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AL PASO

Un libro sobre federalismo

martes 27 de noviembre de 2018, 20:18h

Aunque pueda resultar extraño hay más estudios federalistas sobre el conjunto de la organización,esto es, el Estado federal, que sobre los miembros componentes de la Federación, esto es, los estados federados. El examen del federalismo interior, si lo queremos ver así, recibe una atención menor ala consideración prestada a la organización común o federalismo general o nacional. Incitado, como tantas veces, por una reseña de la New York Review of Books, de John Paul Stevens, acabo de hacerme con un ejemplar del libro del juez Jeffrey S. Sutton, dedicado precisamente a la problemática de este federalismo interior del que hablo. Se trata del libro 51 Imperfect Solutions: States and the making of American Costitution allaw, (Oxford, 2018) que da cuenta de la superior, y creciente, protección de los derechos fundamentales por parte los tribunales supremos de los Estados miembros de la Unión, de modo que los tribunales estatales pueden suponer un ejemplo para los jueces federales, incluido el Supremo. Como señaló el juez Brennan en un resonante artículo en 1977, la protección ofrecida en las constituciones estatales de algunos derechos va más allá de las garantías del derecho federal, lo que hace incomprensible que ello no siempre sea tenido en cuenta ni por los litigantes ni las cortes de los Estados.

El libro selecciona cuatro ejemplos en que laprotección ofrecida por los Estados es superior a la que a los derechos respectivos ha acordado el Tribunal Supremo. Así el Tribunal Supremo de Texas ,como después lo hicieron los de New Jersey y Ohio, consideraron cubierta por sus respectivas constituciones la financiación publica de las escuelas más pobres, extremo este al que no había atendido la famosa sentencia federal Brown versus Board of Educacion (1954), que prohibió la segregación educativa.

En un segundo ámbito,la doctrina de los Estados restringe la laxitud federal en relación con los defectos de las mandatos judiciales de registros e incautaciones, no permitiendo convalidar y utilizar en un procedimiento,aunque medie la buena fe, las actuaciones policiales defectuosas anteriores (así Mapp versus Ohio, 1961).

En cambio la doctrina estatal habría cedido, contradiciendo una práctica de ordinario más correcta que la federal, en la defensa de la integridad corporal de los disminuidos o débiles mentales tras la toma de posición dura al respecto en la sentencia federal Buck versus Bell de 1927, que seguía planteamientos eugenésicos.

En un cuarto supuesto, referente a la alegación de la objeción de conciencia de los hijos de testigos de Jehováque rehusaban saludar la bandera nacional, varios Estados de la Unión se opusieron a la doctrina del Supremo, formulada por Felix Frankfurter, lo que vino a preparar el terreno para que la Corte Suprema, siguiendo la opinión del juez Robert Jackson, corrigiese esa posición en la Sentencia West Virginia Board of Educaction versus Bernettde 1943.

Hay que señalar que la contribución de los Estados, en interpretación de las declaraciones de derechos de sus constituciones, a incrementar los derechos de los ciudadanos no es una aportación única del derecho federal americano. No hace mucho, en un libro excelente, Sonsoles Arias mostraba que esto era lo que sucedía en el derecho federal alemán. Ello quedaba de manifiesto de modo paradigmático en el caso Honecker, cuando el exmandatario de la República Democrática encontró amparo en el Tribunal Constitucional de Berlín alegando que, dado su estado de salud, su procesamiento por un tribunal federal lesionaba su derecho a la dignidad, según se reconocía en la Constitución estatal. En este caso, la protección estatal, en la práctica, incrementa las garantías fundamentales germanas, al aceptarse que los derechos procesales federales se corrigiesen a la luz de la Constitución de un Estado miembro (Berlín, volvemos a repetir).

Por tanto lo que el libro de Sutton muestra, especialmente después de la regresión de los diversos Tribunales Supremos posteriores al del juez Warren (a partir de 1968), es que durante las ultimas tres décadas, si se trata de la financiación de las escuelas, el derecho de propiedad, la definición del matrimonio,u otros derechos modernos civiles, los tribunales de los Estados han dejado de serseguidores para pasar a ser líderes en tales ámbitos.No es muy difícil entender por qué sucede esto. Hay que tener en cuenta que, como ha señalado Gordon S. Wood, las declaraciones de derechos constitucionales comenzaron en los Estados. Anótese entonces que para nada las constituciones de los Estados miembros son normas exclusivamente institucionales.Si la creación del federalismo es atribuible solo a los padres de la Constitución de 1787, la redacción de los derechos se llevó a cabo antes en las constituciones territoriales. “Incluso el origen del control judicial, esto es, el poder de un tribunal de invalidar una ley y la existencia de una posible demanda de protección judicial de los derechos individuales comenzó en los Estados”.

Pero sobre todo lo que llama la atención en el libro que comentamos es la insistencia del juez Sutton en destacarla contribución del federalismo, en relación con la intervención de los jueces estatales, en el desarrollo del constitucionalismo americano. A la indeterminación propia de las cláusulas competenciales constitucionales o su equivocidad, le viene bien la contribución plural a su desciframiento y desarrollo. Como quiera que la redacción es la misma, o casi, en los dos niveles federales constitucionales-el nacional y el estatal- puede ocurrir que “las cincuenta y una cortes supremas del sistema lleguen a diferentes conclusiones sobre el significado de, digamos, el debido proceso en sus propias jurisdicciones”.

Lo que sucederá también es que la interpretación de los Estados será más audaz o innovativa que la llevada a cabo en el plano federal. Cuanto más abiertas, y difíciles, sean las cuestiones constitucionales más apropiado será oír primero a los tribunales estatales. “Es preferible disponer de cincuenta y una soluciones imperfectas que imponer una imperfecta solución al país en su conjunto, en particular cuando debemos soportar la imperfección en una área determinada”. Que sean las cortes de los Estados los innovadores primeros de las doctrinas constitucionales si lo quieren, y cuando lo deseen, y que la Corte Suprema federal elija entre las posibilidades que se abren.Como dijo el Juez Brandeis en una opinión disidente en 1932, “Es estupendo que en el sistema federal un estado osado o valiente pueda servir de laboratorio, y lleve a cabo experimentos sociales y económicos nuevos sin riesgo para el resto del país”.

De otro lado, no hay que olvidar que el federalismo es un gobierno de proximidad. Los tribunales estatales tienen un mayor margen para actuar como el Tribunal Supremo no puede, permitiendo que las condiciones y tradiciones locales afecten a su interpretación de una garantía constitucional y de los medios disponibles para su realización.

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