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TRIBUNA

El parlamento español contra su pueblo

jueves 26 de noviembre de 2020, 20:03h

Las Cortes Generales o parlamento español, lideradas por el Gobierno de España y apoyadas por los diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias, y la abstención en el banquillo del apoyo a la coalición gubernamental de los diputados de JxCat, Bildu, BNG, CUP y Teruel Existe, se han decidido a legislar en contra del derecho a la educación y la libertad de enseñanza de sus representados, el pueblo español.

Por desgracia, no es la primera vez que esta materia tan sensible e importante de una sociedad avanzada o que desea avanzar, sin dejar atrás a los más desfavorecidos de sus miembros, se usa como arma arrojadiza entre los adversarios políticos en España, sin que se haya llegado a un acuerdo equilibrado y duradero desde 1978. Es la octava. Pero esta vez es la regulación más partidista y, también, letal para el idioma español, la igualdad de oportunidades de ascenso social, la libertad en la educación y la protección de una minoría especialmente necesitada, de llevarse a efecto algunas de sus prescripciones y lo que subyace tras los jeribeques, regates y veladuras narrativos de la futura ley orgánica de modificación de la LOE, conocida como «Lomloe» o «Ley Celáa».

Ya sabemos que el Tribunal Constitucional habrá de pronunciarse; pues varios grupos parlamentarios de la oposición han anunciado que la recurrirán. Tras leerla, sospechamos que, salvo donde se hayan apartado brutalmente de los márgenes amplios y razonables del artículo 27 de la Constitución, no será fácil obtener una sentencia con un fallo contundente; porque no cabe la inconstitucionalidad por omisión, esto es, por lo que no dice una norma. Y, en el mejor de los casos, se tratará de una sentencia de las llamadas «interpretativas», del tipo «esto es constitucional si se entiende así… (y dice cómo debe interpretarse)»; donde estos altos tribunales abandonan su misión originaria de anular las leyes contrarias a las constituciones y se transforman en sustitutos de los parlamentos y los gobiernos con capacidad de dictar normas con fuerza de ley.

Poco aporta ahora un debate jurídico que se redactará en los tres meses siguientes a la publicación y no sabemos cuándo se resolverá (¿meses? ¿años? ¿nunca, como el recurso contra la ley del aborto, pendiente desde 2010?). Pero, desde un punto de vista político, no hay duda de los cuatro grandes ataques que la Ley Celáa contiene. Contra el español, la igualdad de oportunidades, la educación concertada y la educación especial.

Cada uno de estos temas merecería un artículo; pero, dada la limitación de espacio, comentaré solo el primero de los apuntados.

Respecto del papelón del Gobierno de España y de las Cortes Generales de España de condenar legalmente a la desaparición del español en las regiones de España con lengua cooficial, presente históricamente o como artificialidad del momento autonómico, cabe ofrecer una paradoja en forma de pregunta. Es cierto que esto también es aplicable a las comunidades autónomas sin lengua cooficial propia, pero empeñadas en el bilingüismo con el inglés. ¿Cómo se va a defender la existencia y misión del Instituto Cervantes y la importancia del español como lengua digna de aprendizaje para los extranjeros, si el gobierno y el parlamento nacionales no lo estiman así para los propios ciudadanos españoles?

Una precisión importante. Una lengua «vehicular» es el idioma en que se enseña; así como la de trabajo y comunicación de la comunidad educativa. Porque el artículo 3 de la Constitución establece que todos los españoles tienen no solo el deber, sino el derecho de conocer y usar el castellano, asiste a todo español el derecho a recibir la enseñanza «en» —no solo «de»— castellano. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en varias sentencias. El español no solo debe ser reconocible o vehicular en la enseñanza en toda España, sino que es un deber de todos conocerlo. No solo es un derecho, sino un deber constitucional. Si es imposible conocer lo que no se enseña, aún menos es vehicular lo que no se vive como propio, como el aire que se respira.

En caso de que se quiera calificar la asignatura de una lengua cooficial como propia o, en general, la propia lengua, lo que no puede discutirse es que no es la única lengua propia de esa comunidad autónoma. En cualquier parte de España, propia es también y siempre la lengua española o castellana. La configuración constitucional de España como un Estado compuesto («Estado autonómico» o «Estado de las autonomías») no ampara, ni justifica estas decisiones respecto de la lengua oficial y común. El sentido común y un mínimo sentido de justicia social, tampoco.

Decepciona profundamente por esto el rumbo del PSOE, un «partido de Estado», según lo acaba de calificar recientemente su vicesecretaria general, en este tema. Puestos a cambiar orwellianamente la Historia de España de forma retrospectiva, podría recuperar la seria preocupación de los republicanos y socialistas tanto en la Constitución de 1931, como en el Estatuto de Cataluña de 1932 sobre esta materia.

Un sabio, con cuya amistad me honro, me ha contado que, en 1979, Justino Azcárate, subsecretario de Justicia con Fernando de los Ríos en 1931, de Gobernación con Manuel Rico en 1933 y ministro de Estado con Martínez Barrio en su efímero gobierno del 18 al 19 de julio del 36, ante la solicitud de información de Suárez y Abril Martorell en la Transición le dijo: «Dile a estos, que Azaña y Prieto vivían obsesionados por preservar la presencia y control del Estado en la enseñanza y decididos a asegurar el español en todo el territorio de la República».

En efecto, el artículo referente al idioma común de todos los españoles en la Constitución de 1931 (artículo 4, párrafo tercero: «Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional») era más estricto que el de la Constitución de 1978; y, aún más, el artículo 2 del Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932. Los republicanos y socialistas de entonces constitucionalizaron la enseñanza para reforzar el control y el principio de que el Estado central pudiera establecer instituciones de cultura y enseñanza en todo el territorio nacional. Dos botones de muestra son los artículos 50 de la Constitución de 1931 y 7 del Estatuto de autonomía citado.

Como reflexión final y casi grito desesperado. ¿Alguien en su sano juicio cree que el porvenir está en la división y la negación del hermano a través del uso ofensivo de la lengua? ¿Que la bondad se asienta en el empobrecimiento material y espiritual de los hermanos, mediante la depauperación de su formación, cultura y comunicación, extirpando de su alma y genio un idioma que hablan y pueden aprender de forma natural, junto a seiscientos de millones de personas repartidos por toda la Tierra?

Daniel Berzosa

Profesor de Derecho Constitucional y abogado

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