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TRIBUNA

El Brexit y las transferencias

martes 07 de febrero de 2017, 20:22h

El Brexit no solo afectará a toda Europa sino también a la transferencia de competencias en el Reino Unido (RU) a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El Parlamento Británico (PB) ya ha empezado la tramitación de una ley para que el Gobierno Británico (GB) notifique la salida del RU de la Unión Europea (UE) de conformidad con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS), que resolvió así la cuestión principal del recurso promovido por un grupo de ciudadanos. No obstante había un segundo asunto: la llamada cuestión de las transferencias o devolution issues, planteada por los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, sobre lo que el TS ha dicho que si bien desde el punto de vista legal no hay que consultar a los parlamentos de esas naciones para la salida del RU de la UE, la vía política está abierta y no es competencia de los tribunales enjuiciarla.

La transferencia de competencias a Escocia, Gales e Irlanda del Norte se concretó en tres leyes, pero en ninguna de ellas se exigía el acuerdo de los parlamentos nacionales antes de notificar la salida de la UE. Las transferencias se hicieron sobre la base de la permanencia del RU en la UE, y nadie entonces pensó siquiera en la posibilidad de marcharse. En cuanto a Irlanda del Norte, aunque la ley establece que el pueblo tiene derecho a decidir si se queda en el RU o se convierte en parte de una Irlanda unida, no se mencionó ningún otro cambio constitucional, como hubiera podido ser la salida de la UE. En cualquier caso, las relaciones exteriores, incluida las relaciones con la UE, no se transfirieron en ninguna de las leyes y son materia reservada del RU.

Pero es que, además de las leyes de transferencias, en 1998 se firmó la Legislative Consent Motion, conocida como Sewel Convention (SC), entre los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte y el GB, en la que se “reconoce” que el PB no ejercerá “normalmente” su derecho a legislar en las materias transferidas sin el acuerdo de los parlamentos nacionales. El TS considera que esas dos palabras que figuran en el texto de la SC son relevantes para calificarla como política y no jurídica. Además, la SC se recogió en un Memorandum of Understanding, que es un instrumento normativo típico del derecho internacional y que se suele utilizar precisamente cuando no se quiere hacer que su contenido sea legalmente vinculante.

La SC desempeña un importante papel en el funcionamiento constitucional del RU, facilitando unas relaciones armoniosas entre el PB y los parlamentos nacionales, de modo que representa un medio de cooperación en los casos de competencias que se solapan y de hecho ha sido usada ya en numerosas ocasiones. Ahora bien lo único que se ha transferido son las competencias, porque la soberanía permanece en el PB, que mantiene su capacidad para legislar en cualquier asunto, sea transferido o no.

Dice la sentencia del TS que el control y la actuación de la SC no entra dentro del ámbito constitucional fijado en el RU para los tribunales de justicia, que no tienen como misión aplicar una convención política, sino proteger el estado de derecho o rule of law y recuerda que el artículo 9º del Bill of Rights de 1689 dice que “los procedimientos parlamentarios no deben ser juzgados ni cuestionados por ningún tribunal ni en ningún sitio fuera del Parlamento.”

Añade además el TS que “los jueces no son los padres ni los guardianes de las convenciones políticas; son solamente meros observadores. Como tales, pueden reconocer la actuación de una convención política en el contexto de decidir una cuestión legal, pero no pueden dar normas legales sobre su funcionamiento o alcance, porque esas materias están determinadas dentro del mundo político.”

A partir de ahora queda por delante la aprobación de la ley conocida como la Great Repeal Bill que derogará el Acta de Adhesión del RU a las Comunidades Europeas de 1972, y que va a restablecer en el RU todas las leyes que estaban anteriormente en vigor. Este proyecto de ley de derogación general ya fue anunciado por Theresa May y será presentado al PB en mayo, y se calcula que la ley pueda ser promulgada antes o incluso durante las negociaciones del Brexit, aunque no entraría en vigor hasta el día mismo de la salida. En cualquier caso, David Gordon Mundell secretario de estado para Escocia del GB ya ha dicho que está trabajando sobre la base de una consulta al Parlamento de Escocia.

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