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TRIBUNA

¿Rebelión light?

lunes 02 de abril de 2018, 20:58h

A partir del gobierno de Artur Mas se aceleró en 2014 la carrera de saltos de obstáculos para la declaración de independencia de Cataluña, desoyendo y haciendo caso omiso de las sentencias del Tribunal Constitucional y de los autos de suspensión de las normas del Parlamento de Cataluña que amparaban las decisiones independentistas de la Generalitat. Todo ello queda perfectamente reflejado en el auto de procesamiento de marzo de 2018 del Juez Instructor Pablo Llarena contra los responsables de tal enfrentamiento del gobierno autonómico de Puigdemont contra el Estado de España, con el libro blanco y las hojas de ruta del procés independentista, para proclamar la República Catalana. Mientras tanto, el Gobierno de España estaba a ver el resultado de los acontecimientos sin actuar hasta que le explotó entre sus manos el referéndum de autodeterminación, objeto de controversia, llegando al fracaso de la porra con un montón de agentes y de manifestantes lesionados y de los tristes acontecimientos difundidos por todos los medios de comunicación internacionales, expandiéndose así a nivel mundial el problema catalán que no supo parar a tiempo el gobierno español, hasta que no tuvo más remedio que aplicar el artículo 155 de la Constitución cesando al gobierno de la Generalitat y endosando tal grave problema político a la Justicia. Tales actuaciones separatistas e independentistas, manifestadas públicamente por el Parlamento Catalán y la Generalitat, estaban totalmente en contra de la Constitución y de los Estatutos de Cataluña, pues sus órganos de gobierno, emanados de las elecciones autonómicas, iban más allá en sus decisiones de los mandatos que tenían encomendados en virtud de las competencias propias; entre otras, las del Presidente de Cataluña, que es la máxima autoridad no sólo de la Autonomía sino que también representa a su vez al Estado español en dicha Comunidad Autónoma. Lo que constituye una tropelía, al ir en contra de las propias leyes y del Estado español, pretendiendo la proclamación de una República de Cataluña como Estado independiente. En definitiva, se servían de la Constitución de España para, una vez elegidos en las elecciones autonómicas y obtenido el poder en Cataluña, proceder a dinamitar a continuación el propio Estado español rompiendo la unidad y la soberanía nacional.

Todo ello ha constituido los fundamentos de hecho y de derecho primordiales en el auto de procesamiento en virtud del que se declara cometido el delito de rebelión por los separatistas e independentistas de las instituciones catalanas, como máximos responsables que han llevado a término el procés en Cataluña, en contra de las repetidas advertencias del Tribunal Constitucional que comunicó que tales actos eran contrarios a la Constitución y las leyes. Conviene aquí indicar algo que se ha silenciado, cual es la evolución del vigente Código Penal sobre la tipificación de tales hechos delictivos. El delito de rebelión se define así: Se castiga como reos del delito de rebelión a los que “se alzaren violenta y públicamente para [entre otros fines] declarar la independencia de una parte del territorio nacional o sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno” (Art. 472 CP). Como se ve, se precisa un alzamiento de carácter violento y públicamente; pero hubo también una ley, dispuesta por el Gobierno de Aznar que fue derogada por el Gobierno de Zapatero, que tipificaba como delito específico, castigado con prisión, la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum ilegal. Este delito actuaba, en cierta forma, como antesala de una posible rebelión contra la soberanía del Estado, beneficiándose de su eliminación Artur Mas y, ahora, Puigdemont, que convocaron ilegalmente consultas populares para la independencia de Cataluña. Al despenalizar el gobierno socialista de Zapatero tales actos de convocatoria de referéndum ilegal, ahora los jueces, que han de juzgar a los encausados por rebelión, tendrán que discernir si efectivamente hubo o no violencia, tal como establece el Código penal vigente, al disponer como exigencias para determinar si hubo rebelión, que se produzca una actuación violenta y públicamente; aunque sólo sea por provocación, conspiración o proposición para cometer dicho delito. En cualquier caso, el juez instructor lo tiene claro en los argumentos que ha dado en su auto de procesamiento por rebelión.

A pesar de que Zapatero participó en una reunión con Aznar y González para expresar ahora su rechazo al referéndum convocado por Puigdemont en el procés de independencia (a buenas horas mangas verdes), el partido socialista calla y ya no se acuerda de la supresión de aquella ley que penalizaba la convocatoria ilegal de referéndums independentistas y que ponía los puntos firmes en tales cuestiones, dejando un Código Penal más light para tales acciones en contra de la soberanía del Estado. Seguramente, están persiguiendo ahora lo mismo con la propuesta presentada para la eliminación de la pena de prisión permanente revisable, dejando una pena más light para los delitos más graves. Pero, tampoco dice nada el gobierno de Rajoy que permitió que tales hechos llegaran a un límite extremo, resultando muy difícil ahora volver a dar la vuelta al calcetín.

En definitiva, queda mucho proceso penal por delante con cuestiones de extradición de los fugitivos y con interpretaciones diversas sobre tal delito de rebelión, amén de los demás de desobediencia, etc., que los defensores y acusadores de los procesados tendrán que dilucidar ante la Sala de la Penal del Tribunal Supremo. Compadezco a los magistrados, a quienes se les ha pasado la patata caliente y tienen ahora que sacar el embrollo adelante, después de que otros responsables no supieron prever los resultados con anterioridad apagando a tiempo el incendio que se avecinaba y que todo el mundo veía como predecible, y que incluso el propio Juez instructor ha calificado en su auto de “estallido social”. ¡Menuda empanada de Pascua! ¡Cuánto presupuesto público nos va a costar a los bolsillos de los españoles tal sangría de sandeces políticas!

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