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PP y Cs acusan al Gobierno de inacción con los lazos amarillos

PP y Cs acusan al Gobierno de inacción con los lazos amarillos
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(Foto: EFE/Alejandro García)
lunes 27 de agosto de 2018, 11:05h
Los constitucionalistas se ven atrapados entre el acoso de la Generalidad y la pasividad de los poderes del Estado.

La violencia larvada detrás del ‘procés’ comienza a aflorar en las calles a causa de los lazos amarillos. Una mujer fue agredida en el parque de la Ciudadela, en Barcelona, por retirar este símbolo independentista que se ha adueñado de los espacios públicos para reivindicar la salida de los presos por dar un golpe de Estado tras el 1-O. La mujer, de origen ruso, fue increpada al grito de “extranjera de mierda” y recibió un puñetazo que le fracturó el tabique nasal, ante la pasividad de los Mossos que, según la prensa pro independentista, no aprecian un móvil político en la agresión. Otro hombre, de 75 años, sufría otra agresión en Oliva, en la Comunidad Valenciana, por criticar una pancarta independentista. El periodista Arcadi Espada fue detenido y denunciado por los Mossos por pintar de rojo un lazo amarillo para simular una bandera rojigualda.

La policía autonómica se ha convertido en un instrumento político de vigilancia para mantener la omnipresencia de los lazos amarillos en las calles catalanas. La multa por quitarlos puede ascender a los 30.000 euros ya que este símbolo es considerado como mobiliario urbano público por las autoridades catalanas, a pesar de simbolizar un cuestionamiento de la ley democrática española.

Ante esta situación, Ciudadanos y PP han iniciado una ofensiva para tratar de recabar apoyos frente a las agresiones de los separatistas y piden al Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó a Moncloa apoyado por los propios separatistas, que no permanezca pasivo ante la escalada de violencia.

En este sentido, la semana pasada, la fiscal general del Estado fue interpelada sobre este asunto, pero se mantuvo en la equidistancia. María José Segarra aseguró que no hay delito en quitar ni poner lazos en la vía pública, ya que ambas prácticas "forman parte de la libertad de expresión". Así se expresaba en un acto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander sin entrar a valorar que ningún ciudadano había sido requerido por la justicia por colocar lazos amarillos, mientras que varias personas habían sido identificadas por los Mossos por quitarlos, enfrentándose a una más que probable multa.

"Las autoridades gubernativas catalanas las que tomaran las decisiones, seguramente las más oportunas”, afirmaba Segarra.

Por su parte, tanto PSC como las formaciones del entorno de Podemos también permanecen equidistantes. Miquel Iceta expresaba en su perfil de Twitter que condena “todo tipo de violencia”, mientras que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se expresaba en términos casi idénticos al rechazar todo tipo de violencia, eso sí, al menos subrayaba el carácter xenófobo de la agresión.

Al margen de los hechos concretos, la situación revela la soledad a la que se enfrentan los consitucionalistas en Cataluña, acosados por las autoridades y la policía autonómica, ante la indiferencia de los poderes del Estado, que se niegan a actuar para defenderlos.

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