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PSOE-UNIDAS PODEMOS

Primeras fisuras en el Gobierno por la política migratoria y la ley de libertad sexual

Primeras fisuras en el Gobierno por la política migratoria y la ley de libertad sexual
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(Foto: PSOE Twitter)
jueves 20 de febrero de 2020, 12:30h

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, reconoce que hay "discrepancias" entre los socios del Gobierno a cuenta de la política de inmigración, pero está convencido de que se resolverán, mientras el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha afirmado: "Somos un Gobierno unido".

Ambos han hablado esta mañana en los pasillos del Congreso sobre el distanciamiento de los miembros de Unidas Podemos que forman parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez a raíz de la política migratoria defendida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la repercusión de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala las "devoluciones en caliente".

En unas breves declaraciones, a la salida del pleno, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha limitado a remarcar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es un Gobierno "unido" y ha apuntado que en todo caso que los problemas que pueda tener se resuelven internamente.

Después, el líder de los comunes en el Congreso ha reconocido abiertamente: "Es verdad que hay discrepancias entre los socios de Gobierno, y ahora se trata de encontrar vías para resolver esa discrepancias". En el mismo sentido se ha pronunciado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, quien ha admitido que hay "diferencias".

También hay roces en el seno del Ejecutivo a cuenta de la ley de libertad sexual que preveía llevar próximamente Irene Montero al Consejo de Ministros, ya que aunque el proyecto está terminado por parte de Igualdad, aún no ha recibido la conformidad del Ministerio de Justicia.

"En el Ejecutivo hay discrepancias por la ley de libertad sexual, uno de los compromisos del acuerdo del Gobierno, expresamente reflejado en el pacto que se presentó", han subrayado a Efe fuentes de la negociación.

Esta ley integral, recogida en el acuerdo de Gobierno de coalición, incluiría la reforma del Código Penal para que el consentimiento sea la clave en la tipificación de los delitos sexuales (que sólo sí sea sí), como establece el Convenio de Estambul.

Un debate que ha coincidido con la intención expresada por el Gobierno de acometer una reforma amplia del Código Penal, que incluiría una revisión del delito de sedición.

Las mismas fuentes de la negociación han precisado que el Gobierno había acordado iniciar su tramitación antes del 8 de marzo y que, terminado el texto "hace días", "lo único que falta para que se empiece a tramitar y llegue a tiempo es que el ministro de Justicia -Juan Carlos Campo- dé el ok".

Han destacado que Igualdad espera el respaldo de Justicia desde hace semanas y que el ministro "se niega a hacerlo alegando generalidades de procedimiento, sin concretar". Sin embargo, fuentes de Justicia han asegurado que "no hay ningún tipo de bloqueo" y que están colaborando "de buena fe" con Igualdad para tener "el mejor texto posible".

La Secretaría de Estado de Comunicación ha negado, por su part, que existan discrepancias en el seno del Gobierno y mantiene su compromiso de la ley de libertad sexual sea tramitada "en los plazos previstos". Moncloa asegura que el proyecto tiene "un consenso total" en el Gobierno de coalición y anuncia que estará listo en los plazos previstos enviando "un mensaje claro de compromiso del gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo".

"Todo el mundo tiene que hacer sus aportaciones. Estamos cooperando, es una ley importante y estamos actuando como siempre, haciendo nuestras aportaciones. Es una ley orgánica que afecta a derechos fundamentales sobre un asunto que nos importa muchísimo, como a todo el Gobierno", han incidido desde Justicia.

Unidas Podemos ha trasladado al PSOE su malestar en la reunión de coordinación del pacto de Gobierno que se ha celebrado este mediodía en el Congreso, a la que han acudido con vocación de alcanzar un acuerdo que permita llevar la legislación al Consejo de Ministros antes del 8 de marzo.

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