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PUIGDEMONT, A PRISIÓN

miércoles 01 de noviembre de 2017, 13:14h
Hay que odiar el delito y compadecer al delincuente. Eso enseña la doctrina cristiana. La verdad es que cuesta trabajo atenderla cuando se trata de...

Hay que odiar el delito y compadecer al delincuente. Eso enseña la doctrina cristiana. La verdad es que cuesta trabajo atenderla cuando se trata de Carlos Puigdemont. El daño que ha hecho este mequetrefe ha sido inconmensurable. La España de la Transición, sin mácula durante 40 años, ha deformado su imagen internacional por culpa del expresidente felón. La Cataluña seria, próspera, prestigiosa, ha sido zarandeada hasta la náusea por un botarate que ni siquiera ha sido capaz de ponerse al frente de la proclamación de la independencia. Ha escondido su voto en el anonimato y después se ha fugado a Bruselas para evitar que la Justicie le procese y le encarcele. Pocos casos de cobardía tan repugnante se encontrarán en la Historia de España.

El instinto certero del pueblo ha calado la condición miserable del expresidente y por eso en las manifestaciones el grito más repetido y más abrumador ha sido “Puigdemont, a prisión”. No corresponde al Gobierno, en el Estado de Derecho que es España, encarcelar a Carlos Puigdemont. Tampoco a la opinión pública. Corresponde a los jueces. Carlos Puigdemont tiene derecho a un juicio justo, con los correspondientes recursos y, si los jueces así lo sentenciaran, purgará sus delitos, que todavía son presuntos, tras los barrotes de la prisión.

Tras su última payasada, Carlos Puigdemont se enfrentó con la realidad: el Gobierno belga no le va a conceder asilo político. Pretendía el escándalo y se ha quedado en el ridículo y el esperpento Como ciudadano europeo puede permanecer en Bruselas, pero la Justicia española solicitará a la Interpol, cuando proceda, la detención del expresidente y su traslado a España para que responda ante el juez por sus presuntos delitos. La Justicia de la II República española condenó a Luis Companys, que en 1934 proclamó no la independencia sino el Estado catalán dentro de la República Federal española, a 30 años de prisión. Después, el dictador Franco cometió la atrocidad de fusilarle. Pero no fue el dictador sino la II República la que le condenó a prisión.

Al mequetrefe que ha tratado de despedazar 500 años de Historia de España y que ni siquiera se ha atrevido a dar la cara en el Parlamento catalán, le espera una peripecia jurídica, y tal vez carcelaria, concorde con la atrocidad cometida.