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ESTADO DE DERECHO Y EXIGENCIA ÉTICA

Javier Rupérez
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jruperezelimparciales/9/1/9/21
martes 05 de agosto de 2008, 20:32h
Cuando un terrorista asesina a veinticinco personas, es condenado a tres mil años de cárcel y solo cumple veintiuno, el común de los ciudadanos tiene derecho a preguntarse si el sistema jurídico penal no está gravemente en quiebra. En el caso de la excarcelación del asesino en cuestión, Iñaki de Juana Chaos, la pregunta ha cobrado perfiles angustiosos. La invocación del estado de derecho y el respeto a él debido para justificar lo que para la inmensa mayoría de los españoles es pura y simplemente un desatino dice poco de la supremacía debida a la ley y de todos aquellos que durante ya tras decenios han sido responsables de su aprobación o de su aplicación.

El caso De Juana debería servir para reflexionar sobre la multitud de claudicaciones que la sociedad española y sus dirigentes, sobre todos estos últimos, han venido permitiendo a lo largo de los años transcurridos desde 1975 en aras de creencias, principios o intereses confesados o inconfensables. Fue primero la conmiseración hacia los que aparecían como defensores de las libertades regionales frente a las imposiciones de la dictadura. Vino luego la mala conciencia de los que habían profesado tal convicción. Llegaron también los sentimientos benévolos y la ilimitada esperanza en las capacidades del sistema penal para reinsertar a los delincuentes, por terribles que hubieran sido sus crímenes. El debate partidista mas tarde dividió, a los “buenos” –los que se oponían a cualquier reforzamiento de las penas de prisión, los progresistas, los de izquierdas,- de los “malos” –la derecha, los carcundias de siempre, que creían adecuadamente interpretar el sentido común de los ciudadanos al exigir mayor dureza en la represión de los violadores del orden publico, sobre todo los terroristas-. Las reformas legales del año 2003, que elevaron las penas de cárcel para los terroristas hasta los cuarenta años de cumplimiento efectivo sin posibilidad de acogerse a los beneficios penitenciarios habituales haría hoy imposible la repetición del caso De Juana Chaos. Pero ello es un nulo consuelo para los familiares de sus victimas y para el escandalizado sentimiento general del español buen nacido –afortunadamente una inmensa mayoría de los que pueblan el antiguo y martirizado solar- que con incredulidad se pregunta :¿cómo hemos podido llegar a esta locura?

Pasemos de puntillas por los obscenos momentos del año pasado, cuando De Juana obtenía una inmerecida misericordia tras la bufonada de la huelga de hambre, para encontrarnos hoy al asesino en libertad, reintegrados todos sus derechos constitucionales, entre los cuales ostenta el haber falsificado los currículos académicos que facilitaron su temprana excarcelación y el fraude de ley que le permite evitar el pago de las indemnizaciones debidas a las victimas mediante el procedimiento de poner sus bienes a nombre de su mujer. Y la afrenta añadida de convertirse en vecino de los familiares de los que fueron sus victimas. ¿Acaso no se impone una pena de alejamiento a los abusadores sexuales? ¿No existen posibilidades legales para frustrar la última ignominia, la de la victima soportando diariamente la presencia del verdugo? Ni De Juana Chaos ni ninguno de sus criminales conmilitones ha pedido nunca, nunca, indulgencia o perdón.

Pero la historia de De Juana nos ha permitido hurgar en otras particularidades del trato que el sistema penitenciario español otorga a los terroristas: excarcelaciones justificadas por cuadros depresivos, o por apneas del sueño –los ronquidos del criminal- o por los tardíos deseos de presas terroristas para realizar una fecundación “in vitro”. Por no recordar con estupor las imágenes televisivas de los delincuentes insultando al tribunal que los juzgaba, pataleando las paredes de la jaula de cristal que los contenía o enfrentándose a las fuerzas de seguridad que con mansedumbre cívica procuraba poner coto a sus desmanes. ¿Es eso el estado de derecho?

El criminal ya anda suelto y las sutilezas del sistema legal hacen imposible su retorno al lugar al que pertenece, a la cárcel. Y los reproches solo tendrían sentido si apuntan a la responsabilidad colectiva de una sociedad amedrentada y de unos estamentos –políticos, judiciales, policiales- incapaces de percibir la dimensión de la herida. De Juana nos podría servir –pobre consuelo- si colectivamente supiéramos interpretar el alarido español de hoy en dia: nunca más. Sería un sarcasmo que Iñaki De Juana Chaos acabara protegido por los compañeros de los guardias civiles que él asesinó.

Javier Rupérez

Embajador de España

JAVIER RUPÉREZ es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

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