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TRIBUNA

Brexit, soberanía y derechos individuales

lunes 28 de noviembre de 2016, 20:11h

El Brexit ha acabado ante la justicia en el Reino Unido (RU) y se ha convertido en una cuestión constitucional. La High Court of Justice (HCJ) ha dictado sentencia en el caso “R. Miller v. Secretaría de Estado”, promovido por un grupo de ciudadanos, y dice que el Gobierno no tiene competencia para notificar la retirada del RU de la Unión Europea (UE) sino que le corresponde al Parlamento. El Gobierno ya ha recurrido la sentencia y la decisión final se conocerá a primeros del año próximo.

La sentencia describe cómo es el funcionamiento del Estado de Derecho (rule of law) y el papel que, respectivamente, le corresponde al Parlamento y a la Corona en ese mecanismo que incluye a ambos, y dice que “la norma básica de la Constitución del RU es que el Parlamento es soberano y puede adoptar y derogar cualquier ley que desee. Como un aspecto de la soberanía del Parlamento se ha establecido durante cientos de años que la Corona - es decir el Gobierno de la época- no puede, mediante el ejercicio de un poder de prerrogativa, invalidar la legislación promulgada por el Parlamento.”

Este párrafo nos recuerda la frase que se ha hecho proverbial de Jean-Louis De Lolme: “El Parlamento tiene poder para cualquier cosa, excepto para hacer de una mujer un hombre y de un hombre una mujer”, aunque hoy no pondríamos ese ejemplo. Y nos recuerda también lo que decía William Blackstone más extensamente: “El Parlamento tiene soberanía y una autoridad incontrolable para elaborar, confirmar, ampliar, restringir, derogar, rechazar, volver a poner en vigor y desarrollar leyes referidas a materias de todas las denominaciones posibles, eclesiásticas o temporales, civiles, militares, marítimas o penales… resumiendo, puede hacer cualquier cosa que no sea naturalmente imposible.” La enumeración de actividades del contenido de la soberanía realza mejor ese mecanismo jurídico del Estado de Derecho.

La HCJ añade en su sentencia que si bien el Gobierno es quien dirige las relaciones internacionales, incluyendo la firma y la retirada de los tratados, eso no le capacita para invalidar la legislación del Parlamento; que es lo que sucedería si fuera el Gobierno quien notificara la retirada.

El Estado de Derecho con el equilibrio de poderes, nos lleva, por lo tanto, a una idea de proceso formal, que en el derecho anglosajón se conoce como “due process of law”, y cuya observancia es la máxima garantía para los derechos individuales. De ahí que la HCJ haga referencia también a cómo quedan afectados esos derechos por el Brexit.

La sentencia distingue tres tipos de derechos derivados de la pertenencia a la UE: 1. Los que se pueden reproducir en la legislación interna, como por ejemplo los derechos de los trabajadores, que el Parlamento podría decidir mantener. 2. Los que tienen los ciudadanos británicos en otros estados de la UE, como la libre circulación, que esos estados tienen que respetar y el RU no puede impedir, y 3. Los que no se pueden replicar, como el derecho de sufragio en el Parlamento Europeo, o el derecho a reclamar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Todos estos derechos se perderán con el Brexit.

El constitucionalismo británico empezó con la Carta Magna (CM), cuyo máximo significado fue garantizar los derechos individuales en el artículo 39º: Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino por juicio legal de sus pares o por la ley de la tierra (legem terrae).”

La expresión “legem terrae” es la original de la CM, que estaba redactada en latín, y se suele entender como la primera formulación del “due process of law”. Posteriormente esta cláusula se incorporó a la Constitución de Estados Unidos con las Enmiendas 5ª y 14ª, y ha tenido un enorme desarrollo en la jurisprudencia.

La CM también menciona un embrión de Parlamento en el artículo 61º “Los barones elegirán veinticinco entre ellos para mantener y hacer que se observen, con toda su fuerza, la paz y las libertades concedidas y confirmadas en esta carta”.

Como vemos, pues, el Estado de Derecho estaba pensado para que se respetasen los derechos individuales, que es, finalmente, lo que importa.

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