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TRIBUNA

Derechos y competencias en la UE

martes 14 de marzo de 2017, 20:04h
En su reciente resolución sobre “Posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea”, el Parlamento Europeo se muestra favorable a que se inicie un nuevo proceso constitucional con la convocatoria de una convención que revise completamente el vigente Tratado de Lisboa y que la Carta de Derechos de la Unión Europea se incorpore a ese nuevo texto legal como una Declaración de Derechos; es decir, como estaba previsto hacer en la Constitución Europea.

La relación entre el Tratado de Lisboa (el sucedáneo que se acabó adoptando en vez de la Constitución Europea) y la Carta de Derechos es de igual a igual, puesto que según el artículo 6º del propio Tratado, ambos tienen el mismo valor jurídico. Pero, luego, ese artículo, preocupado por el reparto de las competencias entre los Estados y la Unión Europea, aclara que los derechos fundamentales de las personas incluidos en la Carta no suponen una ampliación de las competencias de la Unión Europea. Y es que, según el artículo 5º del Tratado de Lisboa, las competencias se delimitan por el principio de atribución, lo que significa que la Unión Europea tiene solo las que le han dado los Estados.

La Carta de Derechos y la Constitución Europea se formaron por separado, y es de sobra conocido que tuvieron suerte diversa también, pues la primera con el tiempo se acabó aprobando, mientras que la segunda no llegó a ratificarse por todos los Estados miembros. El procedimiento utilizado para la redacción de ambos textos fue el mismo: convocar una convención como organismo específico dotado de esa misión y compuesto por representantes de los gobiernos y los parlamentos de los Estados, más los correspondientes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.

En cuanto a la Carta (que se elaboró antes que la Constitución) el Consejo Europeo celebrado en Colonia en Junio de 1999 dijo en sus conclusiones que “en la presente fase de desarrollo de la Unión Europea, los derechos fundamentales aplicables a nivel de la Unión Europea deben estar consolidados en una Carta y hacerse por ello mismo más evidentes.” Y con esa finalidad se inició un proceso que terminó en Niza al año siguiente, donde las instituciones europeas, o sea el Parlamento, la Comisión y el Consejo, proclamaron la Carta de Derechos, aunque sin que tuviera efectos jurídicos, de manera que en la práctica no sirvió para nada y hubo que esperar hasta 2009 con el Tratado de Lisboa para que tuviera esos efectos que se supone que tiene que tener una Carta de Derechos.

El proceso de elaboración de la Constitución Europea, por su parte, empezó en 2001 y acabó de facto en 2005, tras que dos de los estados fundadores de la Comunidad Económica Europea, Francia y los Países Bajos, la rechazasen. Luego se detuvo la ratificación por referendum en el Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Polonia, Repuìblica Checa y Portugal, porque la cosa podía haber sido mucho peor.

Ahora, no obstante, el Parlamento Europeo además de proponer que se siga el procedimiento de la convención, recomienda que se suprima el artículo 51 de la Carta de Derechos, el cual regula precisamente las competencias y constituye una disposición de interpretación y aplicación dirigida a las instituciones europeas, dentro del principio de subsidiaridad, y a los Estados cuando apliquen el derecho europeo.

Ese artículo dice que la Carta ni amplía el ámbito del derecho de la Unión Europea, ni crea competencias nuevas ni modifica las existentes. Y como la Carta tampoco quiere meterse en el terreno de nadie, añade que los derechos fundamentales que estén en el Tratado de Lisboa o en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o que formen parte de las tradiciones constitucionales estatales comunes, se ejercerán con arreglo a las normas de cada uno de ellos.

En EEUU en 1791, después de aprobar la Constitución se dieron cuenta que faltaba algo, y eso que se les olvidaba era precisamente los derechos de los ciudadanos, pero en vez de hacer una Declaración de Derechos, decidieron que para el caso era lo mismo incorporar los derechos individuales a través de las 10 Enmiendas, en las que hay dos cláusulas de cierre: una es la Enmienda 9ª, que dice que la enumeración en la Constitución de ciertos derechos no ha de interpretarse para negar o menospreciar “otros derechos que mantiene el Pueblo”. Y la otra es la Enmienda 10ª, que dice que los poderes no delegados a los Estados Unidos ni prohibidos a los Estados, están reservados a los Estados “o al Pueblo.”

Si en la Unión Europea quieren, de verdad, que los ciudadanos crean en la refundación del proyecto europeo, tal declaración de reserva de derechos a la competencia del Pueblo es algo que no puede faltar.
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