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REFORMA LEGISLATIVA

La judicatura denuncia la maniobra del Gobierno para controlar el Poder Judicial

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. (Foto: EFE)
martes 13 de octubre de 2020, 20:02h

Tres de las cuatro asociaciones judiciales han arremetido duramente contra la propuesta del PSOE y de Unidas Podemos de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque "deja todo en manos del Gobierno" y "politiza aun más la elección de su vocales", aunque una de ellas ve legitimo que el Ejecutivo busque alternativas al bloqueo del PP.

Dos son las polémicas en torno a la iniciativa parlamentaria que levantan ampollas en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera; la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda con más peso; y la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI). Una de fondo, que es la opción de permitir a las cámaras que puedan elegir a los 12 vocales que les corresponden con mayoría absoluta, si fracasa una primera votación para tener mayoría de tres quintos; y otra de forma, ya que se trata de una proposición de ley, no de un proyecto de ley, de manera que se omiten los informes preceptivos de CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

La APM opina que, pese a la parálisis actual, "un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas", porque la reforma deja todo "al albur del Ejecutivo", que pasa a "manejar y manipular el poder judicial" desde su mayoría parlamentaria. No culpa al PP del bloqueo sino a todos los partidos, a quienes piden que se pongan de acuerdo sobre la ley actual, ya que "la propuesta cuestiona aun más la separación de poderes y atenta contra el Estado de derecho" al "saltarse todos los trámites para ver si en dos meses se saca una reforma de este calado". Ante esta situación, avisan de que "usaran todos los mecanismos legales" contra su puesta en marcha en caso de que llegue a aprobarse.

La Asociación Francisco de Vitoria la tacha de "atentado, despropósito y disparate", porque va en la dirección contraria a lo que demanda el Consejo de Europa, que es dejar en manos de los jueces la elección de los 12 vocales de las Cortes. "Esta propuesta, lejos de reducir peso político en la designación, lo incrementa y además de manera peligrosa", afirman desde esta asociación. Advierten que "si la mayoría absoluta es la que sustenta al gobierno parlamentariamente, al final esto se traduce en que el Gobierno nombra a quien quiere, porque controla la mayoría", es decir, "ya no es que el (poder) legislativo interfiera, sino que ahora lo hace el Ejecutivo" lo que a su juicio es "un desastre".

"Somos muy críticos, porque la reforma actual supone que cualquier partido con mayoría absoluta puede controlar el órgano de gobierno de los jueces", señala a Efe el Foro Judicial Independiente, que incluso van más allá al "dudar de la constitucionalidad" de la reforma. Así, afirma que "oír los informes", preceptivos pero no vinculantes de otros órganos, "fortalecería nuestra estructura democrática y serviría para escuchar lo que el propio poder judicial tiene que decir" respecto de una reforma que les afecta de lleno.

Al margen de las críticas se sitúa la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que considera "legítimo" que "se busque una alternativa parlamentaria" cuando "existe un partido que bloquea indefinidamente las instituciones". "El PP tiene que comprender que hay que renovar las instituciones dentro de los plazos legales, no se puede decir no quiero renovar esta institución"; por eso, PSOE y Unidas Podemos, que sustentan el Gobierno, "están en su derecho de hacer propuestas legislativas". Y sobre la ausencia de informes, recuerda que "la vía de la proposición de ley es legal" y, además, "implica una mayor rapidez" para que el Consejo se renueve cuanto antes.

Manifiesto de 350 personalidades

Por otro lado, más de 350 personalidades, entre las que se encuentran ciudadanos españoles de todos los ámbitos profesionales y sociales que integran la sociedad civil, han suscrito un documento en favor de la concordia y el respeto constitucional entre todos los poderes públicos y partidos políticos. El documento que no va contra nadie, y con carácter trasversal, aboga por la tolerancia y colaboración de todas las instituciones contempladas en la Constitución, cuyos principios y valores ha hecho posible que los españoles hayamos vivido el periodo la libertad, de paz y progreso más amplio de nuestra historia.

Este manifiesto, dirigido asimismo a la sociedad española, lo han respaldado con sus firmas un amplio número de catedráticos y profesores de Universidad, empresarios, diplomáticos, periodista, escritores, y representantes de la cultura, así como personas que han tenido altas responsabilidades políticas tales como ministros, secretarios de Estado, senadores y diputados de todas las ideologías políticas. Los firmantes de esta declaración tienen el firme compromiso de seguir fomentando la tolerancia y la conciliación entre todos los ciudadanos españoles, ya que son la viga maestra sobre la que se sostienen el progreso y la democracia que definen a las sociedades avanzadas.

El documento, firmado por más de 50 catedráticos de universidad, una treintena de embajadores, así como de empresarios, de periodistas, representantes de la cultura y más de un centenar de antiguos dirigentes y responsables políticos, ha sido impulsado por Jaime Rodríguez Arana, Fernando Sanz Alonso, Javier Rupérez Rubio, José María Martínez ValPeñalosa, Pedro Bofill, Juan Van-Halen, Teresa Freixes Sanjuan, Jordi Casas Bedós, Alejandro Cercas, Elena Faba, Rafael Martínez-Campillo García, José Antonio de Yturriaga, Eugenio Nasarre.

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