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AL PASO

Crítica inconsistente y cohesión gubernamental

Juan José Solozábal
martes 16 de febrero de 2021, 20:19h

Lo que propongo en esta columna es tomar en serio a Pablo Iglesias, quiero decir sus manifestaciones, y tratar de ver que, aunque aparentemente haya argumentos que las puedan sostener, en realidad están profundamente equivocadas y ofrecen un flanco de debilidad que revela su inconsistencia.

La primera cuestión que Pablo Iglesias propone se refiere a la presunta anomalía del sistema democrático español que procedería de la situación de prisión para algunos lideres políticos catalanes y la huida al extranjero de otros. En alguna ocasión me he referido a la irregularidad que resultaba en el caso catalán del incumplimiento de la Constitución, que no era ni episódico ni concreto, pues consistía en la desobediencia generalizada de sus autoridades al Tribunal Constitucional, así preparando o celebrando un referéndum de autodeterminación, imposible en nuestro ordenamiento jurídico presente, o tramitando y aprobando la llamada Ley de desconexión. Hay que señalar que el momento presente, contra lo que afirma Pablo Iglesias, lo que muestra precisamente es que el cuestionamiento del orden constitucional ha cesado.

La situación de los líderes políticos referidos, en la medida que es, principalmente, consecuencia de una condena regular dictada conforme al procedimiento establecido, no es indicativa de una deficiencia democrática sino la correspondencia lógica de la reacción de nuestro Estado de Derecho. La anomalía inexplicable hubiese sido que el sistema constitucional no se hubiera resistido y, por el contrario, se hubiese acoplado a lo que era un manifiesto atentado a la democracia española. Un profesor de ciencia política debe saber que el Estado no es un orden de papel, que consta exclusivamente de proposiciones y prescripciones establecidas en el nivel de la lógica o de la teoría.

Un Estado es un orden político vivo o efectivo, capaz de defenderse y afrontar los desafíos que atacan su existencia y su derecho a persistir. Cierto que los derechos del Estado ni son ilimitados ni pueden ejercerse fuera de los procedimientos fijados. Hay que recordar que nuestra Constitución contempla su reforma ilimitada y que los derechos de los ciudadanos y -obviamente también- de los de los líderes encarcelados o que hayan huido de la justicia tienen vías para su defensa, que deben ser ejercidos y que el ordenamiento español respeta. Si sirve de algo el argumento, el Estado español ha sido, comparativamente, condenado en muy pocas ocasiones-y en alguna de ellas harto discutiblemente- por las instancias jurisdiccionales internacionales, empezando por las europeas, por infracciones de los derechos humanos. Dos conspicuos constitucionalistas como Javier García Roca y Juan María Bilbao acaban de demostrarlo de forma irrebatible, aduciendo las evidencias correspondientes.

Pero las posiciones de Iglesias, hablemos ahora de su crítica a la Monarquía o su cuestionamiento de la independencia judicial, resultan estridentes porque muestran una vacilante sintonía constitucional. Como es obvio no se contribuye a la legitimación del orden democrático constitucional, minando desde dentro, o sea desde el Gobierno, los fundamentos del mismo; antes bien lo que se espera de un miembro del Ejecutivo, máxime si se trata de uno de sus vicepresidentes, es una decidida afirmación del sistema político presente. De todos modos el desajuste constitucional ofrece alguna faceta más que esta dimensión ideológica, que desde luego es la más grave. Y tiene que ver, ya no con el fundamento del sistema constitucional sino con sus posibilidades de funcionamiento, con la práctica del régimen parlamentario.

En nuestra forma política la dirección del Estado se atribuye al Gobierno, que para desempeñar su función adecuadamente necesita de un grado de coherencia o consistencia indispensables. Las tareas que se propone el Gobierno en la dirección del Estado tienen una dimensión proyectiva hacia el futuro, desarrollando un determinado plan; pero también a veces exigen una respuesta inmediata, haciendo frente a problemas que se presentan inopinadamente y cuyo abordaje no puede demorarse. En los dos casos el Gobierno solo puede comportarse de modo adecuado si actúa como una verdadera unidad aunque se trate de un órgano colectivo.

Como sabemos de la cohesión del Gobierno responde el Presidente, que es quien decide sobre la composición del Ejecutivo, acordando el nombramiento y el cese de los ministros; pero esa cohesión del Gobierno requiere de un imprescindible acuerdo ideológico, un ídem sentire político, cuya falta o quiebra notable supone la inoperancia del Ejecutivo, y lastra su capacidad para dirigir la política nacional. Si la sintonía política interna ha desaparecido o sufre embates esenciales lo lógico es que se produzca el cese en el Gobierno de quienes cuestionan la línea política común, a no ser que medie su rectificación, sea esta voluntaria o forzada. Cierto que el grado de unidad política de los Gobiernos no puede ser el mismo si hablamos de un Gobierno monocolor que si estamos ante una coalición, pero a la postre los desacuerdos, discrepancias o contradicciones no pueden soportarse, sin quebrar la coherencia del sistema, cuando alcanzan un nivel que es al que, parece, se ha llegado en estos momentos.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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