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TRIBUNA

Tres opciones para el Brexit

lunes 21 de noviembre de 2016, 20:12h
Según el artículo 50.2 del Tratado de Lisboa (TL), después que un Estado notifique que se retira de la Unión Europea (UE), hay que negociar un acuerdo “teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión”. En el Reino Unido (RU) manejan tres posibilidades para adoptar ese nuevo estatus, según el documento elaborado por el Gobierno británico en marzo de 2016 “Alternativas a la pertenencia: Posibles modelos para el Reino Unido fuera de la Unión Europea.”

Las opciones son las siguientes: el modelo noruego, un tratado bilateral sometido al derecho internacional, o aplicar las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El modelo noruego significa adherirse a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) de la que actualmente forman parte Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, y trae consigo la integración en el Espacio Económico Europeo, es decir, disfrutar del mercado interior europeo sin estar en la UE. Para RU sería volver a una organización que fundaron ellos mismos en 1960 como alternativa a la entonces Comunidad Económica Europea.

Esta opción también significa seguir aplicando el derecho europeo. Noruega ha incorporado casi las tres cuartas partes de la legislación europea de libre competencia, ayudas de Estado, propiedad intelectual, medidas sociales, protección al consumidor y medioambiente. El RU no contribuiría a la Política Agrícola Común pero tampoco recibiría 3.500 millones € de ayudas.

La opción noruega no incluye la agricultura, ni la pesca ni los acuerdos comerciales de la UE con países no europeos. Requiere controles aduaneros para la circulación de bienes. Hay que pagar al presupuesto de la UE y aceptar el libre movimiento de personas. El cumplimiento de las reglas de origen le costaría unos 3.000 millones € anuales a las empresas británicas.

La segunda posibilidad es un acuerdo bilateral de asociación o libre comercio, como están, por ejemplo, Suiza y Turquía. Ninguno de esos países cuenta con acceso completo al mercado interior, lo que sería especialmente grave para el sector de servicios, queconstituye casi el 80% de la economía del RU. Tales acuerdos incluyen la libre circulación de mercancías y personas. Otorgan una relación comercial preferente, pero su contenido depende de cada negociación individual. El derecho aplicable sería únicamente el del propio acuerdo.

Mayor niveles de acceso al mercado interior trae consigo aplicar las normas europeas, y en algunos casos hacer contribuciones al gasto europeo. El RU perdería el acceso preferencial a 53 mercados fuera de la UE con los que hay acuerdos de libre comercio, y firmar unos nuevos tratados bilaterales supondría años de negociación, sin ninguna garantía que RU obtuviera mejores condiciones de las que disfruta actualmente.

Si RU quiere un elevado acceso al mercado único (como el que tiene Suiza, con más de 100 acuerdos sectoriales), habría que aplicar muchas normas europeas, aceptar la libre circulación de personas y hacer algunas contribuciones al gasto de la UE. Este tipo de acuerdos bilaterales incluyen restricciones a la inversión, por ejemplo, en banca y aeroespacial.

Turquía está incluida en la unión aduanera de la UE desde 1995, lo que permite la libre circulación de capitales, bienes y personas, elimina los controles aduaneros y fija una tarifa exterior común a las importaciones de terceros. Esto implica que, cuando la UE firma un acuerdo comercial con un tercero, Turquía debe garantizar acceso a su mercado a ese otro país en los mismos términos que la UE, pero sin garantizar que ese Estado abra el suyo a Turquía, por lo que debe negociarse de forma separada.

La tercera es la solución OMC, que no otorgaría al RU una relación preferencial respecto de otros socios comerciales de la UE. Tendría mayor grado de autonomía, pero penetración limitada en el mercado interior europeo. Ni RU ni UE podrían ofrecerse mútuamente mejores condiciones que las que ofrecen a otros miembros de la OMC. No habría que aceptar la libre circulación de personas, ni contribuir al presupuesto de la UE ni aplicar las normas europeas, aunque las empresas que quisieran seguir exportando a la UE las tendrían que cumplir en cuanto a seguridad y medioambiente.

La UE y todos los países con los que comercia RU deberían aplicar a las exportaciones británicas las tarifas aduaneras fijadas por la OMC, lo que pondría a las empresas británicas en desventaja competitiva. RU tendría que decidir si aumenta las tarifas a las importaciones llegadas desde la UE o si rebaja las que impone a las que llegan del resto del mundo. Los servicios se regularían a través del Acuerdo General para el Comercio de Servicios, que es muy básico y reduce mucho el acceso a los mercados. Este sistema se aplicaría por defecto.

No obstante, a estas tres opciones hay que añadir una cuarta, precisamente la que representa el Acuerdo del artículo 50.2 TL, que tiene la ventaja que ya se plasmó en el “Nuevo régimen de las relaciones entre el RU y la UE”, al que se llegó en febrero, tras la reunión entre David Cameron y Donald Tusk (presidente de turno del Consejo de la UE).

Ese Acuerdo incluye una decisión sobre la gobernanza económica, que salvaguarda los derechos de RU con respecto al euro mediante un mecanismo de oposición, e incluye la competitividad, la soberanía, las prestaciones sociales, un “freno” para los trabajadores europeos, y la libre circulación. Es compatible con los Tratados de la UE, pero el único problema es que a petición de Bélgica y Francia, quienes ya lo veían venir, se incluyó una disposición final que dice que “surtirá efecto el mismo día en que el gobierno de RU informe al secretario general del consejo que el RU ha decidido seguir siendo miembro de la UE.” Como eso no ha sucedido, el Acuerdo no puede tener aplicación en tanto norma jurídica interna europea; ahora bien, nadie ha dicho que no pueda servir como un nuevo tratado internacional de la UE.
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