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A VUELTAS CON LOS ÁRABES

Las árabes y la igualdad de género

Juan Manuel Uruburu
martes 22 de septiembre de 2020, 20:45h

Tal vez, una de las materias que más determina la visión del público occidental sobre otros rincones del planeta, especialmente en los tiempos que corren, sea la de la posición jurídica y social de la que disfrutan las mujeres. Efectivamente la, aún reciente, igualdad jurídica entre hombres y mujeres conseguida en países como España parece habernos otorgado una dosis de legitimidad para valorar esta cuestión y preconizar reformas allí donde no se verifica esta igualdad. Esta situación ha tenido una particular incidencia en la visión que hoy día comparte la sociedad española y occidental, en general, sobre las sociedades árabes. Siempre consideré que la discriminación social de las mujeres es una realidad que trasciende culturas y religiones y que se entronca con el grado de desarrollo socio-económico de cada territorio. Sin embargo, el caso de los países árabes presenta una peculiaridad como es la de que la discriminación de la condición de la mujer trasciende el ámbito social y familiar y se plasma en sus ordenamientos jurídicos, lo que explica su presencia, tanto en países con altísima renta per cápita, caso de Catar, como en aquellos pobres de solemnidad como Yemen o Mauritania.

Como en muchos otros casos, debemos acudir a la historia para arrojar un poco de luz sobre este asunto. Así, podremos ver como durante el siglo XX, tras su independencia del colonialismo europeo, los nuevos Estados árabes aprobaron constituciones en las que se establecía el papel del islam como religión oficial del Estado. Este hecho, a la vez que implicaba una afirmación cultural frente al colonialismo europeo, otorgaba un cierto valor normativo a las disposiciones contenidas en las fuentes sagradas del Islam, el Corán y la Sunna. En estos textos, bases de la Ley islámica o Sharía, se encuentran algunos preceptos que determinan un estatuto jurídico diferenciado en función del género en materias principalmente civiles como la filiación, las herencias, el matrimonio, etc. En consecuencia, estas materias acabarían inspirando los Códigos de estatuto personal en los países árabes.

Así, estos Códigos se inspiraron en un modelo de familia tradicional, de carácter patriarcal, procedente de una tradición secular. Por ello, establecieron un sistema de derechos compensados desde el punto de vista de la unidad familiar. Por ejemplo, se establece el deber de obediencia marital de la esposa junto con el deber de manutención del marido, o bien, la obligación de otorgar una dote a la esposa al tiempo que se limita su derecho a heredar a la mitad que el del varón del mismo grado de parentesco. Sin embargo, la presencia de otras instituciones seculares, como el matrimonio poligámico, el repudio unilateral o la prohibición de la mujer musulmana de casar con un no-musulmán pareció responder más al hecho de su práctica secular que a un verdadero sistema de compensación de derechos o a una necesidad social. Pero, al mismo tiempo, las constituciones árabes reconocerán principios básicos del Derecho constitucional occidental, entre los que se encuentra el de igualdad jurídica sin discriminación por causa de género. Esta dicotomía en los ordenamientos jurídicos de los países árabes ha provocado que, lejos de lo que consideran algunos, el estatuto jurídico de la mujer sea una materia sujeta, desde el inicio de la independencia, a una encendida discusión entre amplios sectores sociales y políticos de las sociedades árabes. Inevitablemente, este debate ha ido provocando diversas reformas jurídicas, especialmente durante los últimos años, lo que contradice la visión de un Estatuto jurídico de la mujer inmutable y consolidado por las normas derivadas de la Ley Islámica.

El pistoletazo de salida lo dio el Presidente tunecino Bourghiba, cuando de un día para otro, en 1956, prohibió la poligamia, el repudio unilateral del marido y otorgó a las mujeres el acceso igualitario al divorcio y el derecho a casarse con quien les diera la gana. Muchos se rasgaron las vestiduras, dentro y fuera del país, pero, al final, este hábil político continuó en la presidencia del país durante treinta años más. A partir de aquí las reformas hacia la igualdad de género se fueron sucediendo lenta y tímidamente en otros países árabes. Para entender este proceso debemos tener en cuenta la transformación progresiva de las estructuras económicas y sociales en unos países que, hasta no hace muchos años, eran predominantemente agrícolas. La creación de una incipiente industria y una economía de servicios permitieron, a partir de los años sesenta la incorporación de la mujer al ámbito universitario y a sectores laborales cualificados.

Esta situación, en muchos aspectos, vaciaría de sentido muchas disposiciones destinadas a regular y proteger la esfera jurídica de mujeres socialmente limitadas al ámbito doméstico y en muchos casos, analfabetas. Ahora bien, estos cambios casi siempre fueron tímidos. Los autócratas árabes siempre tuvieron cuidado de no enfrentarse directamente a los sectores más conservadores de la sociedad y a todos aquellos que, en general, pensaban que seguir a Occidente no era el camino correcto para sus países. Esta preocupación se acentuó especialmente a partir de los años ochenta cuando los movimientos islamistas tomaron el mando de la resistencia social ante los regímenes dictatoriales árabes. Por ello, las reformas hacia la igualdad de género han ido avanzando en muchos países árabes, aunque quizá no al ritmo que desearía una buena parte de la sociedad. Más bien pasito a pasito.

Quizá se podría objetar el hecho de que nos refiramos al Mundo Árabe como un todo homogéneo. Posiblemente la generalización tenga un efecto positivo que nos permite tener una visión horizontal y sincrónica de lo que está sucediendo en los diferentes países árabes, pero tampoco debemos hacer de ello un mantra. Quizá uno de los errores más frecuentes en los que incurre la visión occidental sobre la realidad social y jurídica de los países árabes es el de sobredimensionar la uniformidad en un espacio que abarca más de veinte países en un espacio de más de 5.000 kilómetros. Este gran espacio del planeta, a pesar de compartir la lengua árabe y la religión islámica como patrimonio cultural y religioso mayoritario está sujeto a diferentes realidades políticas y económicas que condicionan su evolución social y jurídica. Si partimos de la tesis, antes enunciada, de que el desarrollo del estatuto jurídico de la mujer está, en gran parte promovidos por la dinámica de las relaciones internacionales y por la incorporación de la mujer al ámbito laboral, no tendremos dificultades en ver las enormes diferencias en estos aspectos que existen entre los países del Golfo Pérsico y el resto del Mundo Árabe. De este modo, mientras en la mayoría de los países del Golfo aún está en discusión el simple otorgamiento de derechos políticos, tales como los de sufragio activo y pasivo. Efectivamente, el Golfo Pérsico continúa siendo otro mundo. Un mundo en el que la tasa de incorporación de la mujer al mercado laboral continúa entre las más bajas del planeta. Donde incluso se vuelve noticia el hecho de que el Saudí Bin Salman permita conducir a las mujeres de su reino. Está claro que aquí la discusión discurre por otros parámetros, diferentes a los del Magreb, Egipto u Oriente Medio, donde la discusión se centra en la igualdad dentro de la propia esfera jurídico-privada de la mujer, es decir, en el derecho civil y, más concretamente en las materias de Estatuto Personal y de nacionalidad.

El siglo XXI ha comenzado de un modo crítico para la mayoría de los países árabes. Revueltas, represiones, guerras, hundimiento del turismo, y así, un sinfín de calamidades. No parece el clima idóneo para realizar reformas de calado en un tema especialmente sensible, que afecta de modo directo a la mitad de la población árabe y sobre el que dista mucho de haber un consenso mayoritario. Es evidente que los legisladores y las sociedades árabes son conscientes de los cambios que se han ido produciendo sobre esta cuestión en la mayoría de los Estados contemporáneos. También es evidente que hay una profunda división de opiniones sobre esta materia en el seno de aquellas sociedades. En cierto sentido, la condición jurídica de la mujer ha servido como estandarte para una discusión mucho más profunda entre sectores islamistas y sectores progresistas en la que se pone en tela de juicio el modelo de sociedad y de Estado que los pueblos árabes quieren para el siglo XXI. De esta manera, el legislador se encuentra ante una compleja disyuntiva como es la de aprobar unas normas que reflejen la tradición islámica, cimentada desde la Edad Media o bien aprobar aquellas normas que se derivan de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos que los propios países árabes han ido ratificando, aunque con reservas, a lo largo de las últimas décadas.

Así, el camino parece avanzar poco a poco en la segunda dirección. No sabemos cuánto tiempo llevará la equiparación del estatuto jurídico de hombres y de mujeres en los países árabes, si es que se alcanza. Al final, cada sociedad avanza al ritmo de las mentalidades de sus gobernantes y, en última instancia, de sus gentes. Tal y como reconocía el antiguo Secretario General de la Liga Árabe, el egipcio Amr Moussa: “Los asuntos de la mujer se están situando en un nivel central dentro del mundo árabe. El proceso puede no ser tan rápido como algunos desearían, pero está sucediendo”.

No olvidemos que la igualdad jurídica por razón de género en España no fue conseguida hasta la década de los años setenta. Poco más de cuatro décadas. Prácticamente una pequeña migaja en nuestra historia secular.

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