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ORIOL JUNQUERAS Y OTROS OCHO EXCONSEJEROS, A PRISIÓN

jueves 02 de noviembre de 2017, 12:49h
Lo inteligente políticamente es no encarcelar a los golpistas hasta que pase el 21-D. Enturbiar la cita electoral metiendo...

Lo inteligente políticamente es no encarcelar a los golpistas hasta que pase el 21-D. Enturbiar la cita electoral metiendo en la cárcel a líderes políticos, robustecería las posibilidades del secesionismo catalán. Haría muy difícil, en fin, para los partidos constitucionalistas la campaña electoral que se presenta, ya de por sí, bronca y agresiva.

Como en el Estado de Derecho español la separación de poderes es un hecho, el Gobierno queda como mero espectador de las decisiones judiciales. Los jueces harán lo que crean más conveniente conforme a derecho. Mariano Rajoy no tendrá otra alternativa que acatar lo que la Justicia establezca.

Los jueces, por supuesto, saben que es necesario armonizar justicia con equidad y que se pueden encontrar fórmulas no lesivas para retrasar decisiones que pueden favorecer a los que han presuntamente delinquido. Está claro, por ejemplo, que el expresidente felón Carlos Puigdemont está buscando desesperadamente ser considerado en el ámbito internacional como un político perseguido por un Estado opresor y sacar rentabilidad electoral a esa posición.

La respuesta inteligente por parte de los jueces sería retrasar las decisiones hasta que hubiera transcurrido la jornada electoral. Son solo seis semanas y eso significa apenas nada en las prácticas judiciales. Está claro que la opinión pública clama porque los golpistas sean encarcelados. Pero la prudencia y la oportunidad aconsejan no dar un solo paso atrás pero sí esperar hasta hacer que el procedimiento judicial resulte lo más eficaz posible.

La jueza Lamela ha considerado, sin embargo, que los delitos de los que se acusa al exvicepresidente del Govern catalán y a sus consejeros son de tal gravedad que no admiten demora ni aplazamientos.

Ante la decisión judicial solo cabe el acatamiento formal porque así lo exige el Estado de Derecho.