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EDUCACIÓN

'Ley Celaá': freno a la segregación y Religión no hará media

'Ley Celaá': freno a la segregación y Religión no hará media
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(Foto: Efe)
martes 03 de marzo de 2020, 13:33h

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma educativa de Isabel Celaá, que incluye la modernización de la Formación Profesional con la colaboración de todos los agentes implicados; la reforma de la profesión docente; el refuerzo de los planes de cooperación territorial y la reforma del actual modelo de becas que garantice la igualdad de oportunidades.

Por primera vez, una ley educativa incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. Además, el texto adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación.

Asimismo, la norma plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. De igual forma, la educación para el desarrollo sostenible ha de incluirse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria.

“Nuestra propuesta multiplica el esfuerzo, que ya no es solo del estudiante. Queremos un sistema educativo que acompañe a los estudiantes en su desarrollo como individuos, como ciudadanos de una sociedad democrática y como profesionales competentes. Nuestra sociedad necesita todos los talentos”, ha subrayado Celaá tras el Consejo de Ministros.

La digitalización es otro de los ejes fundamentales de la ley. Se trata de una iniciativa transversal que implica una nueva forma de construir conocimiento y gestionar la información, y que transforma también la economía y el empleo. Para desarrollar esta estrategia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha elaborado el Plan de digitalización y desarrollo de la competencia digital en Educación y FP.

El proyecto de Ley aprobado hoy pretende extender la educación infantil 0-3, además asegura una distribución equilibrada del alumnado y refuerza la prevención de la segregación entre escuelas y entre las redes pública y concertada para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. “El objetivo de la LOMLOE es que el alumnado tenga más y mejores oportunidades educativas, el profesorado tenga los recursos necesarios para una educación más personalizada y las familias, una participación más activa”, ha destacado Celaá.

La norma pretende garantizar a estudiantes, profesorado y centros un modelo inclusivo y moderno sin itinerarios segregadores ni reválidas. Se eliminan los itinerarios de 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en ESO. Los alumnos y alumnas que superen la FP Básica recibirán el título de graduado en ESO, lo que les permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria. Por otro lado, introduce evaluaciones-diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de ESO para que los centros y profesores desarrollen planes estratégicos de mejora continua.

El proyecto de Ley apuesta por la actualización del currículo, haciéndolo más flexible y competencial, dejando a un lado los contenidos enciclopédicos y memorísticos. También se reformula el programa curricular de atención a la diversidad y se incorporan medidas de flexibilización para estudiantes con necesidades educativas especiales.

La Educación Primaria se organiza en tres ciclos. La ley elimina la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria (desaparece la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen definitivamente las pruebas finales de etapa.

El texto lleva a cabo una regulación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional. Se recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que venía funcionando satisfactoriamente hasta 2013 –un 55% de los contenidos y materias serán competencias del Estado en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y un 65% serán competencias del Estado en las comunidades con una lengua oficial–.

Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable.

Por otro lado, la norma garantiza que todos los estudiantes de Educación Primaria y ESO cursen una materia de educación en valores cívicos y éticos. En Bachillerato, se prevé la posibilidad de que, excepcionalmente y cuando el claustro valore que se han obtenido los objetivos del ciclo, se obtenga el título por compensación en caso de superar todas las materias salvo una.

Asimismo, la religión será materia de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria, y se elimina la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. La calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros.

El PP clama contra la reforma educativa

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire la reforma educativa por "imponer" esta reforma que está hecha "de espaldas" a la mitad de la representación parlamentaria y de la sociedad española.

"Están a tiempo de retirar ese proyecto de ley y que nos sentemos con toda la comunidad educativa a trabajar", ha afirmado, tras asegurar que el PP tiene "la mano tendida" para llegar pactar una reforma en base a un decálogo de puntos "por la libertad educativa".

En declaraciones este martes en La 1, Gamarra ha insistido en la misma idea al denunciar que la reforma educativa del Gobierno “no garantiza la pluralidad y la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, que recoge la Constitución, y tampoco cuenta con el amplio consenso social que esta ley tiene que tener”.

El PP, añade, propone hablar de “un único sistema educativo y no de 17 y que la alta inspección cumpla su objetivo de no adoctrinamiento”.

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