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TRIBUNA

Fuera máscaras, es momento de reponer el orden constitucional

lunes 09 de octubre de 2017, 20:14h

Es sorprendente que ante un serio intento de golpe de estado por un sector de las autoridades catalanas contra la democracia nuestros gobernantes sigan en la inopia y la oposición en campaña electoral. Resulta patética la actitud de algunos dirigentes de la oposición que siguen sin apreciar el alcance real de la alevosa actuación del govern. Es la conspiración más grave contra la libertad desde la sublevación militar del 23-F, pero no parece importarles. Todo sea por un “puñado de votos”, que a lo mejor ni siquiera consiguen.

La solución que ofrecen algunos dirigentes es la negociación con el honorable sedicioso (que contradicción) Puigdemont. La pregunta que se deriva de esa propuesta es qué temas hay que negociar ¿la secesión? Los gobernantes catalanes se rebelan, cometen el delito de sedición, persiguen a la oposición; los mossos se sublevan y vulneran la ley, desoyen a los tribunales e inclusive actúan como piquetes de los huelguistas. Ante esta inquietante situación es hiriente que se hable de negociación como única respuesta a la actuación facciosa que mantienen unos sediciosos.

No es admisible en estos delicados momentos iniciar la reprobación de los miembros del Gobierno, cuando lo que procede es la condena clara y contundente de los facciosos. Lo que realmente procede es exigir al Gobierno de la Nación la aplicación urgente de la situación de interés para la Seguridad Nacional (artículo 24 de la ley de Seguridad Nacional y el control que le atribuye el apartado b). Esa exigencia se deriva de la actitud mantenida por los mossos d`escuadra que han transgredido profundamente la Ley Orgánica 10/1994 de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad que proclama como el primero de los principios que “los mossos d`escuadra” cumplirán y harán cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente”.

La insurrección de un cuerpo armado requiere de una respuesta contundente y sin paliativos. Es un cuerpo armado que se subleva contra la democracia. La función que le atribuyen las leyes a esa policía es la de cuidar para que se den las condiciones de una convivencia en paz, en la que se ejercite la libertad y los derechos humanos, cometido que ha quedado subvertido, ya que al desoír a los tribunales se ha convertido en un cuerpo sedicioso contra la democracia y la libertad, y en unos simples opresores de los ciudadanos que no opinen como sus “pagadores”.

Un Gobierno democrático tiene que actuar de inmediato. La crítica situación actual le obliga ya a la aplicación de la ley de Seguridad Nacional, tiene el deber ineludible de restablecer la normalidad democrática, comenzando por la seguridad pública, que es la garantía para el normal desarrollo de las libertades, algo que ya no ocurre en Cataluña, convertida en un territorio regido por el capricho autoritario de un gobierno fuera de la ley.

Esa misma responsabilidad le es exigible a la oposición democrática cuando se ha producido un golpe de estado en Cataluña contra la democracia. Poco se puede esperar de aquellos que no aceptan o esquivan el deber que tienen de ayudar a frenar a los que han quebrantado el Estado de Derecho. Ningún demócrata puede condicionar su responsabilidad por intereses espurios. Hay que poner fin a esta mascarada; quienes rehúyen sus responsabilidades para con la libertad acusando a los tribunales y al Gobierno por querer reponer la legalidad democrática dejan a la misma al albur de los sedicioso. La historia europea del siglo XX así lo demuestra.

Es una obligación ineludible del Gobierno de la Nación aplicar la ley con todas sus consecuencias, restablecer la legalidad, aplicando además, en el momento oportuno, el artículo 155 de la Constitución. Luego ya se verá el qué y cómo se negocia (palabra que a fuerza de utilizarla como arma política arrojadiza, estamos convirtiendo en inútil, pese a ser el mejor instrumento para la concordia). Es hora de acabar con la indefinición y la desorientación y de restablecer los principios democráticos, poniendo fin a las veleidades de los golpistas. Fuera máscaras, es el momento de defender el orden constitucional.

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