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TRIBUNA

¿Eutanasia precoz?

miércoles 28 de junio de 2017, 19:46h

Nadie cuestiona que el derecho a la vida está garantizado y consagrado en nuestra Constitución española y no digamos en la regulación normativa a nivel internacional. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de enfrentarse a un caso complejo, al haberse planteado, aunque no directamente, si junto al derecho a vivir cabría en situaciones especiales salvaguardar un derecho a morir. Concretamente, el tribunal de Estrasburgo permite en un fallo reciente que se pueda poner fin al mantenimiento artificial de la vida de un bebé británico de diez meses que se encontraba padeciendo una enfermedad genética rara.

Los padres de Charlie Gard, Connie Yates y Chris Gard, habían ido al TEDH en febrero de 2017 después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido autorizase poder terminar con el mantenimiento artificial de la vida del niño en un hospital. El centro médico donde el bebé se había venido tratando, el Great Ormond Street Hospital de Londres, quería que se pusiera fin a la vida artificial del menor y, en consecuencia, se le dejaran de dar los cuidados paliativos por el padecimiento que sufría, para lo que necesitaba una autorización expresa. Los padres, por el contrario, solicitaban al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el aplazamiento de la interrupción de la vida del menor con el fin de intentar una solución médica alternativa en los Estados Unidos, alegando además que la sentencia del Tribunal Supremo británico privaba ilegalmente a su hijo del derecho a la libertad de poder curarse fuera del país.

En el reciente fallo, el Tribunal de Estrasburgo se pone de parte del hospital, apoyándose en que las perspectivas de curación del niño eran muy bajas y que la prolongación de un tratamiento sin salida positiva realista sólo podía contribuir a prolongarle todavía más el sufrimiento al menor. No creo que hayan consolado a los impotentes padres las palabras de un portavoz del hospital, de que “la decisión del TEDH marca el final de un procedimiento muy difícil y nuestra prioridad es ahora ofrecer a los padres toda la ayuda posible mientras preparamos las siguientes etapas. El hospital no va a modificar con urgencia los cuidados dados a Charlie y todos los proyectos de tratamiento posterior serán cuidadosamente planificados y debatidos”.

No hace falta resaltar que el asunto no resultaba nada fácil de resolver puesto que la regulación jurídico-positiva del derecho a la vida no consigue dar respuesta a muchos interrogantes que nacen de la práctica concreta; en segundo lugar, el tema entronca con cuestiones existenciales y el Derecho no consigue delimitar correctamente la singularidad del proceso mortal a través de su conceptualización generalizadora y, por último, estamos ante un tema en el que se entrecruzan distintas vertientes que revelan su carácter interdisciplinar: médica, filosófica, teológica, jurídica….

En casos tan complicados como el del pequeño Charlie Gard, en el que se planteaba si estamos ante un verdadero ensañamiento terapéutico, observamos la existencia de una fuerte dimensión ética, lo que complica todavía más las cosas ya que el Estado disfruta de un mayor margen de apreciación (A. B. and C. v. Ireland, § 233), lo cual no deja de plantear problemas desde el punto de vista de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Por si esto fuera poco, creo que podemos preguntarnos si estamos ante un supuesto de “eutanasia precoz”.

Recordemos que en sentido amplio, siguiendo a Margaret A. Somerville, recogiendo la definición de importantes organismos ingleses, estadounidenses y canadienses, la eutanasia se define como “un acto deliberado que causa la muerte, llevado a cabo por una persona con la intención primaria de terminar la vida de otra persona, para aliviar su sufrimiento”.

A la luz de este fallo, la cuestión que nos asalta es la siguiente: ¿Se puede disociar el respeto que se debe a una vida humana en particular de la que merece la vida humana en general? Da la impresión de que la vida humana en general entendida como valor deja de existir con fallos como éste frente a la vida reflejada en la casuística, lo que nos puede conducir indirectamente a la legalización de la “eutanasia precoz”.

A ello ayuda, a mi juicio, el triunfo del nominalismo en la sociedad de nuestros días al convertir el concepto de vida humana en una mera etiqueta, un nomen, un término carente de materialidad y por ende carente de valor. En definitiva, detrás de la disociación entre el respeto a una vida humana en particular y el respeto a una vida humana en general se encuentra la corriente ya desarrollada en la Edad Media y que en la actualidad crece, provocando un verdadero tsunami de relativismo moral y nihilismo.

Un aspecto que creo debería tomarse en consideración para la cuestión de la dignidad de la profesión médica es que la relación entre el médico y los pacientes se ha de basar en la confianza y en la incompatibilidad entre los cuidados paliativos y el suicidio asistido. Tal y como precisa Puppinck: “Exigir a un médico la participación en la muerte del paciente va contra la naturaleza de su profesión la cual es salvar vidas y curar personas. (…) Permitir la eutanasia creará un clima de inseguridad y miedo entre los profesionales de la medicina y los pacientes e irá en detrimento del sistema médico que está basado en la confianza entre pacientes y médicos”.

En este caso en el que el menor no puede decidir por sí mismo, nos encontramos con un supuesto en el que el pequeño protagonista es absolutamente vulnerable. Como dijo el Dr. Fergusson, portavoz del CNK (Care Not Killing) en el caso Nicklinson, en las sociedades libres y democráticas es necesario que los médicos protejan a los otros, especialmente los más vulnerables de nuestra sociedad.

No deja de resultar llamativo que el Tribunal Supremo del Reino Unido fallara en sentido radicalmente opuesto al de ahora en un caso que invitaba a pronunciarse como precisamente ahora lo hizo. Recordemos que la Justicia británica rechazó el 17 de agosto de 2012 la solicitud de un hombre que pedía que un médico pusiera fin a su vida de forma legal. Este paciente era víctima de un cierto “síndrome de enclaustramiento” (locked-in syndrome) tras sufrir un infarto cerebral que le había dejado paralizado de cabeza para abajo en 2005 lo que le impedía que pudiera tomar píldoras letales aunque alguien se las preparara. El Tribunal Supremo británico en aquel momento aceptó el caso de Tony Nicklinson pero el hecho de admitirlo a trámite no implicó que finalmente reconociera sus pretensiones.

Me quedo con la opinión de Roger Kiska, representante de Alliance Defending Freedom (ADF), expresada a raíz del debate del suicidio asistido en el Consejo de Europa y la gravísima contradicción en la que incurrió el Tribunal de Estrasburgo en el caso Koch contra Alemania: “el Estado se reserva el derecho a proteger la vida. No debiera ser obligado para ayudar a eliminarla”. Verdaderamente, da vértigo pensar que los tribunales pueden reconocer derechos donde no existen legalmente en sociedades democráticas avanzadas porque esto abre la puerta no solo a la confusión sino al abuso.

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