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TRIBUNA

40 años de servicio a España

martes 11 de septiembre de 2018, 08:33h

En diciembre de 1978, tras aprobar las oposiciones al Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Estado (TAC), actualmente convertido en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, prometí cumplir con mis obligaciones como funcionario público conforme a la Constitución de España, aprobada y refrendada el mismo año 1978; perteneciendo así a la primera promoción de funcionarios civiles de la reciente Constitución democrática de España, después del largo período de la Dictadura de Franco.

Ahora, tras cuarenta años de servicio activo al Estado, me ha llegado el momento de la jubilación pasando a formar parte de lo que se ha llamado las “clases pasivas”; lo que he considerado siempre como un desprecio absoluto, debiendo cambiar de una vez dicha calificación por su ingrata referencia a lo que algunos pudieran pensar como un recuerdo de los zánganos e inútiles, como si nuestro largo periodo de servicio al Estado no se mereciera otro calificativo más respetuoso. Pero, antes de mi jubilación, he querido volver a releer una vez más el texto de nuestra Constitución, como ley suprema de España. Me acuerdo perfectamente de aquellos años, cuando preparaba las oposiciones, leyendo el borrador del texto de la nueva Constitución que, poco tiempo después, se aprobaría y entraría en vigor como ley fundamental del Estado. Precisamente, uno de los temas que tuve que exponer ante el Tribunal examinador fue “La Administración del Estado en la nueva Constitución”.

Transcurridos fugazmente esos cuarenta años de servicio activo, no puedo menos de recordar algunos hechos y comparar la situación política en la España de 1978 con la actual. Me acuerdo que en aquellos años había un ambiente de gran ilusión por una transición en paz y concordia hacia un sistema democrático y recuperar las ansiadas libertades con un enorme respeto mutuo. Se aprobaron las leyes de la reforma política, de los partidos políticos y sindicatos; llegaron las primeras elecciones libres democráticas en 1977 y, finalmente, la aprobación y referéndum de la nueva Constitución. Se aprobaron posteriormente los estatutos de las Autonomías y regresaron a España los desterrados políticos tras la guerra civil.

Vi nacer la democracia en España y su desarrollo desde el primer día con la nueva Constitución, desde la propia Administración del Estado a la que he prestado mis servicios. He visto cambios de gobiernos de un color y de otro, con la implantación de las políticas respectivas de cada uno, como procede en todo Estado democrático. Pero, con el transcurso de los años, han ido disminuyendo las ilusiones del pueblo, en general, y han surgido de nuevo ciertos problemas sociales y políticos que recuerdan otros tiempos pasados, incluso de los avatares de la España del siglo XIX o anteriores. Ciertas actitudes de políticos actuales remueven otra vez los cimientos de la España invertebrada de la que nos hablaba Ortega y Gasset, secundados por seguidores y palmeros que no hacen sino caldear el raro y desquiciado ambiente. Han surgido otra vez políticos corruptos y egoístas, pero no sólo en el aspecto venal del soborno económico, sino de otro tipo de componendas y traiciones a la democracia con tal de conseguir el poder, como sea, y auparse a la silla curial.

Lo más triste y peligroso de tales actitudes venales es que se pone en riesgo la paz en España, encendiendo de nuevo la mecha de los odios, los separatismos, las escisiones, los cantonalismos, … que nada bueno pueden conllevar, conforme ya se observa en las afrentas diarias que han pasado de los símbolos de división a los insultos y a la violencia física y moral.

Ahora más que nunca es necesario alcanzar de nuevo otros pactos de la Moncloa para reconducir la situación política, social y económica de España, no sólo dirigida por un grupo de partidos políticos de una tendencia determinada contentando a un grupo de personas afines y claudicando en exigencias imposibles de aceptar, sino por todas las instituciones que representen la soberanía nacional; pues no puede alcanzarse una paz duradera con sólo una parte de la sociedad. Si ello no se consigue ya, debe procederse de inmediato a unas elecciones generales para otorgar la decisión suprema al voto del pueblo español en el que reside la soberanía.

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