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TRIBUNA

México poselectoral: nuevos delitos, nuevas leyes

Diana Plaza Martín
domingo 26 de agosto de 2018, 19:16h

México acaba de vivir nuevamente su mes más violento de la historia. Con 2599 asesinatos, julio ha empujado un poco más allá el umbral de tolerancia de la sociedad mexicana ante este fenómeno.

En ese contexto de violencia sistemática e ingente, es en el que tuvo lugar las elecciones más grandes de la historia del país, proceso electoral en el que fueron asesinados 133 políticos; y, paradójicamente, proceso en el que finalmente todos los esfuerzo realizados desde 1988 para dar fiabilidad a las elecciones dieron sus frutos.

Es así como, en un contexto de inusitada violencia, las instituciones electorales pudieron estar satisfechas del desarrollo técnico de las elecciones pero, sin casi tiempo para festejar este gran logro, se han tenido que poner a trabajar para responder a la violencia política y otros delitos.

En ese sentido, el pasado miércoles 21 de septiembre el Coordinador de Asesores de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE), Jorge Lumbreras, presentada en la sede del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en México su ponencia referente a los delitos electorales y los retos que frente a ellos tiene el órgano del que forma parte.

Lumbreras desarrolló una exposición que fue de lo macro a lo micro, haciendo referencia a la necesidad que tiene la sociedad mexicana de profundizar su cultura democrática en los ámbitos, familiares, educativos y empresariales, para poco a poco ir aterrizando en aspectos claves como la necesidad de tipificar lo que podríamos considerar “nuevos” delitos electorales, tales como la violencia política contra las mujeres en razón de género y/o por su diversidad sexual, así como los referidos al uso indebido de los dispositivos electrónicos que tuvo lugar en el proceso de recaudación de firmas electrónicas para las candidaturas independientes.

En este sentido, los diferentes órganos encargados de perseguir y sancionar los delitos electorales se vieron con la dificultad de que la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género, ni el uso fraudulento de los dispositivos electrónicos.

Para solventar el primero, la Comisión Nacional de Derecho Humanos de México, realizó un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género tras diagnosticar que: “hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”. Así como que “el aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra.”

Diagnóstico al que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), añadía que “la ‘normalización’ de la violencia política contra las mujeres impide identificarla adecuadamente y se minimiza la gravedad de los hechos y sus consecuencias. Además, legitima la ‘extrañeza’ y el ‘reclamo’ hacia las mujeres que la denuncian, poniendo en riesgo sus aspiraciones políticas e, incluso, su integridad física y psicológica [sustentado] en la premisa de que ‘si las mujeres querían incursionar en el ámbito público, tendrían que ajustarse a las reglas del juego’”.

Es decir, la cultura machista y la inexistencia del tipo penal dificultaron a las autoridades competentes el combate de una práctica profundamente lesiva para la democracia y la equidad.

En base a ello, Lumbreras expuso la necesidad de ampliar los tipos penales dentro de la Ley Electoral ya que “cuando cometes un delito electoral estás atentando contra el soberano y esto debe de tener una mayor consecuencia para poder reparar el daño y evitar la repetición de la conducta”.

Esta propuesta que, para algún caso pudiera parecer desproporcionada, tal vez no lo sea en un país en el que hemos perdido de vista el límite de lo permitido, así como el umbral de tolerancia de la sociedad frente a la normalización de la violencia no parece tener fin.

En este hilo de reflexión, a mi, que soy una persona que a través del deporte entiende todo mucho mejor, me vino a la mente la imagen del joven futbolista de las Chivas rayadas de Guadalajara, Rodolfo Pizarro, cuando al calor de la victoria de la Liga de Campeones de CONCACAF dedicó, sin venir mucho a cuento puesto que la final se la había ganado al Toronto F.C., un insulto a su acérrimo rival en el torneo local. Esta acción no solo le costaría la sanción del club y de la Federación Mexicana de Fútbol , (entidad que lleva años permitiendo que su afición coree un ya famoso grito homofóbico) sino que también le exigió salir en redes sociales disculpándose.

En un video de escasos segundos, el joven futbolista de 24 años se disculpaba ante su club, el club rival y su afición, con un lenguaje corporal que denotaba nerviosismo y visiblemente incómodo. Este hecho que podríamos considerar adecuado al ser los deportistas ídolos de niños y jóvenes y, por ende, que estos se expresen de forma violenta no es un buen ejemplo, llamó la atención de una buena parte de los aficionados y prensa especializada puesto que: “lo normal” en el fútbol y más “al calor” de un festejo, decisión arbitraria o resultado adverso, es que se permita este tipo de reacciones. De hecho, el público de este deporte, considera que tiene todo el derecho del mundo a gritar exabruptos de todo tipo y sin cesar a jugadores, cuerpo técnico, terna arbitral, directiva y rivales, es decir, a cualquiera implicado en el juego.

¿A dónde voy con todo esto? A que pareciera que México ya se ha cansado de seguir tolerando algunas de las conductas consideradas como culturales y, por tanto, como normales. Tal vez en ese período de negociación alguna reposición de límites nos parezca exagerado, no obstante, lo que sería no solo una exageración, sino también una obscenidad e irresponsabilidad, sería no actuar.

Cerraré mi artículo parafraseando a Jorge Lumbreras en su intervención en el Ortega y Gasset México: “El Estado solo puede hacer lo que recoge la ley, tú puedes hacer todo lo que no está prohibido”. Celebremos, por lo pronto, que el Estado decida ampliar sus formas de acción a través de la ley; acción en la que no solo se otorga las facultades necesarias para perseguir y castigar, sino que también visibiliza un problema y lo resignifica a través de catalogarlo como delito. Esta acción ayudará sin duda a la reparación del daño y esperemos que próximamente ese esfuerzo tenga también sus frutos en “la no repetición de la conducta”.

Diana Plaza Martín

Coordinadora Maestría en Relaciones Internacionales Instituto Ortega y Gasset México

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