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REFLEXIONES VOLTERIANAS

¿MONARQUÍA O REPÚBLICA? UN FALSO DILEMA

viernes 07 de agosto de 2020, 11:00h
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Desgraciadamente. Porque sería una pregunta irreprochable (otro problema es cuán oportuna o urgente), y un planteamiento perfectamente honesto, siempre y cuando se respetara el ordenamiento legal que, a los efectos, viene regulado por el artículo 168 de la Constitución. Y ahí comienza el problema, porque quienes cuestionan la forma de Estado no tienen la menor intención de ajustarse a norma alguna, sino a la ola plebiscitaria. Lo mismo que los nacionalistas. Nuestro Vicepresidente neo-comunista, en la mejor línea populista, no hace un secreto de sus opiniones, cuando, junto a un cambio en la forma de Estado, aboga por una España de naciones: un cambio, pues, del sujeto de soberanía, que dejaría de residir en el conjunto de la ciudadanía española para remitirla a –suponemos- cada una de las 17 Comunidades.

Que mis amigos constitucionalistas me saquen de mi ignorancia, pero desconozco una constitución confederal democrática y, menos aún, estable. No lo fue en la revolución americana de las Trece Colonias. De hecho, el breve experimento resultó tan caótico que, en lo militar, anduvo cerca de provocar un golpe militar neo-monárquico y, en lo económico, produjo una ruina de tales proporciones que dejó su rastro en el idioma (vale menos que un Continental, se decía de algo ruinoso con el ejemplo desastroso de la moneda confederal). De hecho, la Constitución de 1787, y la federalización de la naciente República debe mucho al fracasado experimento. De suerte, que no exageramos demasiado si afirmamos que la primera democracia moderna es, en cierto modo, consecuencia del fiasco confederal: fracaso reiterado que, en la siguiente centuria, produjo la Guerra de “Norte contra Sur”, como rezaba en el título de la famosa novela de Verne para ilustrar un pavoroso conflicto civil que enfrentó a la Federación Americana con los Estados Confederados que defendían las mismas ideas constitucionales que propone Pablo Iglesias para España de hoy. Un par de décadas antes, la Confederación Suiza también terminó como el rosario de la aurora: en una guerra civil (1847) en que los 7 cantones del Sonderbund, predominantemente católicos y conservadores, fueron derrotados, para dar paso a la proclamación de la Constitución Federal Suiza de 1848 que liquidó el experimento confederal. En el siglo pasado, el gran ejemplo (semi) confederal fue la Constitución de la URSS desde 1924, que se mantuvo (en 1936 y en 1977), mientras el poder real absoluto estuvo en el Politburó y en la Secretaría General del Partido Comunista, y se deshizo en diversas entidades independientes al desaparecer (1991) ese poder omnímodo centralizado. En realidad –y esto es lo interesante en relación a los que abogan por un salto republicano en la España de hoy- el anzuelo del nacionalismo confederal fue, desde sus orígenes (antes incluso del texto de1922), una ganzúa con la que el leninismo comunista pensaba desarticular el imperio zarista, como catapulta para la dictadura del proletariado dirigida por el Partido Comunista. Una buena idea, desde su punto de vista y como instrumento de revolución. No se me malinterprete, empero, lo suyo, el objetivo estratégico, era la revolución proletaria universal de la “famélica legión”. De suerte, que los comunistas de verdad, desde Marx a Lenin, pasando por Engels -que tiene escritos despectivamente demoledores contra los nacionalismos, como reliquias reaccionarias del Antiguo Régimen- pensaban que los localismos nacionalistas acabarían arrumbados en el desván de la Historia. Es decir, eran internacionalistas. Como también lo eran sus competidores social-demócratas, al menos hasta 1914, cuando el virus nacionalista les contaminó, breve aunque trágicamente, con consecuencias devastadoras para sus agrupaciones y para toda Europa, como predijo y denunció el político socialista Jean Jaurès, antes de caer asesinado por un nacionalista francés.

No así en España. Antes, al contrario: el PSOE siempre fue un dique de contención democrático frente al tribalismo del nacionalismo identitario, antes y después de la Guerra. En la reciente (desde el 2004) deriva nacionalista de la izquierda española, el portador de la infección ha sido el PSC. Y el estrago producido en la coherencia filosófica socialista y, por ende, en nuestro sistema democrático a la vista está. Es difícil ser socialista calculando balanzas fiscales entre territorios y confundiendo el derecho a la diferencia con la diferencia de derechos. Con tamaño programa, ni siquiera es posible ser liberal ni progresista: la canibalización nacionalista del Estado es una especie de regreso al Antiguo Régimen, que amenaza con darnos de bruces en el “mundo restaurado” de la Santa Alianza, pero trufado de tensión romántica. Ese programa de arqueología confederal parece un híbrido de Carlyle y De Maistre -sin la pluma del primero ni la cabeza del segundo, claro está- aderezado con algunas gotas de cursilería ecologista, beatería izquierdista con cara de velocidad progresista y su dosis de violencia populista, como guinda del pastel de un régimen plebiscitario. Desde que el Dictador se inventó el Fuero de los Españoles, en un patético intento de congraciarse con los Aliados vencedores, no hemos visto un programa tan reaccionario como el que hoy nos amenaza. Que la social-democracia española haya acabado en algo tan lamentable es, desde su propia naturaleza ideológica, un error filosófico de proporciones históricas que malabarismos de encuestero no podrán disimular, por más manos de sondeos que barajen. Es posible que la democracia española sobreviva a un cesarismo vacío de ideas y huérfano de gestión, y cuya única política reconocible es el engaño y la mentira al servicio de un tinglado de imagen y propaganda, pero, como temen, abrumados, los socialistas honestos de mi generación, es dudoso que el partido socialista se recobre de tal esperpento.

Otra cosa es el neo-comunismo populista, para quienes, en la mejor tradición leninista, el nacionalismo es un instrumento útil para cambiar no ya sólo la Constitución, sino el sujeto de soberanía, el cual –tras doscientos y pico años de azarosa travesía- dejaría de residir en el conjunto de la ciudadanía española. Y, claro, en esa pirueta plebiscitaria hacia un régimen confederal populista sin independencia y separación de poderes, sin controles ni equilibrios, sin un funcionariado weberiano estable e independiente, una monarquía constitucional como garante de democracia es un obstáculo muy incómodo. Y no porque sea soberana, sino precisamente porque no lo es; o, para ser más exacto, porque ha querido y sabido dejar de serlo. La monarquía de don Juan, (al contrario que la de su padre, Alfonso XIII, que se plegó al golpe de Primo de Rivera en 1923), ha demostrado en cuatro ocasiones ser garante de la soberanía nacional y de su expresión legal, entendiendo por tal, la voluntad del conjunto de la ciudadanía española. Lo ha sido, en primer lugar, con el conde de Barcelona, frente a Franco y reservándose sus derechos dinásticos hasta que el rey don Juan Carlos dio paso a unas Cortes Constituyentes democráticas; en segundo lugar, con el propio don Juan Carlos, renunciando a los poderes, que eran todos, y que todos los recibió del Dictador- para transmitirlos integramente, convirtiendo en soberano al conjunto de la nación; en tercer lugar, defendiendo, de manera decisiva, la soberanía nacional frente a un golpe de estado nacionalista (españolista) el 23 de Febrero de 1981; y en cuarto lugar –en esta ocasión el rey Felipe VI- respaldando con su palabra esa misma soberanía nacional, frente a otro golpe de estado del nacionalismo secesionista catalán. (Por cierto, a quienes hemos nacido –y vivido demasiados años- bajo el general Franco; a quienes contuvimos el aliento ante el golpe nacionalista de Tejero, nos van a tener que explicar, más despacio y por su orden, estos jóvenes políticos populistas qué dulce secreto encierra el nacionalismo catalanista para que sus intentos de golpes de Estado nos deban parecer tan atractivos y progresistas).

En todo caso, con estos antecedentes dinásticos, no es sorprendente que quienes pretenden llevarnos a una suerte de caudillismo populista por vía plebiscitaria, encuentren en una Corona que ha cumplido casi ochenta años al servicio de la libertad y de la democracia, versión occidental, un tapón que deben desatascar. Fuera ya de otras razones, hacer saltar la monarquía parlamentaria es llave para desmontar un régimen de libertades, independencia y separación de poderes, que garantiza el imperio de la ley y la soberanía nacional. Por eso, el ostracismo del Rey Juan Carlos –un episodio triste y profundamente injusto, desde el punto de vista de la historia de la democracia en España- no es más que un paso, importante, pero que no se detendrá con su sacrificio y alejamiento. Y ello, porque el objetivo estratégico pasa por llevarse por delante la Monarquía en el camino hacia la República.

En este punto, empero, liberales y demócratas de la oposición deberían plantearse la cuestión con más flema y sentido deportivo: ¿qué república nos proponen?; ¿la Suiza, la Finlandesa, o, acaso, la de Austria?, países mal llamados “frugales”, donde debíamos leer económicamente ordenados; es decir, que no gastan más de lo que tienen y producen. Nada más lejos tal cosa del paraíso populista soñado: una receta que habrá generado países empobrecidos, pero, como tales, políticamente dependientes. La pobreza económica –ya lo sabemos- maximiza poder político: en Cuba se habrán quedado sin azúcar, en Argentina sin carne, y en Venezuela sin petróleo, pero el poder poder político de esos gobiernos comunistas y populistas se ha incrementado de manera exponencial. No nos engañemos, pues, la República ansiada, para que cumpla las ambiciones populistas de la partera Podemita, debe ser una Res muy poco Publica. Más bien, exclusiva, que se decía en el lenguaje político ochocentista, privativa de algunos partidos socio-comunistas y secesionistas. Pablo Iglesias, que apenas disimula sus intenciones, nos lo ha explicado con detalle: se trata de elevar a categoría de norma constitucional un programa dizque progresista; integrar como derechos lo que son propuestas, como mucho oportunidades. Sin embargo, la cuestión -nos alertaba el profesor Macarro analizando la constitución republicana de 1931- es que un programa para la “reforma social, económica o política no se identifica con –ni se proyecta como albergue de- la democracia”. Y el problema estriba en que un habitáculo común pide construirse con proposiciones en o donde quepa la inmensa mayoría de la ciudadanía. Para es, a los efectos, una preposición mal elegida porque provoca una confusión entre el continente institucional y un determinado contenido programático. El conjunto de reglas, controles y equilibrios que constituyen la democracia pluralista se supone que es el continente político compartido. En suma, lo contrario a un instrumento para la ingeniería social y política.

Ahora bien, lo que los populistas quieren es precisamente ese instrumento, esa llave de tuercas que les abra la puerta de un nuevo régimen revolucionario. Mucho más que un cambio en la forma de Estado, mucho más que la república, necesitan esa ganzúa constitucional. Por eso, no les servirá la Constitución del 78, ni siquiera con la reforma que implicaría cambiar la forma de Estado a una república. Reforma muy profunda, sin duda, complicada, difícil, pero posible siguiendo escrupulosamente las pautas del artículo 168. Sin embargo, tal hipotético resultado resultaría insuficiente: he aquí un buen baremo del porqué Monarquía/República es un falso dilema y de cuál es la verdadera dirección del cambio. Una Res verdaderamente publica se quedaría corta. Sería un cambio irrelevante. El programa nacional-populista precisa la liquidación del soberano; del verdadero soberano, que no son los reyes de la estirpe del conde de Barcelona, sino la nación española. En su lugar, 17 nuevos soberanos, apenas zurcidos por una constitución confederal como diseño de parte. Por eso, será una constitución como instrumento; es decir, una constitución de partido. Una Constitución-programa, valga la contradicción: el origen de todos nuestros males, escribía Cánovas hace como siglo y medio, porque ponía en el disparadero –y el término era más literal que metafórico- a todos los excluidos del régimen privativo que acaparara el poder. De ahí que, ante situaciones como las presentes, Aristóteles no pierda el tiempo enredándose con las formas de gobierno por el definidas. Habla de Metabolé kai Stasis: cambios especiales, hors-la-loi, que implican una tensión revolucionaria.

Y ese es el verdadero dilema. No obstante –y ya metidos en el debate entre formas de Estado y de gobierno- el planteamiento político que se vive en España ha iluminado los conocidos arquetipos con una luz sumamente original, por más que contradictoria. Va a resultar ahora que a la República, que es el habitáculo clásico de la legalidad democrática, se le quiere imprimir un giro partidista como instrumento revolucionario; mientras que la Monarquía, que es la morada clásica del poder autocrático, aparece en España y en la estirpe del conde de Barcelona, como garante de la legalidad democrática. Curioso. Y hasta divertido…sino fuera porque uno vive dentro del ruedo.

Por José VARELA ORTEGA
Editor de EL IMPARCIAL

José Varela Ortega

Editor de EL IMPARCIAL

José Varela Ortega es editor de EL IMPARCIAL e historiador

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