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ANTICORRUPCIÓN

La Fiscalía eleva a ocho años y medio la condena a Rato por la salida a Bolsa de Bankia

Rodrigo Rato.
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Rodrigo Rato. (Foto: EFE)
lunes 22 de julio de 2019, 11:05h

La Fiscalía Anticorrupción ha elevado este lunes en el juicio por la salida a bolsa de Bankia su petición de condena para el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y otros once acusados, y ha añadido falsedad contable al delito de estafa a los inversores, de modo que la pena podría alcanzar los ocho años y medio.

El exvicepresidente económico de Gobierno, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia Rodrigo Rato está inmerso en varias causas penales por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares e irregularidades fiscales.

En poco tiempo, Rato ha pasado de ser un respetado político y gestor financiero a verse imputado en varios procedimientos judiciales que sumarían decenas de años de cárcel si prosperasen y a darse de baja en el Partido Popular (PP), formación en la que militó durante más de tres décadas.

La primera causa contra Rato fue iniciada por la Audiencia Nacional a finales de 2012 por el supuesto falseamiento de las cuentas en la salida a Bolsa de Bankia, que tuvo que ser nacionalizada en 2012 y rescatada con 22.000 millones de euros del erario público.

Desde julio de 2013, Rato está imputado por presuntos delitos de falsificación de cuentas, administración desleal y apropiación indebida por su participación en el proceso bursátil.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió una pieza separada del caso "Bankia" en octubre de 2014 por el asunto de las denominadas “tarjetas black”, una retribución para gastos personales de directivos de Caja Madrid y Bankia, que se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos y financieros de la crisis.

Rato fue condenado a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida y administración desleal por el caso de las denominadas “tarjetas black”, una retribución para gastos personales de directivos de Caja Madrid y Bankia que alcanzó la cifra de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. El Tribunal Supremo confirmó esta condena en octubre de 2018.

En su primera sentencia condenatoria, producida en febrero de 2017, Rato fue encontrado culpable por asignar 2,69 millones de euros a sus directivos para gastos personales, opacos a Hacienda, durante su presidencia entre 2010 y 2012.

Otro procedimiento, el denominado "caso Rato", emprendido por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid en abril de 2015, investiga las presuntas irregularidades fiscales derivadas de sus negocios particulares y los sobornos supuestamente cobrados durante su etapa al frente de Bankia.

El magistrado Antonio Serrano-Arnal ordenó su detención durante unas horas dos días después de trascender que estaba siendo investigado por blanqueo tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012. Finalmente le imputó cinco presuntos delitos contra la Hacienda Pública y corrupción entre particulares.

La investigación se centra en 6,5 millones de euros de origen desconocido que Rato tenía en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Guernsey (Reino Unido) y el cobro de 835.000 euros en comisiones a cambio de la adjudicación de grandes contratos publicitarios de Bankia.

Serrano-Arnal abrió en enero de 2016 otra pieza separada de la causa principal contra Rato por presuntas comisiones ilegales del banco de inversión Lazard y de la operadora Telefónica por administración desleal.
Y en julio de 2016 inició otra por delito de administración desleal por presuntas irregularidades en la contratación en 2010 de su excuñado Santiago Alarcó y de su secretaria personal Teresa Arellano.

CAUSAS ABIERTAS


Caso Bankia
En esta causa, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Rato está imputado por el supuesto falseamiento de las cuentas de Bankia para su salida a Bolsa en junio de 2011.

Rato había declarado por primera vez ante la Audiencia el 20 de diciembre de 2012 para esclarecer el proceso que culminó con la fusión de Caja Madrid y otras cajas de ahorro en Bankia y su posterior salida a Bolsa.
Desde julio de 2013 está imputado, junto a los miembros del Consejo de Administración de Bankia que impulsaron aquella operación, por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal y apropiación indebida.

El juez investiga si la entidad, que tuvo que ser nacionalizada en mayo de 2012 y rescatada con 22.000 millones de euros del erario público, presentó a sus inversores una contabilidad falsa en el proceso de salida a Bolsa. Un informe elaborado por dos expertos independientes del Banco de España concluyó que “los estados financieros de BFA (la matriz de Bankia) incluidos en el folleto de emisión no expresaban la imagen fiel de la entidad”.


Caso de las tarjetas "black"
Rato fue condenado a cuatro años y medio de prisión en febrero de 2017 por apropiación indebida y administración desleal por el caso de las denominadas “tarjetas black”, una retribución para gastos personales de directivos de Caja Madrid y Bankia que alcanzó la cifra de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.

En esta primera sentencia contra Rato también fue condenado su antecesor en el cargo, Miguel Blesa, a seis años por los mismos motivos, y a los otros 62 usuarios de las tarjetas.

Este procedimiento, una pieza separada del caso "Bankia" y dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu desde octubre de 2014, se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos y sociales de la crisis financiera.

La Fiscalía consideró a Rato responsable de la asignación de 2,69 millones de euros para gastos personales que los directivos de la entidad crediticia cargaron a estas tarjetas entre 2010 y 2012, cuando él estuvo al frente de la entidad.

Los gastos, muchos de ellos en bienes de lujo, quedaron ocultos a Hacienda. Rato había devuelto 99.000 euros que cargó a su tarjeta.

Caso Rato (Blanqueo de capitales)
Rodrigo Rato tiene otra causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid desde abril de 2015 por cinco presuntos delitos contra la Hacienda Pública y corrupción entre particulares.

El magistrado Antonio Serrano-Arnal investiga en el denominado "caso Rato" las presuntas irregularidades fiscales derivadas de sus negocios particulares y los sobornos supuestamente cobrados durante su etapa al frente de Bankia.

Rato permaneció detenido el 16 de abril de ese año durante cuatro horas, mientras los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera registraban su domicilio y su despacho, dos días después de trascender que estaba siendo investigado por blanqueo tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012.

En esta causa, en la que Rato tuvo que entregar el pasaporte y afrontar una fianza de 18 millones de euros, se ha revelado que disponía de 6,5 millones de euros de origen presuntamente desconocido en Kradonara, una sociedad que controlaba a través de una mercantil radicada en el paraíso fiscal de Guernsey (Reino Unido).

La investigación también destapó el cobro por parte del expresidente de Caja Madrid y Bankia entre 2010 y 2012 de 835.000 euros en comisiones a cambio de la adjudicación de grandes contratos publicitarios de la entidad bancaria.

Rato también deberá aclarar un posible fraude en el cobro de sus servicios profesionales a Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC).

El 30 de julio de 2018 declaró sobre el presunto blanqueo de capitales a través de sociedades domiciliadas en el extranjero sin actividad social conocida con la finalidad de defraudar a Hacienda.

Caso comisiones irregulares
El juez Serrano-Arnal abrió en enero de 2016 una pieza separada de la investigación por irregularidades patrimoniales contra Rato por administración desleal y supuesto cobro de comisiones ilegales, entre ellas del banco de inversión Lazard y de la operadora Telefónica, para los que trabajó Rato después de ser director gerente del FMI.

El juez investiga si el supuesto pago de 6,2 millones de euros a Rato en 2011 tras su salida de Lazard forma parte de algún tipo de comisión privada a Rato, que durante su presidencia en Bankia otorgó contratos al banco de inversión por 14 millones de euros.

Respecto a Telefónica, la investigación se centra en el contrato como miembro del consejo asesor de la compañía para Europa y Latinoamérica, por el que Rato percibía su remuneración a través de su empresa Kradonara, con el presunto objetivo de evitar su tributación.

Caso contrataciones irregulares
Serrano-Arnal abrió en julio de 2016 una pieza separada en la causa principal contra Rato por administración desleal en 2010 por presuntas irregularidades en la contratación de su excuñado, Santiago Alarcó, y de su secretaria personal, Teresa Arellano.

Informes de la Guardia Civil señalan que Alarcó fue contratado como asesor de Caja Madrid con una retribución de 120.000 euros, que en 2012 pasó a ser de 240.000 y al año siguiente de 480.000 euros.

La retribución de Arellano experimentó también un considerable incremento: 110.000 euros en 2010, 213.000 en 2011 y 374.500 en 2012, con una indemnización por despido de 339.619 euros.

Rato, que declaró como investigado ante el magistrado, subrayó las experiencias laborales de ambos como requisitos para los cargos en los que fueron contratados.
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