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AL PASO

Los debates electorales y otras cuestiones

miércoles 17 de abril de 2019, 08:22h

No mueve a la esperanza, es la verdad, nuestro actual momento político. Y no me refiero solo a la levedad, siendo generoso con el calificativo, del debate político, que ha establecido unas cotas de banalidad y ramplonería como no recuerdo en ninguna campaña electoral hasta la fecha. El tono político debería intentarse elevar principalmente a través de los debates directos superando el fuego cruzado de provocaciones, eslóganes y lugares comunes, al que asistimos impotentes los ciudadanos y que la clase política es incapaz de abandonar.

Lamentablemente nuestra legislación electoral no impone la celebración de los debates electorales, que ahora está sujeta al capricho veleidoso de los líderes políticos, quiere decirse sobre todo al cálculo tacticista del líder que aparentemente disfruta de una posición preferente en las encuestas y que se orienta ventajistamente, decidiendo a voluntad sobre su particular interés. Mientras llega el momento de su contemplación en la regulación electoral, podría resultar adecuado insistir en la justificación de los debates en una democracia madura, que ha de esforzarse en poner a disposición de los electores los instrumentos para una decisión racional en el momento de depositar su voto, proponiendo algunas pautas para su organización.

La Junta Electoral Central, garante de la limpieza y competitividad de las elecciones, se ha pronunciado sobre la conveniencia de los debates.Así en la Instrucción 13 de septiembre de 1999 se dice que «los debates son un instrumento adecuado para posibilitar el contraste de las ideas y entre las distintas opciones electorales» y en el Acuerdo de 8 de junio de 1999 se señala que «la celebración y emisión de debates entre las distintas entidades políticas es un elemento concurrente al fortalecimiento y desarrollo del proceso democrático». No es difícil ver en estas posiciones reflejado el reconocimiento de la contribución de los debates a la información correcta de los electores, sin la cual éstos, como hace tiempo estableciese Konrad Hesse, difícilmente pueden tomar parte en la vida democrática.

La regulación a que procediese la Ley Electoral al respecto no es sencilla pero tampoco es, ni mucho menos, imposible. En la organización de los debates habrían de respetarse, primeramente, las exigencias del pluralismo, lo que lleva a la observancia de la igualdad de oportunidades de las fuerzas contendientes, pero teniendo en cuenta asimismo que el principio de proporcionalidad debe conferir alguna ventaja a las candidaturas con mayor respaldo parlamentario. De otro lado, ha de atenderse a los requerimientos de las libertades de comunicación que comprenden el respeto de la libertad de expresión, de manera que no se obligue a intervenir en el debate a quien no quiere; y la libertad de información de los profesionales de los medios, admitiendo su libertad de diseño del debate,teniendo en cuenta las expectativas de audiencia.

Pero mas allá de la coyuntura electoral me gustaría referirme brevemente a dos cuestiones que trascienden la espuma del momento y que son síntoma o causa de un serio quebranto de nuestro sistema político.

La primera cuestión se refiere al increíble reforzamiento del liderazgo de los dirigentes máximos de, al menos, los dos partidos políticos principales que se ha llevado a cabo con ocasión de la confección de las candidaturas. Llama la atención la dimensión de la renovación de éstas, de modo que el ochenta por ciento de los diputados y senadores no repiten, y que es muy difícil no interpretar como una purga de los perdedores en los procesos de primaria que tuvieron lugar en los respectivos partidos. Ello es especialmente lamentable si la decisión sobre las candidaturas se ha impuesto contrariando la voluntad de los propios militantes o hallevado a prescindir de nombres cuya competencia era indiscutible, pero que se equivocaron al optar por el candidato (a) derrotado en las primarias. Estas actitudes cesaristas ignoran, o quizás sea mejor decir hacen burla, de la confesada voluntad de incrementar la democracia en la vida interna de los partidos. Practicar el sectarismo y renunciar a la integración en el seno de los partidos, empequeñece su capacidad como sujetos políticos a los que la Constitución ha encomendado, como se sabe, altas funciones,e indirectamente, disminuye la calidad del sistema político en su conjunto.

La última cuestión a considerar es la trascendencia de la entrada de VOX en el sistema institucional de nuestra democracia, con una fuerza, al parecer, considerable. Me parece una pésima noticia que reduce la base de legitimación de nuestro orden constitucional, por más que, afortunadamente, este partido no impugne directamente la Norma Fundamental, aunque cuestione, en su programa y las actitudes de sus dirigentes, algunos de sus rasgos esenciales, hablemos del sistema autonómico, nuestra vocación europea, o las exigencias del respeto a la mujer en relación con la lucha contra la violencia de género. Es una pena que, como acontecía hasta ahora,ya no podamos presumir de tener un partido de centro derecha tan potente que no hiciese necesaria la representación de la extrema derecha, frente a lo que sucede en otros países europeos.

Es con seguridad una muestra más de los estropicios que está causando en nuestra democracia el separatismo catalán. Este no solo ha provocado en Cataluña una parálisis institucional, donde el autogobierno pervertidamente aspira a funcionar como soberano en vez de practicar la autonomía; ha convertido obsesivamente la autodeterminación en el punto central del debate político nacional, planteando en el nivel ordinario un problema que solo tiene solución en el plano de la reforma constitucional; y ha lanzado un tremendo desafío a la justicia ordinaria a la queha sometido a la prueba de stressformidable del juicio sobre el procés. Su proeza mayor por ahora ha sido, quizás, desenterrar el franquismo mientras el fundador permanece en el Valle de los Caídos.

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