www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

TRIBUNA

Brexit: Transponer no es cambiar

martes 28 de marzo de 2017, 20:11h

En el Reino Unido se ha aprobado la “Ley de la Unión Europea 2017 (Notificación de Retirada)” que puede ser, a la vez, la más corta y la más importante de su historia constitucional. La Ley dice que “el primer ministro puede notificar, de acuerdo con el artículo 50.2 del Tratado de la Unión Europea, la intención del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea. Esta sección tiene efecto pese a cualquier disposición hecha por o bajo la Ley de las Comunidades Europeas de 1972 o cualquier otra ley.” Y no dice más.

Durante la tramitación parlamentaria de la Ley en la Cámara de los Lores, además de oponerse a que hubiera un segundo referéndum para la salida de la Unión Europea, se presentaron dos enmiendas: una, para asegurar los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y otra, para que la notificación de retirada obtuviera la aprobación del Parlamento. Ninguna de las dos fue admitida después por la Cámara de los Comunes y la Ley se aprobó tal cual.

Ahora hay que llevar la ley a la práctica y lo que queda por delante es una cuestión que afecta al funcionamiento mismo del estado de derecho. En particular, se teme que el Gobierno utilice la llamada “cláusula Enrique VIII”, que permite evitar el control del Parlamento sobre la legislación y su ejecución. Concretamente la cláusula consiste en una disposición que se incluye en un proyecto de ley que dice que el texto puede ser enmendado o revocado por el Gobierno después de aprobarse por el Parlamento. O sea, que es más de lo que aquí entendemos por “gobernar por decreto”, pues no se trata solo de dictar normas de desarrollo que se puedan salir más o menos de lo que pone en la ley, sino también de poder cambiar la propia ley.

La cláusula fue establecida por Enrique VIII, y por eso lleva su nombre, en el llamado Estatuto de Proclamación de 1539. Que una norma se apruebe por proclamación es el equivalente jurídico a decir que aquí se hace lo que yo digo y no hay más que hablar, de manera que el estado de derecho queda reducido a la publicación de la voluntad real. Según el filósofo David Hume la cláusula representaba “una subversión total de la constitución inglesa” y aunque ese estatuto fue derogado tras la muerte del tirano, similares poderes han continuado existiendo en el Reino Unido sin él, como una “rareza constitucional”, según la calificación que le dio la Cámara de los Lores en 2010, y sin que haya ninguna otra explicación que justifique su mantenimiento.

Todos nos hacemos cargo de la cantidad de leyes que hay que transponer a la legislación interna en el Reino Unido después de cuarenta y cuatro años en la Unión Europea, pero que el volumen de trabajo sea grande no es excusa para saltarse las reglas del juego. La tarea que tienen que afrontar ahora en el Reino Unido con el Brexit, aunque es una cuestión práctica es también una cuestión de respeto a los derechos individuales que se pueden perder en el camino y, sobre todo, se trata de mantener el equilibrio constitucional, que es la base de todo el sistema. William Pitt dijo que “La necesidad es la justificación de todas las infracciones contra la libertad.” Evitar que se produzca un vacío legal tras el Brexit tampoco autoriza a prescindir del Parlamento, pues hay medios legales para llenarlo sin desequilibrar el estado.

El Gobierno no puede escoger las leyes que va enviar o no ahora al Parlamento para su control, y según la Cámara de los Lores, no es lo mismo transponer las regulaciones de la Unión Europea a la legislación interna británica, que cambiarlas por otras distintas. La llamada “Gran Ley de Revocación” que ha anunciado ya Theresa May traerá consigo una transferencia masiva de competencias legislativas desde el Parlamento al Gobierno, y estamos hablando de dos poderes constitucionales, cuyo equilibrio quedará afectado si cada uno no cumple con su misión propia.

El presidente del comité de la Cámara de los Lores, Lord Lang, ha señalado que hay que mantener correctamente las salvaguardias, sobre todo pensando que el objetivo del Brexit era que el Reino Unido recuperara el control de su legislación. Debe haber un límite claro que señale hasta donde se pueden extender las delegaciones y también una exigencia al Gobierno para que proporcione información cuando use esos poderes excepcionales de la “cláusula Enrique VIII”, de manera que el Parlamento pueda aumentar el control sobre su ejercicio.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (2)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de El Imparcial

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.