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AL PASO

La identidad constitucional europea

Juan José Solozábal
martes 13 de marzo de 2018, 20:31h

El discurso precedente, que hemos desarrollado en los dos recuadros últimos, sobre los déficits democráticos de la integración europea y las diversas visiones académicas de la Unión, puede servirnos para reflexionar sobre algunos rasgos de la identidad constitucional europea

1-Podríamos decir, en primer lugar, que la Unión Europea es una forma federativa, si aceptamos la idea de Laenerst de que el federalismo tiene muchos rostros. Es evidente así que la Unión Europea comparte los dos primeros propósitos básicos de esta forma política, a saber, la articulación institucional del pluralismo y la maximización de la democracia. Cabría decir que es una forma federativa con pluralismo nacional más que pluralismo local. Además, en el caso europeo no existe una nación general como ocurre en otras formas federativas. Se trataría de un federalismo de integración, pero en el que no habría cláusula residual a favor de los Estados ni una presunción general de competencia de estos.

Aunque en la Unión sirva la categoría fundamental de las competencias en los sistemas federales, destaca el rasgo finalista de estas, de modo que a la Unión Europea, como se sabe, se señalan objetivos que han de ser perseguidos con las atribuciones específicas conferidas en los Tratados. También es asumido por lo general que el juego de estas competencias finalistas ha permitido el reforzamiento del centro, lo que podríamos llamar la comunitarización del reparto competencial, sobre todo merced a la labor interpretativa del Tribunal de la Unión. Precisamente en reacción a lo dicho, en el Tratado de Maastricht, aparece el concepto de subsidiariedad y, después, la exigencia del respeto del resguardo de la identidad nacional, sobre todo en el Tratado de Lisboa, en paralelo a otros desarrollos en distintas federaciones, como lo probaría el new federalism en América.

Por lo que hace al juego del Tribunal de la Unión, existe como en todas las federaciones la atribución a un órgano jurisdiccional de las disputas competenciales entre el centro y los entes territoriales. El control que lleva acabo el Tribunal es incidental y utiliza como parámetro exclusivamente las normas constitucionales, frente a lo que ocurre por ejemplo en los Estados Unidos, donde también se recurre a las leyes, sin duda por la menor legitimación del órgano representativo de la Unión que es el Consejo de los Gobiernos, en relación con el Congreso de los Estados Unidos, directa representación del pueblo.

2-La segunda cuestión a plantear se refiere a la existencia o no de una verdadera Constitución europea. Aunque a veces las propias instituciones se hayan referido a los Tratados con el adjetivo de constitucionales, la verdad es que no cabe una lectura constitucional de la Unión, que no deja de ser una organización internacional con la base en unos Tratados que han sido acordados soberanamente por los Estados, cumpliendo sus prescripciones constitucionales nacionales.

Según este punto de vista, que es el que subyace a las tesis de Kirchoff que ya hemos analizado, la Unión no sería un verdadero sistema constitucional, donde el derecho, la democracia y la solidaridad pueden establecerse efectivamente. En efecto, si se concibe la Constitución como el orden jurídico básico querido por un pueblo, culminando sus características nacionales, la constitucionalidad debe reservarse para el Estado, y negarse a una comunidad política más amplia como es la Unión Europea, donde no hay una nación europea, esto es, un pueblo definido y solidario.

Esta visión que liga excesivamente la idea de Constitución al Estado nacional puede cuestionarse. En primer lugar, porque hay Constituciones sin Estado, esto es, sin una organización política subyacente soberana, es el caso de las Constituciones de los Estados miembros de una Federación, e incluso, de los Estatutos de Autonomía, a los que no se puede negar cierto carácter constitucional.

En segundo lugar, porque los Tratados de la Unión, como toda Constitución, sí que establecen el plan of Government de esta organización, además en unos términos institucionales bastante curiosos y originales; y lo mismo se podría decir en relación con su sistema de fuentes, cuestiones éstas sobre las que no podemos detenernos. En cualquier caso, no puede ponerse en duda que el ejercicio, por los órganos de la Unión, de las competencias cedidas por los Estados, tiene lugar de acuerdo con el orden jurídico comunitario y no según los requisitos de los sistemas constitucionales de los Estados miembros.

En tercer término, porque no cabe dudar de la superioridad normativa de la Constitución europea en relación con los derechos nacionales, constitucionales o no. Cierto que la prevalencia del derecho europeo tiene una fundamentación funcional, y no jerárquica, pues sin su afirmación no puede garantizarse la aplicación general y homogénea del derecho comunitario.

En suma, es evidente que el orden constitucional europeo no nos remite a la voluntad constituyente de un pueblo europeo, sino a la voluntad de los Estados que deciden crear una organización para el ejercicio de determinadas competencias, no pudiendo ser modificado ese orden común después sin el consentimiento unánime de sus miembros. Pero está mediación estatal, que, por otra parte, como sabemos, no se limita al momento constituyente, sino que trasciende al nivel de la articulación y funcionamiento de la Unión, no invalida la condición democrática de la Unión, pues todos los Estados que intervienen en la constitución y articulación de la Unión son democráticos.

3-La tercera reflexión tiene que ver con la construcción de una base ideológica y espiritual de la Unión, cuestión esta de la legitimación política de la Unión, que está muy relacionada con la problemática del pueblo europeo. No puede negarse la existencia de cierta afinidad entre pueblos diversos, pero pertenecientes a un ámbito cultural relativamente uniforme como es Europa. Se trata de la comunidad ideológica de una población, que comparte la misma idea del valor de la Constitución y que tiene la voluntad de afrontar un destino político compartido. Podríamos, por lo menos hasta cierto punto, hablar de una nación europea, con una base espiritual indudable y proyectada hacia el futuro, en la línea de la idea de nación de Renan, y con la solidaridad que genera el tener una estructura política común.

Cabría aventurar, entonces, una identidad emergente, que sería la europea, preferentemente orientada al porvenir y que se perfeccionaría progresivamente por la acción institucional de una organización política común. Esta identidad todavía in nuce se podría reforzar impulsando una auténtica opinión pública, reconociendo al cuerpo electoral europeo la competencia de elegir alguna institución de la Unión o habilitándolo para ratificar simultáneamente en todos los Estados la modificación de los Tratados. No estamos hablando obviamente de una homogeneidad con un soporte etnicista, como la que suministra un mismo origen o una misma lengua, sino la que se consigue, asumiendo los mismos valores constitucionales, y con la solidaridad generada en los ciudadanos de la Unión que practican, si utilizamos el lenguaje habermasiano, la democracia discursiva.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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