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TRIBUNA

Sobre el aforamiento

jueves 23 de marzo de 2017, 20:04h
Los políticos, y los partidos políticos en general, nunca han gozado de buena prensa. Pero en el momento presente tienen la peor prensa e imagen imaginables. Desde luego ello no es achacable más que a sus malas praxis, a los abusos e irregularidades de todo género cometidos, ciertamente de algunos, y dentro de ellos de algunas personas, pero la sensación de corrupción generalizada se ha extendido (o se ha hecho extender) como el chapapote.

Las querellas políticas y mediáticas se han también generalizado como un mecanismo corrector y expulsor del enemigo político, como la mejor fórmula para acabar con el rival. Conviven junto con las que podríamos llamar, con perdón, querellas fundadas o fundamentadas o de recorrido procesal y verdadero alcance penal, aunque, en la práctica parecen ser indiferenciables a los ojos de una sociedad convencida de la corrupción generalizada.

En este contexto, además de la pérdida de confianza en las instituciones, se plantea el debate sobre los aforamientos, es decir sobre el fuero procesal al que determinados titulares de cargos públicos están sujetos. En ese debate se ofrecen cifras abracadabrantes simplemente porque se equiparan como aforados indebidamente a jueces, fiscales o fuerzas de seguridad, quienes, natural y racionalmente, necesitan de ese fuero especial por razón de la función. Así pues, se debe reconducir el debate al fuero, simplifiquemos, de los políticos, titulares de cargos públicos, convertidos en el colectivo de riesgo.

Erróneamente parece equipararse fuero a impunidad, cuando simplemente significa la sujeción a un juez determinado. La consecuencia de esa frívola equiparación es la deslegitimación de los Tribunales que conocen de las causas contra los aforados. Es decir, se extiende en el inconsciente colectivo la idea de que el Tribunal Supremo es menos independiente que un Juez de Instrucción, que aquél está contaminado o “vendido” a la clase dominante y el segundo es imparcial. Se somete a sospecha al Tribunal Supremo en una frívola conclusión deslegitimadora del supremo órgano jurisdiccional del Estado, lo que constituye una gravísima insinuación de efectos devastadores en el marco de la que alguien ha llamado “dictadura del tuit” y otro “sociedad de emociones y no de razones”.

Se vincula la supresión de los aforamientos a la lucha contra la corrupción. Reflexionemos. Nada tiene que ver una cuestión con la otra. Absolutamente nada. Como dice otro buen amigo quizás el país está pasando por momentos de hacerse mirar.

Enrique Arnaldo

Catedrático y Abogado

ENRIQUE ARNALDO es Catedrático de Derecho Constitucional y Abogado. Ha sido Vocal del Consejo General del Poder Judicial

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