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AL PASO

Monarquía y soberanía nacional

martes 25 de diciembre de 2018, 17:44h

La insistencia sobre las bondades de la Constitución que hemos subrayado en la celebración de su cuadragésimo aniversario con toda razón, ha rebajado sin duda la necesidad de la reforma, de acuerdo con un argumento ciertamente aplastante en su lógica: si la construcción constitucional posee tantas cualidades, quizás no tiene demasiado sentido proceder a su modificación, al menos en sus aspectos sustantivos. Desde esta perspectiva, la operación de la renovación constitucional sólo presentaría riesgos, aumentados por la actitud de un importante grupo parlamentario de solicitar en todo caso, sea cual sea el alcance de la reforma, la convocatoria de un referéndum como prevé nuestra Norma Fundamental.

Esta consideración me parece una destilación interesante de nuestro actual momento constitucional; pero hay otra cuestión que también se ha presentado en la presente coyuntura de la celebración a que nos referimos y es la de la defección del consenso constitucional, entendiendo por tal el sustancial acuerdo sobre la validez de la Norma Fundamental, no solo para el momento de su aprobación, cosa que nadie discute, sino para nuestro presente como marco sustancialmente idóneo de la vida política española. No nos referimos a la impugnación constitucional de las fuerzas independentistas sino a la actitud de cuestionamiento constitucional presente de quienes denuncian carencias o limitaciones del texto constitucional, que necesitan reparación, pues, según su opinión, afectan a la propia condición democrática de la Norma Fundamental.

Esta denuncia tiene un alcance muy grave en la medida, en primer lugar, en que se refiere a dos elementos nodales del sistema constitucional, se trate de la base de la unidad nacional, esto es, la concepción de la soberanía, o a la forma política del Estado español, que la Constitución determina como monarquía parlamentaria. En segundo lugar, ocurre que quienes cuestionan el sistema constitucional, al menos en los dos elementos claves destacados, son sobre todo jóvenes de izquierdas que entienden periclitada la idea de la política que tuvo la generación de la Constitución, y que desean una renovación del consenso sobre bases radicalmente contrarias a la misma. Se me permitirá que cuestione, con todo respeto por otra parte, la razonabilidad de las dos tesis mencionadas, esperando contribuir a la recuperación por parte de nuestros jóvenes del marco mental en que se mueve nuestra Norma Fundamental.

La solicitud de la división de la soberanía que posibilitase la autodeterminación de los pueblos de España es una pretensión gravemente equivocada, desde una perspectiva de fondo, y desde un punto de vista táctico. Ningún sistema territorial sólido, tampoco el establecido en la Constitución española, puede admitir su cuestionamiento en la Norma que lo establece. La fragmentación de la soberanía, si explícita o implícitamente se reconociese la posibilidad de la autodeterminación a los componentes territoriales del Estado, es un absurdo lógico en que la Constitución no puede incurrir, restando estabilidad y firmeza a lo que por definición ha de ser un orden permanente. La unidad del Estado es, además, la proyección de la voluntad única de quien lo constituye, que es el pueblo soberano. De otro lado, desde el punto de vista táctico es un error imperdonable convertir en el centro del debate político el problema de la autodeterminación,que es una reivindicación nacionalista y no democrática. Como es obvio en el caso catalán si la izquierda a la que nos referimos retirase el apoyo a la demanda de la autodeterminación, quedaría patente la condición minoritaria de la reclamación separatista.

Tampoco es compartible la pretensión de abolición de la monarquía, denunciando su condición no democrática o su obsolescencia como institución determinante de cierto modo de organización del Estado.Digamos que la razón constitucional no es simplemente deductiva o abstracta, sino que tiene necesariamente en cuenta consideraciones, como diría Coke, artificiales, esto es, concretas o históricas. Desde este punto de vista no puede ignorarse la contribución de la Corona ala consecución del acuerdo constitucional, a saber, un orden político aceptable para las fuerzas progresistas y conservadoras españolas.De otro lado, como también se conoce, el tipo de monarquía que la Constitución establece atribuye al monarca funciones de relación y representación que en modo alguno merman ni la titularidad ni el ejercicio del poder político de los ciudadanos, de modo directo o indirecto. La Corona como institución constitucional, aunque no pueda ser despojada en su regulación de atributos que la caracterizan necesariamente, entre ellos notoriamente su inviolabilidad, queda naturalmente a disposición del pueblo en quien reside la soberanía nacional, que puede proceder a su remoción, previa reforma constitucional.Sin duda, por tanto, la integración de la monarquía en la Constitución, legitimada por la aprobaciónen referéndumdel cuerpo electoral nacional, y su dependencia última de la voluntad popular determinan el carácter democrático de aquella.Este argumento debería ser tenido en cuenta por quienes abusivamente contraponen monarquía y república. La distinción entre estas formas políticas se refiere al modo de la ocupación en ambas de la jefatura del Estado, evidentemente, hereditario o electivo, respectivamente, pero no alcanza a su condición democrática. Desde este punto de vista la forma monárquica española es un sistema perfectamente republicano.

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