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AL PASO

Presupuestos y pragmatismo constitucional

Juan José Solozábal
martes 08 de diciembre de 2020, 19:50h

Muchas veces contraponemos la política idealista, propensa al esquematismo dogmático o el sectarismo, y la pragmática, atenta a las exigencias de la realidad y dispuesta a la inclusión y el acomodo. Kedourie veía aquella representada por la ideología nacionalista o el comunismo y llamaba constitucional a la pragmática, favorecedora de la moderación y el pluralismo.

El Gobierno puede verse tentado a justificar su actitud desde el pragmatismo: está bien sacar adelante unos presupuestos, que son necesarios para afrontar los graves problemas de la lucha contra el coronavirus y la recuperación económica. Es de otro lado imprescindible contar con las cuentas públicas aprobadas para disponer de la ayuda prometida desde Europa. Como la oposición no quiere colaborar en este terreno, la responsabilidad nacional impele a encontrar apoyo en otras fuerzas, por muy alto que sea su costo. No es el momento de los escrúpulos que solo denotan apegos esencialistas y prejuicios, inútiles cuando lo que se requiere es flexibilidad y realismo. De otro lado, como de donde va sacarse el apoyo es de los grupos nacionalistas, no está tampoco de más recordar la capacidad integradora que el escenario actual permite: los acuerdos presupuestarios no dejan de implicar a los grupos nacionalistas, de suyo seccionalistas e introvertidos, cuando no insolidarios, en la arena común y, en definitiva, la gobernación del Estado. Se trata, sin duda, de un argumento potente. Gumersindo Trujillo, nuestro constitucionalista mejor sobre el sistema autonómico, solía utilizarlo.

Esta es la situación que tenemos delante. Lo que se suele hacer es insistir en los peligros de esta negociación: los grupos nacionalistas venden siempre muy caro su respaldo que consiste en arrancar concesiones insolidarias o privilegiadas, apuntando además al debilitamiento, en el nivel simbólico e institucional, del Estado. El pragmatismo del Gobierno, se añade, en realidad, es un oportunismo sin conciencia, irresponsable y desleal para nuestra forma política cuyas bases fundamentales no pueden ser socavadas con motivo alguno.

La reflexión que a mí se me ocurre en este momento político es doble.

1-En primer lugar, llamaría la atención sobre la discutible idea de la aprobación de los presupuestos que se asume, que ha sido común en la historia de la democracia, y que se ha repetido en la presente ocasión. Los presupuestos no tienen por qué enfocarse como una ocasión para verificar la confianza parlamentaria del Gobierno. Los mecanismos de exigencia de responsabilidad en nuestra forma parlamentaria son tasados y consisten en la cuestión de confianza, si fracasa, y la moción de censura, si triunfa. Prueba de ello es que se contempla la prórroga de los presupuestos anteriores si el Congreso rechaza el proyecto de cuentas públicas. Tampoco parece muy conforme con la lógica democrática que se nieguen las bases económicas de un Gobierno que ha sido investido por el Congreso y al que no se le ha retirado la confianza parlamentaria. Esto abona la tesis que defiendo de que es perfectamente congruente con nuestro sistema que la oposición pueda abstenerse en la votación presupuestaria. Es más, si entiende que hay una situación de emergencia que exija la aprobación de las cuentas públicas o considera que el precio que debe pagar el Gobierno por ello es incompatible con la dignidad nacional o pone en riesgo las mismas bases constitucionales, debería abstenerse para impedir que los costes del acuerdo presupuestario se hiciesen efectivos. Encuentro retórica la protesta de la oposición por los acuerdos del Ejecutivo con los nacionalistas, cuando está fácilmente en su mano el evitarlos. Como si no hubiera ocasiones de enfrentarse al Gobierno en el desempeño de su actuación política.

2-Pero, en segundo lugar, el acuerdo presupuestario debe, en compensación, excitar la disposición del Gobierno para insistir en las diferencias ideológicas con quienes ha habido que pactar, pero cuyas bases y proyectos políticos se rechazan drásticamente. Me estoy refiriendo, sin aludir a los continuadores de Herri Batasuna, a los independistas catalanes cuyas posiciones políticas han de combatirse con vigor. A muchos nos parece, por ejemplo, bien tibia la reacción del Gobierno, y aun del Partido Socialista, frente a quienes, hablemos del Presidente en funciones de la Generalitat, del portavoz de ERC en el Congreso o aun de la alcaldesa de Barcelona, han hablado de la venganza del Estado, o la dependencia ideológica con la extrema derecha del Tribunal Supremo, por negarse a revocar las medidas de semilibertad o suavizar el régimen carcelario de los líderes independentistas catalanes condenados y encarcelados por sedición, principalmente, en el caso del procés. Es una tesis insostenible cuestionar todavía la pertinencia de la reacción del Estado frente a la delictiva revuelta institucional catalana. Más bien hay que estar con el auto del Supremo en cuestión cuando afirma que en la Sentencia del procés lo que se juzgó fueron conductas, no ideologías , pues “nadie fue condenado por su ideología independentista” sino por la comisión de graves delitos, probados en juicio. De otro lado, en un Estado constitucional de derecho, como el español, es absurdo denunciar la falta de independencia de los jueces o tribunales u oponerse a la “injusticia” de las resoluciones judiciales. En la democracia constitucional no hay sentencias justas o injustas sino solo resoluciones regulares o irregulares, recurribles si el caso fuera esto último. Por eso se caen por su propio peso reacciones como la del Sr. Aragonés ante el auto del Supremo: “Un año después de una sentencia injusta vemos como el Tribunal Supremo persiste en su sed de venganza. Estamos ante un Tribunal manejado por la extrema derecha, qué busca poner todos los obstáculos a una solución democrática”.

A veces la defensa ideológica del Estado por parte del Gobierno se hace particularmente difícil, cuando se explicitan desde su seno tesis, creo, de marcada anticonstitucionalidad. Así por ejemplo cuando se defiende el ejercicio de la autodeterminación en Cataluña, aunque se utilice la expresión dulcificada del “derecho a decidir”, ignorando la posición del Tribunal Constitucional al respecto, que ha insistido en que no cabe, sin reforma previa de la Constitución, y cuya celebración el propio Solé Tura, a quien se invoca en la entrevista a que me refiero de Manuel Castells en el Pais de este domingo, rechazaba firmemente. Es incongruente, sostenía Solé Tura, la defensa del Estado autonómico, como hace la izquierda, propugnando su plenitud en sentido federal, y mantener al mismo tiempo un concepto - el derecho de autodeterminación- que “cambia este modelo político y puede llegar a destruirlo”. O una vía, concluía Solé Tura, u otra, pero no las dos al mismo tiempo.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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