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La contumaz ilegalidad del Govern

sábado 24 de diciembre de 2016, 09:59h

El pleno del Tribunal Constitucional estimaba ayer el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley catalana de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea anulando parte de su articulado, por entender que invade competencias estatales. Así, el TC viene a reconocer que las comunidades autónomas pueden llevar a cabo actividades con proyección exterior siempre que se atengan a la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, de acuerdo con el artículo 149.1.3 de la Constitución.

Coincide en el tiempo con la nueva “cumbre por la independencia” organizada por Puigdemont para tratar de congraciarse con la CUP. Esta última pantomima es reveladora del grotesco itinere que ha llevado a cabo el en otro tiempo moderado nacionalismo catalán: pasaron de estar muy por encima de los postulados de Esquerra a asumirlos como propios para, de un tiempo a esta parte, hacerle el juego a la izquierda radical antisistema.

Es previsible que Puigdemont y Junqueras vuelvan a ignorar una vez más esta resolución judicial. Es algo tan absurdo como grave: en ningún país mínimamente civilizado una administración pública vulnera la legalidad vigente de un modo tan contumaz y -hasta la fecha- impune. No parece que el Govern vaya a cerrar sus “embajadas” en el extranjero, ni que congele la dotación presupuestaria que destina a este efecto. Y sin embargo, es algo que tendría que haber hecho ya hace tiempo.

Por otra parte, falta una reacción política del Gobierno y de los partidos constitucionalistas, porque el tema no es sólo jurídico -aunque el imperio de la ley deba imponerse siempre. Una reacción que debe empezar por hacer pedagogía en el Congreso. Nadie cuestiona el derecho a predicar la independencia, ni a pedir un referemdum, pero ello habrá de hacerse conforme a la ley: reformando la Constitución, según los pasos y con los requisitos contemplados al respecto, los cuales, entre otras cosas, exigen un referendum…de todos los ciudadanos españoles.

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