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AL PASO

El Brexit en perspectiva constitucional

martes 22 de enero de 2019, 20:38h

Aunque ciertamente no existe Constitución escrita en el Reino Unido, ello no quiere decir que allí no haya un orden constitucional verdadero, que consiste en unos principios, tanto valorativos como referidos al funcionamiento del sistema político. Precisamente, a mi juicio, la gravedad de la crisis del Brexit reside en que la misma habría afectado a estos principios de mala manera. Desde luego nos encontramos en un momento político bien difícil de modo que nadie sabe como se superará el impasse actual, con un Parlamento que no respalda el plan de salida acordado por el Gobierno con la Unión europea. Pero quizás sea peor el cuestionamiento de las mismas bases del sistema constitucional británico que se ha producido durante la gestación de la crisis y continúa con su desafortunada gestión.

El alcance de la crisis constitucional afecta, en primer lugar, al principio de soberanía nacional, cuyo entendimiento correcto queda en entredicho. De la residencia comúnmente admitida de la soberanía en el Parlamento, no puede seguirse que el Parlamento británico pueda conducirse arbitrariamente, sin respetar los principios constitucionales a que aludíamos arriba, con independencia de que se acepte una visión jurídica o política de las limitaciones parlamentarias. Ciertamente el Parlamento no puede adoptar decisiones contrarias al estado de derecho, por ejemplo, suprimiendo por ley el control de la administración por los tribunales o infringiendo paladinamente la igualdad o la libertad religiosa. El Parlamento tampoco puede atentar contra el principio democrático, contrariando la voluntad nacional, supuesta o manifestada explícitamente a través de un referéndum. Obviamente una vez proclamada la voluntad nacional solo cabe la revocación por una decisión contraria del mismo soberano, esto es, el cuerpo electoral que la emitió.

La cuestión con todo no es solo que el parlamento “soberano” no puede anular la decisión tomada en el referéndum del Brexit, sino que tal revocación verdaderamente no está a la mano, contra lo que muchos pretenden, mediante la convocatoria de un segundo referéndum que corrigiese la primera decisión tomada hace casi tres años. Y ello cualquiera sea la opinión que se tenga sobre las condiciones de la celebración del primer referéndum de junio de 2016, alegando que verdaderamente no se tenían claras las consecuencias de la salida de la Unión, o se sostenga una opinión contraria a la compatibilidad de la democracia representativa con la democracia directa. En efecto en una sociedad abierta y democrática difícilmente puede asumirse la ignorancia del electorado o la oscuridad de los términos de la consulta. Por otra parte, aunque quepa sostener que la compatibilidad de la representación y los referéndums es discutible, no cabe duda de que ese equilibrio es posible, como lo muestra el reconocimiento constitucional de los referéndums (sin ir más lejos en España) y la apreciación de su admisibilidad simultánea, como acaba de hacer Michael Ignatieff en un artículo impecable en The economist.

Otra cosa es admitir la razonabilidad de la pretensión del referéndum de cuestionar la imbricación europea de Gran Bretaña, que es un dislate, ya se considere la cuestión en términos históricos, como acaba de mostrar en un artículo inobjetable Guillermo Altares en El País, o se analice considerando la implicación británica en la misma vida de la Unión Europea.

Reparemos, en cualquier caso, en las dificultades para la celebración de un segundo referéndum acerca de la salida británica de la Unión. Reclamar esta segunda opinión supone devaluar la condición del pueblo, que ya obró en serio, respondiendo a lo que se le preguntó, y que ahora aparecería como un sujeto voluble o caprichoso. De otro lado, ocurre que esa segunda opinión del cuerpo electoral se solicita cuando ni siquiera se ha llevado a efecto la primera, pues el Brexit no se ha producido. Tampoco puede ocultarse que la demanda nuevamente de la decisión del cuerpo electoral pone de manifiesto graves dificultades del sistema, quiebras constitucionales indudables, podríamos decir. Denota ineptitud o malevolencia por parte del Parlamento que no es capaz de trasladar a la práctica la voluntad del pueblo británico que ha decidido irse de la Unión pero cuyos representantes no aciertan a concluir con la Unión el cuando o el como del Brexit o si sería preferible un abandono unilateral de la Organización europea.

La otra consecuencia constitucional, que no afecta a los principios del estado de derecho ni a la base democrática del sistema, sino solo a los modos convencionales de entender su forma política, y en concreto a la exigencia de la responsabilidad política en ella, tiene que ver con la actitud de la señora May, cuya determinación y resistencia se aplauden sin tasa, aunque al editorialista de The economist se le haya ido la pluma al calificar tal actitud no como firmeza sino como cabezonería perruna (pig-headness). Téngase en cuenta que la Premier británica continúa en su empeño de sacar adelante su acuerdo con la Unión, aunque el mismo fuese brutalmente rechazado el pasado martes 15 de enero en Westminster por una diferencia, nunca vista, de 230 parlamentarios.

En el ordenamiento inglés la responsabilidad gubernamental se exige, no como ocurre en el sistema español a través de procedimientos tasados, esto es, exclusivamente la cuestión de confianza, cuando la pierde el Gobierno que la ha presentado, o, a iniciativa del Congreso, cuando prospera una moción de censura constructiva (por cierto no cuando el Gobierno es derrotado en el trámite de aprobación presupuestaria: aquí la sanción es exclusivamente la prórroga de las cuentas del ejercicio anterior). Pero en el sistema inglés en un supuesto en el que se pierde la confianza sobre una cuestión vital no cabe duda de que el primer ministro ha de dimitir o convocar elecciones. ¿Por qué no lo hace la señora May? ¿Por qué se considera un rasgo de coherencia, que siga en el Gobierno a pesar de su derrota humillante en la votación sobre el acuerdo de salida con la UE (“paliza” fue el término que utilizaron muchos editorialistas ingleses)?

Se trata de dos supuestos contemplados en este comentario de una situación absolutamente inédita en el plano constitucional británico que ha subrayado su plasticidad o, quizás habría que decir mejor, su preocupante delicuescencia

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