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TRIBUNA

El Estado español ejecutado

jueves 08 de marzo de 2018, 20:14h

No me refiero, como algunos seguramente desearían, a la liquidación del Estado español frente a las pretensiones de los separatistas e independentistas que la están liando desde hace algún tiempo, sino a algo más común y ordinario de cada día. Me estoy refiriendo concretamente a que los Jueces y Magistrados, cumpliendo con su función y competencia exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (Art. 117.3 C.E.), están enviando requisitorias y autos de ejecución contra el Estado español para hacer cumplir las sentencias dictadas, precisamente por servicios que no funcionan o que se retrasan en la aplicación de la propia Justicia. Lo cual resulta incongruente, pues, de una parte, la propia Justicia se retrasa en juzgar las demandas pendientes por falta de medios personales y materiales, y luego van y dictan autos contra el Estado requiriéndole para que paguen las ejecutorias por retrasos en el cumplimiento de la Justicia. Véase, por ejemplo, los autos de ejecución de los pagos de salarios de tramitación a cargo del Estado, que continuamente se despachan por los Juzgados de lo Social, por no haber dictado sentencia antes del plazo de noventa días en los despidos de los trabajadores; especialmente redundante en los periodos en que han habido despidos a tutiplén por la crisis económica durante esos últimos años, que han saturado las demandas ante tales Juzgados de lo Social. Pero, vayamos por partes. Resulta que los órganos de la Justicia, como Poder independiente de los otros Poderes del Estado (el Legislativo y el Ejecutivo), dependen en sus directrices y organización del Consejo General del Poder Judicial y se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial; pero, ya se sabe que ello no sirve en absoluto para cumplir fielmente sus obligaciones y sus competencias, si no disponen de los medios materiales y personales suficientes. Y aquí es donde reside el problema principal, pues resulta que el Poder judicial, aunque en teoría tiene que ser independiente, está supeditado a las dotaciones de los presupuestos generales del Estado en cuanto a los medios económicos para poder resolver sus necesidades materiales y personales, o sea, para poder conseguir y mantener los edificios donde se ubican los Juzgados y los Tribunales, la adquisición de los medios informáticos que precisan, la compra de material y, especialmente, para poder abrir el proceso de las oposiciones a los Cuerpos de Jueces, que son quienes al fin y al cabo deben administrar la Justicia de forma independiente. Así pues, al no obtener los medios económicos para ello el Consejo General del Poder Judicial de forma autónoma, dependen los órganos judiciales y la elaboración de sus plantillas en buena medida del Poder Legislativo y Ejecutivo, que son los que aprueban los presupuestos generales del Estado y fijan las cuantías en los mismos para pagar los emolumentos de los Jueces y demás partidas para los gastos de los órganos de la Administración de Justicia.

En el caso indicado, relativo al pago de los salarios de tramitación, que el Estado debe hacerse cargo por las sentencias dictadas fuera del plazo de los noventa días desde la presentación de la demanda de despido -conforme establece el artículo 57 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 116 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social-, resulta, cuando menos, incoherente en un Estado que debiera funcionar correctamente a través de sus órganos judiciales sin dilaciones, pues no es normal que la mayoría de sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social conllevan un retraso de muchos meses, e incluso años, debido al término otorgado para el día del juicio por la falta de Juzgados en general y, en especial, de los de dicha competencia de lo Social. Por lo que el Estado español, o sea todos los ciudadanos que conformamos la soberanía nacional y pagamos los impuestos, tenemos que financiar el mal funcionamiento de la Justicia social y el pago de los salarios de tramitación por despidos, que proceden en general de la economía privada de las empresas, a cargo del erario público.

¿No sería más lógico, pues, después de todo lo dicho, que en lugar de pagar tales cuantías millonarias por falta de previsión en el funcionamiento de la Justicia por carecer de los medios personales suficientes, se dedicaran tales cantidades a crear más juzgados y a nombrar más jueces de lo Social? Propongo a tal efecto que se reúnan, de una vez por todas, los Ministros de Hacienda, de Justicia, y el Presidente del Consejo General de Poder Judicial para poner orden a tal desconcierto y derroche presupuestario y, así, en lugar de pagar cantidades exorbitantes el Estado por los salarios de tramitación y las correspondientes cuotas de Seguridad Social, mediante sentencias dictadas y ejecutadas con retraso, se dediquen con mayor prestancia a ofrecer más medios a la Justicia para ponerse al día de las demandas que esperan el sueño de los justos. Resulta demencial. Con tal sangría continuada de dinero público, como Don Quijote dando sablazos entre sueños a los odres de vino, por falta de previsión y diligencia en el reparto de las partidas presupuestarias, nunca llegaremos así a reflotar nuestra deuda pública, ni tendremos una Justicia como Dios y el pueblo reclaman. A ver si de una vez terminamos ya con el tintineo de que la Administración de Justicia es la hermana pobre de los presupuestos del Estado, aunque últimamente también ya se están quejando otros como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y es que, como dicen, a perro flaco todo son pulgas.

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