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TRIBUNA

Disolución y censura en un sistema parlamentario

miércoles 10 de marzo de 2021, 22:12h

El ordenamiento jurídico está formado por normas y, también, por instituciones jurídicas. Si bien todo el mundo (o casi) tiene claro qué es una norma, no sucede lo mismo con las instituciones y saber qué es y qué efectos surte la existencia de una institución es básica para resolver problemas como el que estamos enfrentando en la Comunidad de Madrid, cuando se contraponen, en apariencia, un acuerdo de disolución de la Asamblea con la presentación de mociones de censura.

Tanto la disolución como las mociones de censura son contrapesos existentes en los regímenes parlamentarios, precisamente para garantizar que las prerrogativas de los ejecutivos y las decisiones de las cámaras se atengan a su naturaleza, como instituciones dirigidas a preservar la democracia.

¿Por qué insisto en la naturaleza institucional de la disolución o las mociones de censura? Una institución jurídica, en palabras de Santi Romano (corroboradas también por Hariou, Häberle o MacCormick, entre otros) es la fuerza de los hechos sociales traducida jurídicamente. Lo que significa que la institución tendría un origen y un significado, además de unos elementos configuradores, que le darían sentido y sin los cuales carecería de significado jurídico.

Así sucede con la disolución de las cámaras y con la moción de censura. La primera surgió para posibilitar que los gobiernos organicen discrecionalmente la elección ciudadana de nuevas asambleas. Las segundas, surgieron para deshacerse de aquellos gobiernos que perdieran el respaldo de las mayorías parlamentarias que habían sustentado su formación. De ahí que, para que ambas instituciones fueran compatibles, como garantía de la democracia parlamentaria, su puesta en práctica fuera excluyente, es decir, acordada una disolución no procedería la presentación de una moción y, al mismo tiempo, presentada una moción no procedería acordar la disolución. Prior in tempore potior in iure, como reza el aforismo.

En el caso que nos ocupa, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha acordado la disolución de la Asamblea alrededor de las 12 del mediodía de hoy, día 10 de marzo. Y, casi en paralelo, pero con una hora de diferencia según explican los medios de comunicación, han sido presentadas sendas mociones de censura contra el Gobierno de la Comunidad por parte de dos grupos parlamentarios. Según las normas vigentes, el acuerdo de disolución de la cámara ha de ser publicado mañana, día 11, en el Boletín Oficial de la Comunidad y, también según las normas vigentes, las mociones de censura han de ser tramitadas por la Mesa de la Asamblea.

Los promotores de las mociones de censura alegan que como el acuerdo de disolución no ha sido publicado, las mociones deben seguir su trámite, una vez que la Mesa ha aceptado hacerlo. Pero el acuerdo de disolución de la Asamblea, aunque no ha podido ser publicado oficialmente pues la ley dispone que lo será mañana, fue adoptado con anterioridad a la presentación de las mociones de censura ante la Mesa de la cámara. Y ahí tenemos el conflicto servido que, seguramente, pasará a sede judicial, si las partes en conflicto no atienden a la naturaleza institucional del acuerdo de disolución de la Asamblea.

En este sentido, si nos atenemos a la naturaleza institucional de la disolución, para evitar que se quede vacía de contenido no cabe otra interpretación que considerar que existe desde que se acuerda. Lo contrario, esperar a la publicación oficial, permitiendo la presentación de mociones de censura hasta que se hiciera efectiva la publicación, equivaldría a desvirtuar la propia naturaleza de la disolución porque su anuncio equivaldría a tocar a rebato para que se presentaran mociones de censura por doquier. De este modo, nunca podría hacerse efectiva una disolución parlamentaria.

Teresa Freixes

Catedrática de Derecho Constitucional. Vicepresidenta de la Royal European Academy of Doctors

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