asociación Business Roundtable (BR), que agrupa a los líderes de las 185empresas más grandes de EEUU ha dicho en una carta que, significativamente, dirige a Angela Merkel, que “el precedente que establece, aumentaría la incertidumbre de forma considerable con el consiguiente efecto adverso sobre la inversión extranjera en Europa, haciendo de esta decisión una herida auto infligida para la UE y sus ciudadanos”.

El importe es extraordinariamente alto y supera todas las ayudas de estado ilegales que los gobiernos de la UE han recuperado en lo que va de siglo, y multiplica por 14 la cantidad que una sola empresa, la francesa EDF, tuvo que abonar. Pero Irlanda, que es quien tiene que cobrar, resulta que no quiere que Apple le pague y ya ha recurrido la decisión de la CE, y eso que los 13.000 millones € representan el 6% de su PIB. Lo cual, bien mirado, no es tan sorprendente, pues prefiere quedarse sin ese dinero antes que desprenderse de su carácter de país fiscalmente atractivo para las multinacionales.

Pese a que inició su constitución en 1957, la UE sigue siendo un proyecto inacabado, con muchos ámbitos sin armonizar, como la legislación fiscal, considerada parte de la soberanía nacional. La UE, que tiene la libre competencia como un ámbito exclusivo, sostiene que sus normas se extienden también a los acuerdos fiscales nacionales (tax rulings). Y la defensa que mantiene de la validez de los principios generales, como la libre competencia, tropieza ya no solo con duras realidades económicas sino también con ideas básicas sobre el estado de derecho (rule of law), como nos han venido a recordar desde EEUU, donde BR dice que “la naturaleza retroactiva de la decisión de la CE significa que una empresa nunca podrá tener certeza, incluso por responsabilidades tributarias pasadas, a menos que o hasta que la CE decida adoptar una decisión al respecto.“

Además BR añade que “irónicamente, los acuerdos fiscales bajo investigación por la CE fueron emitidos por los estados miembros con el expreso propósito de proporcionar certeza a las empresas a cambio de la completa transparencia con el gobierno de sus operaciones (..) Para alcanzar esta decisión, la CE se ha basado en su propia visión sobre el carácter apropiado de la legislación fiscal, antes que en las leyes nacionales y en principios de la OCDE e históricamente enraizados.”

También ha habido reacción pública en EEUU y el Departamento del Tesoro ha dicho que la CE está actuando como una autoridad fiscal supranacional, y que no es una agencia tributaria para andar reclamando impuestos atrasados. Según el Tesoro, este asunto esun mal precedente para todo el mundo y socava los tratados fiscales firmados por EEUU y las directrices sobre precios en las transferencias internacionales.

Apple firmó dos “tax rulings” con Irlanda en 1991 y en 2007, por medio de los que canaliza buena parte de sus ventas en Europa. La CE sostiene que con ellos minimizó sus pagos fiscales, tanto en Irlanda como en el resto de países europeos, y que se vio favorecida con respecto a otras empresas. Si se tiene en cuenta el impuesto de sociedades que pagaron las filiales irlandesas de Apple y el beneficio registrado, el tipo efectivo resulta el 0,005%, cuando el medio de la UE es el 22%, y en Irlanda el 12,5%. Pero, desde entonces Apple ha creado 6.000 empleos en Irlanda y aportado 1 de cada 15 euros que se recaudan por el impuesto de sociedades.

Los acuerdos fiscales tampoco son una novedad en la UE, pues en 2014 el asunto LuxLeaks denunciaba tax rulings entre Luxemburgo y 340 multinacionales desde 2002 a 2010. Luxemburgo alegó que había cumplido con su legislación y que era una práctica habitual este tipo de acuerdos con todas las empresas que lo solicitaban, provenientes de sectores diversos y localizaciones diferenciadas.

El vigente Tratado de Lisboa (TL) sigue utilizando una formulación genérica y dice que las ayudas públicas que se concedan “bajo cualquier forma” serán incompatibles con el mercado interior cuando “falseen la competencia (..) favoreciendo a determinadas empresas”. Pero el derecho de la libre competencia es casuístico y la decisión final le corresponde al Tribunal de Justicia de la UE.

En los orígenes de la UE, el artículo 3º del Tratado de Roma establecía como un objetivo que no se falseara la competencia en el mercado común, y ese objetivo continuó en el Tratado de Maastricht, pero ahora en el TL ha desaparecido y el artículo 3º dice que el ámbito de libre competencia se define por “las normas necesarias para el funcionamiento del mercado interior”. Es decir, se ha añadido un sentido práctico notable y una visión que nos acerca a la idea norteamericana, precisamente, de “workable competition”, o sea una competencia que aunque no sea perfecta, sí que es viable y deja vivir a los más pequeños. Además ahora hay una jerarquía normativa europea que habrá que tener en cuenta. Este asunto ya fue planteado por Nicolas Sarkozy en 2007, cuando se redactaba el TL.

La carta que BR le dirige a Angela Merkel termina con una frase que adquiere mucho significado ahora, con Donald Trump ya como presidente de EEUU, pues dice que “ los líderes de las empresas norteamericanas no estamos de acuerdo en construir muros entre nuestros países.”
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