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AL PASO

La defensa política de la Constitución

martes 19 de febrero de 2019, 19:37h

Mi insistencia en relativizar la dependencia de la Constitución de los constitucionalistas, en la que, como habrá reparado el lector, vengo abundando últimamente, no tiene otro propósito que sumar a su defensa cuantos esfuerzos sean posibles, y especialmente señalar la trascendencia política de la Norma Fundamental. Sol Gallego el otro día en la presentación de la reedición del libro que escribió, con Bonifacio de la Cuadra, sobre los autores de la Constitución recordó que esta se elaboró renunciando a la pretensión del gobierno de la UCD de entonces de partir en la labor constituyente de un anteproyecto técnico, de modo que la Constitución pudiese presentarse como una Constitución de profesores, después de que importantes fuerzas políticas pusiesen de manifiesto que el Parlamento se bastaba y sobraba para hacer una Constitución. Las mismas Cortes eran algo más, vista la procedencia de sus integrantes, que un congreso de abogados, o de expertos en derecho.

No cabe duda que la defensa de la Constitución, que es lo que ahora se ventila verdaderamente en el juicio al procés, es una cuestión jurídica. Esto es lo que resulta cuando se repara en el entendimiento de los derechos y de la Norma Fundamental de los responsables de los sucesos de septiembre y octubre de 2017, que priorizaron el derecho de manifestación y participación, ignorando su encuadramiento constitucional, como si hubiese derechos ilegales o dirigidos a destruir la Constitución. No cabe ignorar que los derechos de los que hablamos en una democracia constitucional no derivan de postulados iusnaturalistas que se impongan desde sí mismos como facultades evidentes e indiscutibles, sino de su reconocimiento constitucional y legal, ejercidos entonces en los términos del ordenamiento jurídico y protegidos por este. O dicho más simplemente no hay democracia sin Constitución ni Derecho sin derecho.

El desconocimiento de la base constitucional de los derechos lleva a los separatistas a infravalorar la misma fuente de los mismos que es la Constitución. De la que queda poco cuando se ataca uno de su elementos
cruciales como es la soberanía del Estado o la determinación territorial de la nación, como quedan fijados en la Norma Fundamental.

El desafío constitucional, que obviamente tiene un tratamiento jurídico, se trate de la actuación jurisdiccional por el Tribunal Constitucional o los jueces penales, rebasa ampliamente este plano y pone de manifiesto la trascendencia política de la Constitución. Con sus defectos y limitaciones, que no se trata de ocultar pero que deben ser correctamente evaluados, la Constitución de 1978 ha sido el primer experimento democrático con éxito en la historia política de los españoles. Por primera vez se ha conseguido una configuración política del Estado acorde con los cánones más exigentes del constitucionalismo universal; basado en un acuerdo popular ampliamente compartido; con un propósito cabal de abordar los problemas de modernización y convivencia insoslayables de la sociedad española, afirmando, en suma, un Estado de derecho, democrático, social y descentralizado.

Se trata de un orden político que los españoles intentamos muchas veces, pero que, a pesar de los esfuerzos, no lo pudimos establecer o mantener. Egoísmos sociales, ideológicos, militares lo impidieron. La última vez con el levantamiento en 1936 contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Desde esta perspectiva es lamentable que el independentismo catalán haya ignorado el encuadramiento en que su intento de vulnerar el orden constitucional de 1978, ha de situarle inevitablemente. Por eso suenan a sarcasmo las protestas de amor a España que un notorio líder separatista ha manifestado en el juicio del procés, como si se pudiese cohonestar la estima a España con la desconsideración de su orden constitucional.

La actuación anticonstitucional del procés es rechazable porque la independencia carece de títulos que la justifiquen abocando a un retroceso histórico, ético y político sin apoyo alguno. España es un territorio de solidaridad construido históricamente con aportaciones comunes de hombres, capitales y esfuerzos de toda procedencia, imposible de desandar en un momento. Es efectivamente, como López Burniol ha puesto de relieve repetidas veces, una realidad inevitable. La primera muestra de la solidaridad, a la que ninguna fuerza progresista puede renunciar, es justamente la aceptación de una estructura política común que afronte un desarrollo general y unos servicios públicos dignos para todos. Apostar por un espacio político fragmentado o ensimismado es una opción reaccionaria que carece, en un mundo en el que la integración máxima es irrenunciable, de futuro alguno.

Es además particularmente grave que el asalto independentista se haga en un sistema constitucional en el que ninguna opción ideológica está vedada, con la única condición de que se sigan los procedimientos establecidos constitucionalmente. La opción autodeterminista puede, por las vías constitucionales, ser intentada, aunque naturalmente su éxito dependerá de la capacidad de los independentistas para lograr los apoyos necesarios. Como ya he señalado en alguna ocasión, se justifica el límite de la reforma constitucional previa a la autodeterminación, porque dicho límite es constitucionalmente salvable. Si no hay objetivos imposibles a la reforma de la Norma Fundamental, no cabe saltarse la Constitución, desde un punto de vista procedimental, para su consecución.

Es finalmente lamentable que se proceda al ataque a la Constitución denunciando una vulneración de los principios y derechos que el sistema político español actual garantiza como ningún otro. Lo que no cabe es imponer, sin habilitación legal o constitucional, determinadas formas de participación, como si el ordenamiento fuese obstáculo en vez de garantía de la democracia. Tampoco, por último, puede aceptarse que la ofensiva separatista haya adoptado la forma de una revuelta institucional, que es manifiestamente una deslealtad indefendible. La Generalitat es el Estado en Cataluña, y se convendrá, desde un punto de vista lógico, que es especialmente difícil afrontar los ataques al orden constitucional procedentes de quienes debieran protegerlo y no subvertirlo.

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