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TRIBUNA

¿Más allá del gobierno estará el Estado? México y su 4º Revolución

Diana Plaza Martín
domingo 07 de octubre de 2018, 19:43h

Como bien saben la gran mayoría de lectores el 1 de diciembre toma posesión una nueva administración en México. Entre todos los interrogantes que se abren hay uno, a mi juicio, de especial relevancia, a saber ¿La administración dirigida por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la mayoría legislativa de su partido (MORENA), serán capaces de llevar a cabo políticas de estado y no de gobierno? Es decir ¿el ejecutivo AMLO y las cámaras con mayoría morenísta propondrán acciones que vayan más allá de su sexenio?

Este interrogante, e incluso anhelo ciudadano, si bien no es exclusivo de México ni de la región, sí se podría decir que aquí es parte de la cultura política y, por ende, que es una falla estructural del sistema.

En su interminable camino al desarrollo la región latinoamericana ha puesto en marcha dos paquetes básicos de políticas políticas, el primero enmarcado en el período de entreguerras y Guerra Fría sostenido en un modelo económico controlado por el Estado basado en la industrialización por sustitución de importancias. Y un segundo momento protagonizado por las políticas de liberalización del Consenso de Washington en la década de los 90. Este segundo ciclo, de desastrosas consecuencias para muchas de sus naciones, fue parcialmente revertido en los países que “giraron a la izquierda” en el siglo XXI.

Esos mismos escenarios se pueden considerar similares en México, aunque con algunas precisiones por aquello de haber sido el único país de la región sin período dictatorial de manual. El primer ciclo en México es protagonizado por la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (1950-1997), mientras que al segundo se entra, no tanto por la liberalización del mercado y la privatización, ya que éste se inicia en 1982 con la llegada de los presidentes netamente tecnócratas al poder y se agudizado durante la administración de Salinas de Gortari (1988-1994) y la firma del Tratado de Libre Comercia con Estados Unidos como guinda del pastel (ese que hoy tiene siglas impronunciables y aún no hemos conseguido traducir al español), sino a partir de 1997 cuando el partido, que había gobernado por setenta años, pierde la mayoría en las cámaras y debe empezar a hacer política en los órganos de representación y no solo a través de la vía orgánico-clientelar en la que se organiza(ba) el país. Por tanto, el segundo momento mexicano se denomina en la literatura “del gobierno dividido” y no del libre mercado.

Referente al interrogante que nos preocupa y ocupa en este texto, grosso modo se podría decir que durante la era de la hegemonía priista, las políticas púbicas mantuvieron coherencia y estabilidad, aunque adolecieran de otras características necesarias como la calidad en la implementación y adaptabilidad (particularmente con el fin del modelo de desarrollo estabilizador en 1970 y el inicio de la crisis de la deuda que estallaría en 1982). Así mismo, se podría decir que un sin fin de políticas pecaron de cortoplacismo y se dedicaron a paliar problemas estructurales con soluciones coyunturales desplegadas en estructuras clientelares fácilmente convertibles en votos.

En este sentido, tal vez sería bueno preguntarse dos cosas ¿Qué incentivos tienen los gobiernos en turno para generar políticas públicas más allá de su estancia en el poder? Y dos ¿Qué habría que cambiar para que fuera atractivo realizarlas?

A la primera pregunta, en un país que apenas acaba de introducir la reelección en algunos cargos de representación, la respuesta rápida sería pocos, puesto que el ciudadano no ejerce el método de rendición de cuentas al que normalmente tiene acceso, el voto. Así mismo, tirando del refranero, afortunadamente ya cada día más en desuso: “un político pobre es un pobre político”, frase atribuida a Carlos Hank González, ex regidor de la capital del país entre 1976 y 1982, de la que se colige que el paso por la política debe ser para enriquecerse y no para pensar en el bienestar de los ciudadanos, así como para establecer relaciones de las que seguir beneficiándose en el futuro, en términos conceptuales regresamos a los mismo, clientelismo. No obstante, y afortunadamente, esta respuesta tal vez se vea matizada en la actualidad, como nos ha mostrado el reciente resultado electoral en el que el descontento con el partido en el gobierno, no solo no le impidió renovarse sino que arrastró a la debacle a la organización en su conjunto.

Referente a los cambios necesarios para incentivar el ejercicio de gobierno con visión de estado, mencionaré dos aspectos en relación a la cultura política, ya que ésta no puede separarse del argumento “técnico” como bien se señala en la obra La política de las políticas públicas del Banco Interamericano de Desarrollo. En primer lugar, es necesario dejar de pensar que un solo hombre con voluntad política puede acabar con todos los males con un golpe de mesa; aspecto que debe de ir unido de forma inexorable con llevar a cabo la acción legislativa con visión de estado tanto por parte del gobierno como de la oposición, como segundo aspecto. Esto es, es necesario dejar de pensar a la oposición como enemigo y verla como un adversario con el que se tiene que pactar para lograr cambios estructurales y duraderos, así como por parte de la oposición, dejar de ver al oficialismo como el objetivo a derribar durante seis años para justificar su posterior llegada el poder.

A este respecto, la economista y politóloga Adriana Ortiz decía el pasado miércoles 3 de octubre en el Foro Debate del Instituto Ortega y Gasset en México algo que llamó mi atención en torno al uso de las políticas públicas en el contexto actual. Ortíz señaló que se ha demostrado que hay un regreso del interés por lo público (en términos de nuestra cronología es la etapa del “giro a la izquierda” que en México podríamos señalar que inicia ahora con el gobierno de AMLO), interés que provoca que las políticas públicas ya no se entiendan como del ámbito exclusivo del gobierno, sino que se vean como un espacio en el que confluyen el gobierno, la ciudadanía y diferentes actores de la sociedad. Este señalamiento, a mi parecer, es justo lo que de forma transversal y estructural puede combatir a los elementos señalados como freno para la generación de políticas públicas de estado lastradas por la visión presidencialista y electoralista del ejercicio de la política en el país.

Esperemos que el nuevo ejecutivo y legislativo emanado del mandato popular se haga cargo de ambos. Los mexicanos están cansados de muchas cosas y, entre ellas, de que les consideren niños que no pueden entender que hay problemas que no se solucionan en un gobierno y que hay asuntos para los que se requieren pactos de estado y no de partido. El paternalismo en política como rasgo del país y la región también debería revisarse, pero eso ya será pasto de otro texto.

Diana Plaza Martín

Coordinadora Maestría en Relaciones Internacionales Instituto Ortega y Gasset México

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