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AL PASO

Euroordenes y soberanía nacional

Juan José Solozábal
martes 10 de abril de 2018, 20:16h

1-Como no podía ser de otro modo la decisión del Tribunal penal regional alemán de Schleswig-Holstein de estos días en relación con el cumplimiento de la euroorden española ha causado una auténtica conmoción. Las perspectivas de análisis utilizadas son múltiples y, al menos las políticas, corren el riesgo de incurrir en graves sesgos distorsionadores. Así el independentismo puede creer que el Estado ha sufrido en la escena europea, en la que presumía de una posición de superioridad, una severa derrota. Lo cierto más bien es que la decisión del Tribunal alemán (por lo demás un auto no firme que se dicta en relación exclusivamente con la adopción de medidas cautelares) ni reconoce al expresidente Sr. Puigdemont la condición de preso político, ni le desvincula de la comisión de graves violencias en los sucesos de los meses pasados, más bien le señala como uno de los causantes decisivos, ni se pronuncia en términos absolutorios, puesto que admite, en principio, su persecución penal con el grave cargo de corrupción.

El gobierno español tiene motivos para estar contrariado, pues el episodio alemán no compensa precisamente con éxito, alguna grave deficiencia en el modo de afrontar el desafío separatista catalán. No me estoy refiriendo a su resistencia a hacerse cargo de la dirección de las fuerzas de orden público antes de la celebración del referéndum, que resultaba inexcusable, y que contaba con la habilitación de la Ley de Seguridad Ciudadana, descontada también cierta inepcia en la actuación de las fuerzas de seguridad del estado, por lo demás ni reconocida ni asumida políticamente. Me refiero al hecho de que después de producido el cese del Sr. Puigdemont por la aplicación del artículo 155 CE, dicha personalidad no fuese sido objeto de especial tratamiento policial, por lo menos de control, o el seguimiento resultase fácilmente burlado.

2-La perspectiva que propongo para contemplar la trascendencia de la cumplimentación de la euroorden es estrictamente jurídica, y se contrae exclusivamente al impacto de su producción, sin atender a otras cuestiones, como pueden ser la reacción judicial española ante el auto alemán; o el modo en que eventualmente pudiese afectar la extradición, exclusivamente por corrupción, y si se produjese, a la causa contra los otros procesados en el juicio oral que en su día tenga lugar ante el Tribunal Supremo. Lo que aquí se señale, obvio es decirlo, no puede entenderse como una crítica per se al procedimiento de las euroórdenes, que está funcionado correctamente en la mayoría de los casos y que supone un paso adelante, de todas formas, en la construcción de un espacio judicial común europeo.

La valoración jurídica que hago de la cumplimentación de la euroorden por el tribunal alemán resalta la afirmación nacionalista de la soberanía por parte del Estado que cuestiona la adecuación de la solicitud emitida por el juez español. Mi punto de vista, no discute la base del auto del tribunal alemán en la decisión marco comunitaria que regula tal instrumento procesal, ni mucho menos pone en tela de juicio la solidez de la interpretación por el Tribunal germano de su derecho nacional. Apunto, como se verá a la, podríamos llamar, precomprensión desde la que se considera, creo, la demanda contenida en la euroorden española, en especial la solicitud de la entrega por la imputación del delito de rebelión.

3-Propongo dos consideraciones preliminares, quizás paradójicas, que arrojen algo de luz sobre la posición del Tribunal alemán.

En primer lugar, me atrevería a señalar que para un observador español resulta sorprendente que el cuestionamiento de la eurorden española, que indudablemente ha de tener una gran repercusión en relación con el desafío territorial catalán, proceda de un juez precisamente de Alemania. Alemania es un ordenamiento en el que los partidos independentistas son ilegales y donde su Tribunal Constitucional, como también ha ocurrido en Italia, acaba de pronunciarse sobre la ilegitimidad de la autodeterminación. Precisamente, resolviendo una queja que demandaba la celebración de un referéndum de autodeterminación en Baviera, el Tribunal Constitucional alemán rechazó la pretensión categóricamente: « En la Constitución no existe ningún espacio para las aspiraciones secesionistas de los Länder. Son contrarias al orden constitucional».

De otro lado, la disposición de los jueces para oponer el derecho alemán al de un Estado de la Unión confirma la posición también soberanista del Tribunal Constitucional germano atribuyéndose un control de las actuaciones de la Union si, según su criterio, las mismas sobrepasan los poderes nacionales cedidos a la Unión, conforme a unas tesis que se sustentan, como es sabido y recordarán mis lectores, en los pronunciamientos del Tribunal alemán en relación con los tratados de Maastricht y Lisboa.

4-En efecto, hechas estas advertencias, paso a argumentar, reiterando una posición que he manifestado en las páginas amigas del Correo de Bilbao, mi estupor ante la decisión del Tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein al cuestionar el auto del Tribunal Supremo español de procesamiento del expresidente Sr. Puigdemont, en la ejecución de la euroorden dictada por el magistrado Sr. Llarena. Tal decisión supone, como insinuaba con anterioridad, el reverdecimiento del principio de soberanía en la Unión Europea, que no puede pretender afirmar un espacio judicial común sobre tal fundamento. La correspondencia judicial de la organización política europea no cabe basarse en la capacidad de bloqueo o incluso de oposición flagrante entre las jurisdicciones nacionales, que pudiesen confrontarse y corregirse mutuamente, sino, antes bien, en la colaboración y reconocimiento entre sí de las instituciones judiciales de los Estados que integran de manera cada vez más estrecha la estructura política común.

En Europa hay, en esencia, un orden jurídico común, llamémosle, si queremos, un orden público compartido, que acepta los mismos principios y valores. Se trata del fundamento de la Unión Europea como organización política constitucional, no totalmente lograda, pero en construcción imparable; y que no niega, sino que acoge, protegiéndolas, las estructuras nacionales esenciales, como exige el artículo 4.2 del Tratado de la Unión. Además, aunque es cierto que todavía no hay un código penal europeo, la asunción de los mismos principios constitucionales en los ordenamientos nacionales debería conducir a una sustancial equiparación en la interpretación de los tipos penales semejantes por las diversas jurisdicciones nacionales.

Con este fondo resulta realmente incomprensible que un Tribunal regional alemán, en lugar de atender el requerimiento de detención y entrega de un prófugo de la justicia de un Estado miembro de la Unión, venga a cuestionar la procedencia de la imputación del delito de rebelión, que se hace en el auto de procesamiento del juez Sr. Llarena, teniendo en cuenta que se trata de una calificación provisional, sobre la que ha de esperarse la confirmación o no de la misma en juicio, por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. Como decimos, se resucita aquí la soberanía del Estado alemán, ejercida por el tribunal regional, bloqueando la actuación regular de la máxima instancia jurisdiccional de un País miembro, como España, sea o no acertada, que eso no se discute ahora, de la misma organización política que es la Unión Europea.

Quizás el Tribunal alemán hubiese llegado a conclusión diferente si hubiese abordado el problema desde otros parámetros de consideración, esto es, otra precomprensión, si se quiere utilizar, como yo hago, el esquema interpretativo de Gadamer, que deben ser los que han de afirmarse en un entendimiento correcto del espacio judicial común, como cobertura de la comunidad jurídica que es Europa. Estos son los de confianza mutua y reconocimiento recíproco. No estamos preconizando obviamente un cumplimiento automático de la euroorden emitida por el juez de un Estado miembro, sino la interpretación de la misma por el juez de la Unión que la lleva a efecto, atendiendo a la incriminación correcta de la conducta según los tipos nacionales, pero teniendo en cuenta la similitud de un horizonte penal mutuo próximo. La sintonía a que estamos aludiendo debería conducir, asimismo, según lo vemos, más bien a propiciar el reconocimiento, en principio, en todo el territorio de la Unión de la actuación de los procedimientos llevados a efecto por los tribunales e instancias jurisdiccionales nacionales.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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