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AL PASO

La monarquía y sus reyes

Juan José Solozábal
martes 01 de septiembre de 2020, 20:06h

Sin duda el debate principal de este verano ha sido el mantenido sobre la monarquía, en relación sobre todo con el episodio del abandono del Rey emérito del territorio nacional, cuya gestión ha resultado bastante deficiente. Pero la verdad es que la discusión ha superado los límites concretos de la circunstancia presente y se ha convertido en una oportunidad para reflexionar sobre la propia institución monárquica y su tratamiento constitucional.

Ciertamente este debate es inevitable y hemos de abordarlo confiando en que, contra lo que ocurre con la economía donde la moneda falsa acaba imponiéndose, en una sociedad sana las ideas mejores, esto es, basadas en la racionalidad y el sentido común, prevalecerán. El ángulo desde el que yo reflexiono es el del derecho constitucional y lo utilizo porque considero que partir de la Constitución, esto es, servirse de argumentos jurídicos en la discusión sobre la monarquía, es adoptar una perspectiva enriquecedora.

1-En una discusión jurídica lo primero es servirse de los términos con rigor. Por eso es cuestionable llamar, algo pomposamente, a nuestra Constitución Carta Magna, un documento medieval en el que el monarca inglés reconocía determinados derechos nobiliarios. Conviene reparar en que en nuestra Constitución la monarquía no es considerada forma de estado, sino que aparece calificada como forma política. Lo que quiere decir que el Rey no es un elemento definitorio del Estado, su rasgo verdaderamente esencial o constitutivo, sino que responde a una variante organizativa de la forma política, en la que su jefatura se ocupa por herencia y de modo vitalicio. El Rey no tiene poder político propio. Lo que verdaderamente define al Estado de nuestra Norma Fundamental, además de su dimensión social, es su carácter democrático, la sujeción al derecho en su funcionamiento, y su organización territorial descentralizada.

Siendo esto así, la prueba en la que procede evaluar a nuestro Estado es la de su rendimiento como democracia, restando trascendencia a la contraposición entre monarquía y república. Como sabemos todos hay autocracias republicanas, claramente reprobables, y monarquías parlamentarias, que, en cambio, ocupan las posiciones más altas como verdaderas democracias.

2-Si se trata de considerar objetivamente la figura de don Juan Carlos debemos formar nuestro criterio atendiendo a dos consideraciones. En primer lugar, la presunción de inocencia, que no puede negarse al Rey emérito como a cualquier ciudadano, aunque su alcance ético y político no se agota en lo que resulte de la decisión judicial definitiva que pueda haber en su caso.Todos hemos comprendido y valorado como imprescindiblemente necesarias las decisiones que el propio Rey ha tomado renunciando a la herencia que le pudiera corresponder o retirando del presupuesto de la Casa Real asignación alguna al Rey emérito. En segundo lugar, cuando se trata de figuras públicas ha de andarse con cuidado sobrevalorando datos que corresponden a la vida privada. Juan Pablo Fusi ha hecho al respecto algunas precisiones sumamente indicadas. El juicio que merece Carlos I no depende de su conocida dependencia de la cerveza, ni la valoración del reinado de Isabel II de su vida amorosa o la contribución asentamiento de la monarquía constitucional de la Reina María Cristina de sus escrúpulos ante la especulación financiera, perfectamente inexistentes, como sabe cualquier lector de Pérez Galdós. “No creo que Raymond Carr, que tiene el mejor libro del siglo XIX, apunta Fusi, hable demasiado de los problemas personales de la reina Isabel. Creo que no habla para nada. Bueno, pues ese es el gran historiador”.

3-La tercera observación que querría hacer se refiere al problema de la inviolabilidad del Rey, cuestión esta que es frecuente ver considerada de modo, a mi juicio, incorrecto.

Desde luego la Constitución no permite, si no es modificada, una idea limitada de la inviolabilidad, reduciéndola a las actuaciones públicas del Rey. La inviolabilidad se proclama como la condición-inatacabilidad- de otras figuras e instituciones en la Norma Fundamental: se trate de la de las Cortes (art. 66 CE) y los derechos fundamentales (art. 10 CE). Es expresión, entonces, de la consideración más alta del constituyente y se identifica en términos generales con una protección a ultranza, frente a todos y de todas las maneras. Cubre por tanto la irresidenciabilidad o inmunidad judicial. La ley de junio de 2014 (modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial) introduciendo el aforamiento del Rey emérito (entre otros) supone reconocer que antes de que el Rey dispusiera de la situación de emérito no había donde residenciarlo por sus actos: era verdaderamente inviolable.

Pero la defensa de la inviolabilidad puede hacerse en términos funcionales: el desempeño de las tareas relacionales que le encomienda la Constitución, representativas y de manifestación de la voluntad del Estado, asegurando que así se cumple con la función de establecer la unidad y permanencia de éste, se llevan a cabo mejor si el Rey no es perseguible ante los tribunales. Este hueco del Estado derecho -no responsabilidad en términos jurídicos y quiebra de la igualdad-, se salva además de por un compromiso de ejemplaridad insoslayable por parte del Jefe del Estado, por su responsabilidad política. Esta que ya se ha verificado en relación con el Rey emérito, que hubo de pedir perdón, después abdicar, y ahora aceptar una expatriación no querida, caso de que se ejerciese en el caso de Felipe VI como respuesta a sus actos delictivos llevaría a un clamor exigiendo su renuncia y dando paso a la abolición de la monarquía, previa reforma constitucional. De otro lado, la confianza en que la conducta del Rey será irreprochable se deduce no solo de que es la que ha observado hasta ahora, y de la fortaleza de sus convicciones constitucionales, bien conocida, sino sobre todo en que otra conducta sería, por lo que decía hace un momento, suicida.

Pedir ahora el acotamiento de la inviolabilidad, mucho más si se establece mediante una ley orgánica que ni está prevista constitucionalmente ni es pertinente en modo alguno -pues el estatuto de la Corona en sus términos esenciales queda reservado a la Constitución- es introducir, a mi juicio de manera inconveniente, un elemento gratuito que solo sirve para desnaturalizar la institución de la monarquía, contribuyendo equivocadamente a su deterioro.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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