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AL PASO

La autodeterminación en perspectiva comparada

martes 18 de septiembre de 2018, 20:57h

Me gustaría retomar un argumento de alguna columna anterior al verano que me faltaba por completar. Según lo veo la demanda de un referéndum de independencia en Cataluña como reclamación esencial del procés no había encontrado, como había ocurrido en situación parecida en el caso vasco, cuando el plan de Ibarretxe, con una oposición de rechazo unánime por parte de la doctrina académica. A pesar de la contundencia de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que señalaban de modo inequívoco que tal demanda, por implicar una disposición de soberanía que según nuestro ordenamiento solo corresponde al pueblo español, no se podía atender sin reformar previamente la Constitución, una parte de la comunidad académica ha insistido que en la teoría democrática y, especialmente, en el derecho comparado, podía encontrase asidero a la solicitud catalana de un referéndum de autodeterminación.

Pensar que el referéndum de autodeterminación sea defendible contra constitutione, es una aberración, especialmente en el caso español,que contempla la posibilidad de reforma constitucional sin límite material alguno. Es precisamente la apertura constitucional completa, lo que hace, desde el punto de vista democrático, insuperable el tope de la reforma, de modo que sin modificación constitucional previa no cabe la autodeterminación en nuestro sistema jurídico. Precisamente se justifica el límite de la reforma constitucional previa a la autodeterminación, porque dicho límite es constitucionalmente salvable. Si no hay objetivos imposibles a la reforma de la Norma Fundamental, no cabe saltarse la Constitución, desde un punto de vista procedimental para su consecución.

Tampoco cabría ejercer la autodeterminación obviando la Constitución, pues el criterio de la exhaustividad esencial constitucional impide que un suceso tan importante para la vida del Estado, pueda tener lugar sin habilitación de la Norma fundamental, de manera quese pudiesen invocar los principios democráticos o la ética política, comocobertura de un derecho de existencia praeter (o para) constitucional.

Por lo que hace a la justificación que cabe encontrar en el derecho comparado, la pregunta recurrente es ¿por qué no se reconoce el derecho de autodeterminación en nuestro ordenamiento y se posibilita su ejercicio, se dice, como así ha ocurrido en otros sistemas políticos, que son considerados, como el nuestro, Estados de derecho, según es el caso de Escocia en el Reino Unido o de Quebec en Canadá? Me estoy refiriendo a los referéndums celebrados respectivamente en Quebec en 1980 y 1995 y en Escocia en 2014. Veamos.

Los supuestos son diferentes, así el referéndum escocés se llevó a cabo de modo acordado en virtud de una delegación a favor del gobierno territorial. Su base jurídica era clara y su justificación dependía de la voluntad del Parlamento británico que es el soberano en el ordenamiento del Reino Unido. Políticamente, el referéndumpodía presentarse como una recuperación de la soberanía de Escocia que, dudosamente, cabía entender no había perdido tras el tratado con Inglaterra en 1707.De todos modos, y si bien no hubo ocasión de comprobarlo, dado el rechazo del cuerpo electoral de Escocia a la secesión,aunque la soberanía formalmente continúe en el Parlamento británico,no cabe ninguna duda de que el principio democrático se hubiese impuesto y que la separación de Escocia, de haber triunfado el sí referendariamente, se habría consumado. Esto es lo que ha ocurrido con ocasión del Brexit de modo que la decisión del pueblo británico ha dejado sin margen a una posible enmienda del Parlamento cuya soberanía es una fictio iuris, inoperante ante la formulación inequívoca de la voluntad democrática.

Las circunstancias son diferentes en el caso de Quebec, territorio de Canadá, que se autodeterminó de hecho en 1980, en términos equívocos, y en 1995, en ambos casos de modo desfavorable para los independentistas. El dictamen del Tribunal Supremocanadiense de 1998 estipuló que, aun no existiendo derecho de autodeterminación, si se pronunciase una mayoría clara a favor de la independencia,habríande encontrase los términos de una separación acordada,con la consiguiente reforma constitucional. La Ley de Claridad del Parlamento canadiense de 2000 establece las condiciones para que el referéndum pueda tener lugar y los términos generales con que valorar los resultados, que han de lograr una mayoría inequívoca a favor de la secesión para que esta salga adelante; pero el parlamento de Quebec, por Ley también del 2000, rechaza las determinaciones de la Ley de Claridad federal en relación con el establecimiento de la mayoría precisa para avalar la separación.

Aunque pueda mantenerse otra opinión, no me cabe duda de que la admisión de la decisión sobre la independencia tanto en Quebec como en Escocia, supone en la práctica que lo que queda después del pronunciamiento democrático de ambos territorios es la obligación de acordar los extremos de la separación, que, por difícil que aparezca, ha de lograrse tras una negociación llevada a efecto desde la buena fe y la actitud colaborativa de las partes, a lo que obliga la aceptación común de la supremacía del principio democrático. Hay aquí sin duda una cuestión interesante acerca del principio de apariencia y el de efectividad en el derecho, pensando especialmente en el caso de Quebec, pues el supuesto de Escocia no plantea muchas dudas. Del mismo modo que en nuestro ordenamiento (a pesar de que la Sentencia 236/2007 no admitía diferencias entre las libertades públicas de los extranjerosen situación regular y las de los extranjeros sin papeles) hasta 2009 los extranjeros sin papeles tenían la titularidad de los derechos pero no el ejercicio de los mismos, consagrándose así la desigualdad efectiva entre los no nacionales, en punto al disfrute por su parte de las libertades públicas,podríamos decir que, en un sentido contrario, en Canadá, aunque de iure no se reconozca el derecho de autodeterminación,de facto se posibilita su ejercicio. La efectividad del derecho a la separación es más obvia, como decíamos, en el caso del Reino Unido, aunque persista la potestad eminente de soberanía en su Parlamento.

Es cierto por tanto que en Canadá, o recientemente en Escocia, se han encontrado expedientes para, hasta cierto punto, soslayar la inexistencia explícita del derecho a la separación, verificándose, no obstante consultas sobre la independencia. Hay que decir, no obstante, que estas referencias internacionales son todo menos inequívocas. Según hemos visto, el ejemplo escocés está respaldado por una situación constitucional favorable, pues no hay norma fundamental que se pronuncie sobre la soberaníay cabe referirse a una base internacional de soberanía dual del Reino Unido. Por su parte, en el caso canadiense, los efectos de las consultas sobre la independencia, distan de ser del todo concluyentes, por lo menos inmediatamente.

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    Últimos comentarios de los lectores (1)

    8679 | Luis - 02/10/2018 @ 12:58:15 (GMT+1)
    ¿ En la constitución canadiense existen límites a la reforma constitucional ? Porque de no ser así no se ha llevado a cabo de forma procedimental, y no vería mucha diferencia con el caso catalán.

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