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AL PASO

El juez John Marshall y el originalismo constitucional

martes 08 de enero de 2019, 20:08h

Cuando se trata de interpretar la Constitución, esto es, de averiguar su contenido como marco que hace posible una determinada actuación o como base o habilitación de nuestros derechos u obligaciones, solemos evitar su significación histórica o genética, buscando encontrar lo que sus autores se propusieron, o quisieron decir. Preferimos considerar que la Constitución, más allá de la circunstancia o el contexto en que surgió, tiene una existencia independiente, como si dijéramos, una voluntad separada de quienes la redactaron. La verdad es que esta visión objetiva de la Constitución tiene algunas ventajas. Podríamos pensar que se aviene mejor al propósito de duración de las Constituciones, de manera que estas rigen mucho tiempo después de quienes las idearon (de la generación cuya idea política reflejó, si seguimos la visión de Ortega de la misma); y que incluso este modo de entender la Norma Fundamental es más democrático, pues libra a las generaciones futuras de la protección o sombra, que siempre tiene algo de opresora, de los padres de la Constitución.

Sin embargo, la idea originalista de Constitución ofrece considerables oportunidades, y no me refiero solo a la de aprovecharse del mito fundacional de la Constitución: los que hicieron la Constitución tuvieron una gracia o carisma especial, que acompaña a quienes, siguiendo la terminología de Hannah Arendt, están en el momento primero de la revolución(agere), que siempre es una tarea más alta que la de la simple continuación de la misma (gerere). Averiguar el sentido que a la Constitución dieron los que la redactaron puede suministrarle asimismo un significado que los intérpretes no pueden soslayar o ignorar, equivalente, si queremos decirlo así, a su contenido esencial. Además, operar con esquemas originalistas implica algo también muy importante como es arrebatar la interpretación de manos de los juristas, que son quienes proceden en exclusiva a la interpretación objetiva, ordinamental la llamamos los profesores, que asume la tarea de la construcción objetiva de la significación constitucional, desprendiendo la Norma fundamental de sus orígenes históricos. La idea originalista, sea el grado en que se mantenga, remitiéndose la interpretación a lo que la Constitución decía a sus autores o significaba para ellos, o consista en preguntar a los padres de la Constitución como la entenderían en los actuales momentos, tiene la ventaja de convocar a la interpretación de la Norma fundamental a otros sujetos que los juristas: hablemos de los historiadores, filósofos, lingüistas y tutti cuanti puedan permitirnos colocarnos en los zapatos del constituyente. Tiendo a pensar que la contribución plural en la interpretación constitucional ofrece un rédito en el plano de la legitimación que la hace imprescindible.

Esta digresión, que espero no haya resultado esotérica, viene a cuento de la comprensión de una interesante biografía sobre el Juez Marshall sobre la que estoy trabajando en estos momentos, (Without Precedent: Chief Justice John Marshall and His Time, de Joel Richard Paul) así como de un instructivo ensayo sobre La Declaración de los Derechos Humanos de la ONU que ahora cumple setenta años (Geraldine Van Bueren, “I am because you are. The Declaration of Human Rights at seventy”. Times Literary Supplement, 21 diciembre de 2018)

Lo que se hace en estos dos trabajos, respectivamente, es explicar la obra del juez Marshall en relación no con las posibilidades abstractas de la Constitución americana, a la que la intermediación del juez daría cumplimiento, sino como una labor solo comprensible desde los propios supuestos políticos y personales del esclarecido intérprete. De otro lado, la Declaración de Derechos de la ONU tampoco es una creación intelectual deducida a través de una operación lógica, esto es, como si se tratase de una reaparición de la razón ilustrada después de la Segunda Guerra Mundial, sino la obra concreta de determinados sujetos, ejemplificados en las figuras de la Sra. Roosvelt y René Coussin, obedientes asimismo a sus condicionamientos intelectuales y políticos. Vamos a estudiar lo que decimos en el caso del juez Marshall, y dejamos el análisis de la Declaración de Derechos de la ONU para una próxima ocasión.

La contribución del juez Marshall fue decisiva para consolidar al Tribunal Supremo como institución imprescindible del sistema constitucional americano. Si el derecho americano hubiese de ser representado por una personalidad, esta solo podría ser John Marshall, dijo el juez Oliver Wendell Holmes Jr. En ello puso, durante los 34 años que sirvió como su presidente, una gran capacidad de liderazgo y una fuerte convicción sobre la tarea a desempeñar por tal instancia de control de la constitucionalidad de las leyes, aunque, como dice Joel Richard Paul, antes de 1803 no era claro que la Constitución debiese ser hecha cumplir por los jueces o que fuese, como se consideraba ocurría con la Declaración de Independencia, algo más que la expresión de ciertos principios . “Después de todo por qué unos jueces no elegidos habrían de poder anular actos del Congreso democráticamente elegido?”. El libro de Joel Richard Paul capta bien, sobre todo cuando cuenta los entresijos de la capital decisión, Marbury versus Madison (1803) la habilidad de Marshall para recabar la competencia del Tribunal Supremo de controlar las leyes del Congreso sin desautorizar en el caso concreto al Presidente Thomas Jefferson, haciéndole objeto de un writ of mandamus (o perentorio interdicto judicial) en relación con determinados nombramientos judiciales.

Esta Sentencia ciertamente refleja la esencia del pensamiento del juez Marshall, que consistía, en primer lugar, en su convicción de que la Constitución, en cuanto ley establecida por “We the people”, era superior a la voluntad pasajera expresada en una simple ley. Y segundo, que correspondía a la Corte Suprema decidir el significado de la Constitución, “pues manifiestamente es el dominio y la obligación de los tribunales ( the province and duty) decir lo que significa el derecho”, sacando la conclusión de la nulidad para la norma que la contraviniera (en este caso la Sección 13 de la Judiciary Act que no podía habilitar a la Corte Suprema para el nombramiento de jueces).

Pero lo que hace este libro de Joe Richard Paul es proponer un entendimiento de la orientación constitucional de Marshall, en la línea que avanzábamos antes, como conclusión de su posición ideológica federalista, y resultado de su propia experiencia personal. El libro de Richard Paul, en efecto, se ocupa de la vida anterior a la llegada del juez al Tribunal Supremo en 1801, esto es, su experiencia como soldado en la Guerra de la Independencia, como miembro de la legislatura de Virginia y delegado en la Convención de ese Estado para ratificar la Constitución Americana, embajador en Francia, miembro del Congreso y Secretario de Estado. Como dice Jed S. Rakoff en su reseña del libro en la New York Review of Books del pasado 22 de Noviembre, “estos antecedentes son cruciales para comprender el posterior trabajo de Marshall al frente de la Corte, guiándola en la resolución jurisdiccional de complejos casos acerca de cuestiones internacionales o domésticas”.

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