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TRIBUNA

Abuso de poder frente a menores

miércoles 17 de mayo de 2017, 22:04h

Me ha resultado escalofriante la noticia de que en diversos centros de acogida de menores en la Comunidad Valenciana se han descubierto casos de malos tratos y de claro abuso de poder. Concretamente, se ha hablado en los últimos días de un centro concertado de menores en Segorbe (Castellón), llamado La Resurrección y gestionado por Hermanas Terciarias Capuchinas, donde para imponer disciplina a los niños lo habitual eran los castigos físicos y las duchas frías así como el trato vejatorio de obligar a los menores a ir al supermercado para hacerse con comida en mal estado y caducada, a pesar de que la alimentación estaba financiada por la Generalitat. Como los propios niños relatan en el informe de inspección de este centro, lo que comían los miembros de la congregación no era lo mismo que degustaban ellos.

La Generalitat ha trasladado al fiscal de menores de Castellón las irregularidades detectadas durante una inspección realizada en este centro. Según ha explicado la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, por desgracia, no escasean los centros con una gestión pésima e instalaciones tercermundistas. Buena prueba de ello es, por ejemplo, el centro de Monteolivete en Valencia, que es de titularidad pública, donde el hacinamiento venía provocado por tener 120 menores donde sólo cabían 56, por si fuera poco, en unas instalaciones obsoletas y muy deterioradas. La intención de la Consejería en este caso es cerrar el centro en verano y trasladar a los menores a otros espacios.

Como se ha venido observando, los centros en los que se han detectado estas prácticas crueles y absolutamente deleznables no son solo privados sino concertados y por ello urge que los poderes públicos se hagan con un sistema de inspección lo suficientemente ágil y eficaz como para que las inspecciones se realicen de forma periódica (de hecho, desde 2005 no se producían con regularidad) y todos los centros de acogida en donde se detecten malos tratos a menores o condiciones de vida infrahumanas, violándose la normativa de la Convención de los derechos del niño, queden automáticamente cerrados, por supuesto, al margen de exigir responsabilidades civiles y penales a los individuos que hayan actuado fuera de la ley.

Ahora bien, la cuestión no queda del todo resuelta con el cierre de los centros de acogida en mal estado o en los que se produzca abuso de poder. El siguiente paso y no menos importante es la reubicación de esos menores, a quienes habrá que derivar bien a otros centros o, todavía mejor, a familias.

A mi modo de ver, la vida de los menores se puede ver normalizada si consiguen ingresar en una familia; por ello me parece acertado que la Generalitat haya apostado por que los niños no queden en centros de acogida si son menores de seis años. Creo que hay que apostar por que los niños crezcan en un ambiente normalizado de familia y aprendan a socializar de un modo adecuado, máxime cuando se trata de menores con un pasado doloroso y traumático. Tengamos en cuenta que la institucionalización de la infancia propia de los centros de acogida puede producir perturbaciones irreparables en los menores. Por ello, la mejor opción es la de estabilizar a los niños mediante su ingreso en familias, deseosas de reparar con sumo mimo esas heridas en el alma que ha provocado la dura experiencia de una vida indigna.

Me parece también razonable que las familias que acogen a esos menores sean supervisadas por parte de los servicios de asuntos sociales, además de ser apoyadas económicamente mediante un subsidio, puesto que en realidad a quien compete de entrada el mantenimiento económico de esos menores es a los poderes públicos.

No olvidemos que los niños y niñas son los sujetos más vulnerables de nuestra sociedad y los poderes públicos no pueden fallar al tratarse de seres indefensos, que sufren un nivel de frustración alto, en muchos casos, provocado por serios problemas familiares. Estamos obligados a cambiar el discurso. No hablemos solo de lo importante que son las condiciones de habitabilidad física para el menor. Luchemos por asegurar desde los poderes públicos que esos espacios sean verdaderos hogares.

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