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TRIBUNA

¿A quién "concierne" la aministía fiscal?

miércoles 14 de junio de 2017, 20:12h

El pleno del Tribunal Constitucional español anuló, por unanimidad, el pasado 8 de junio, la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en la primavera de 2012. La sentencia, de la que fue ponente el Magistrado Don Andrés Ollero, nace a raíz de un recurso de inconstitucionalidad, promovido por 105 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introdujeron diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, por posible vulneración de los arts. 86.1 y 31.1 de la Constitución española.

Los Diputados recurrentes entendían que la disposición adicional debía ser anulada, al introducir una nueva figura, una declaración tributaria, mediante la que el contribuyente podía reconocer la titularidad de derechos procedentes de rentas no declaradas en períodos impositivos anteriores, instaurándose un gravamen nuevo, de carácter temporal, alternativo a tres pilares básicos o estructurales de nuestro sistema tributario español: el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto sobre sociedades (IS) y el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR).

No les faltaba razón a los recurrentes puesto que bastaba con acudir a la doctrina constitucional (SSTC 182/1997, 132/2003 y 108/2004) para comprobar cómo a través de un Real Decreto-Ley no se puede afectar al deber de contribuir a los gastos públicos, en este caso particular, provocándose además un cambio sustancial en la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario. Como precisa la propia sentencia: “El hecho de que la medida cuestionada pudiera contar, en un momento dado, con una justificación que la legitimase, sería un requisito necesario pero en ningún caso suficiente, desde el plano constitucional, cuando se introduce mediante el uso de un instrumento normativo a través del cual no se puede afectar al cumplimiento de un deber de los previstos en el Título I de la Constitución, como lo es el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE)”.

En realidad, con la medida promovida por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, lo que se hacía era sustituir los impuestos que gravan la renta por el pago de una prestación única, excluyendo del pago de intereses, recargos y multas a los que se acogieran a esta modalidad blanda. Como observa la sentencia, con ello se vulneraba el principio de justicia tributaria recogido en el art. 31.1 CE, “al establecer la posibilidad de realizar un pago del 10 por 100 del importe de las rentas declaradas en sustitución de todas las obligaciones tributarias exigibles, con quiebra de los principios de generalidad (pues los que se acojan a la declaración especial quedan exonerados del deber de contribuir), de igualdad (pues ciudadanos en situaciones jurídicamente comparables son objeto de un trato diferente), de capacidad económica (por eximir de tributación a los contribuyentes de mayor capacidad económica) y de progresividad (al aplicarse un pago único del 10 por 100 con independencia de la cuantía de la renta declarada)”.

La amnistía, que había sido bautizada eufemísticamente como Declaración Tributaria Especial (DTE), fue elaborada para que aflorara, en uno de los peores momentos de la crisis en España, el dinero que los defraudadores a Hacienda habían ocultado al fisco.

Era un momento complicado ya que la recaudación bajaba a mínimos históricos, el déficit público parecía imparable y el país sufría los ataques de los mercados disparándose la prima de riesgo.

El error de Montoro fue dejarse arrastrar por impulsos maquiavélicos, abriendo la puerta a la regularización blanda. Los evasores de impuestos se iban de rositas, al tener que pagar únicamente el 10% de las cantidades defraudadas para quedar limpios. El Gobierno ablandaría todavía más la regularización de los defraudadores, al llegar a permitirles pagar por los rendimientos no prescritos de los últimos cuatro años, esto es, el 3% del total de las cantidades. Por supuesto, se les garantizaba la seguridad necesaria para dar el paso, quedando exentos de posibles investigaciones penales en caso de que decidieran hacer aflorar el dinero oculto.

Con estas medidas impositivas, a mi juicio, se estaba violando el principio de igualdad de trato entre ciudadanos puesto que el legislador estaba amparando de forma injustificada y arbitraria un régimen mucho más beneficioso para el que incumplía insolidariamente las normas tributarias que para el que las cumplía fielmente.

Creo que hay que aplaudir que la sentencia –insisto, adoptada por unanimidad- resalte que la aplicación del artículo 135 de nuestra Constitución española, referido a la necesidad de estabilidad presupuestaria, no puede poner en riesgo al principio constitucional de igualdad de trato entre contribuyentes aun cuando “la gravedad de la crisis económica y, en consecuencia, la necesidad de ajustar el déficit público para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el art. 135 CE, podría justificar la aprobación de medidas dirigidas al aumento de los ingresos o a la reducción de los gastos públicos; siempre dentro de los límites y con respeto a las exigencias que la Constitución impone”.

En suma, el texto de la sentencia supone un duro varapalo para el Gobierno al que, sin disimulos, acusa de “abdicar” en su obligación de contribuir para sostener los gastos públicos: “la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE)”.

El tribunal avala, sin embargo, las declaraciones que hicieron los más de 31.000 contribuyentes para regularizar el dinero evadido atendiendo al principio constitucional de seguridad jurídica del art. 9.3 CE. De ahí que aunque la sentencia apenas tenga efectos prácticos, sí que tenga importantes consecuencias políticas para el gobierno de Mariano Rajoy y, en particular, para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La sentencia es un aviso al gobierno de que los límites constitucionales no se pueden traspasar, al considerar que el Real Decreto-Ley por el que se aprobó el indulto fiscal no era el vehículo normativo adecuado para impulsar decisiones que afectan “a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”.

En síntesis, el fallo viene a decir que el indulto legitimaba el fraude fiscal y era injusto. No se entiende por ello que el ministro Cristóbal Montoro diga que se siente “concernido” por la decisión del Tribunal Constitucional. Más bien, el fallo le concierne a él como principal responsable de una medida con la que solo se trataba de amparar a los defraudadores a través de un instrumento normativo equivocado. No es excusa decir que la medida la tomó fruto de “la situación límite de las finanzas del Estado en 2012”.

Montoro tendrá que aclarar lo ocurrido en el Congreso de los Diputados y, al margen de pensarse su dimisión, que ha sido planteada por el PSOE y por Podemos, humildemente debería pedir perdón a todos los contribuyentes, que con no poco esfuerzo contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos.

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