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TRIBUNA

Mi castillo y refugio más seguro

lunes 05 de abril de 2021, 20:09h

La frase que titula estás líneas viene a cuento por el significativo incidente acontecido en una vivienda de Madrid al inicio de la Segunda Semana Santa del Virus Chino. Su universalización occidental —que no su origen— parte del abogado y político Edward Coke, quien consiguió introducirla en «The Institutes of the Laws of England», en inglés y latín, en 1628, de este modo: «For a man’s house is his castle, et domus sua cuique est tutissimum refugium». De forma resumida: «Mi casa es mi castillo».

Y, ¿qué significa exactamente? Casi un siglo y medio después, en 1763, William Pitt el Viejo, primer ministro británico y primer conde de Chatham, calificó con elocuentísima expresividad el alcance de la palabra «castillo» en la citada norma: «El hombre más pobre puede desafiar a todas las fuerzas de la Corona en su cabaña. Puede ser frágil, su tejado puede temblar, el viento puede soplar a su través, la tormenta puede entrar, la lluvia puede entrar; pero el Rey de Inglaterra no puede entrar».

Naturalmente, ese derecho de impedir la entrada a las casas no implicaba el derecho de cometer acciones ilegales en su interior. Pues bien, más o menos así, transcurridos casi cuatro siglos, y su extensión a los Estados Unidos, los países de Europa y del resto del mundo que se fueron incorporando a los ideales de la Revolución frente al Antiguo Régimen, ha quedado vigente y nada menos que con la consideración de derecho fundamental. Esto es, uno de los —muchos— derechos que todo Estado debe garantizar si se quiere constitucional o democrático.

En España, la inviolabilidad del domicilio se recoge en el artículo 18.2 de la Constitución y protege no solo el espacio físico considerado en sí mismo, sino lo que contiene de emanación de la persona y su esfera privada. El asunto quedó sustancialmente delineado por el profesor González‑Trevijano en «La inviolabilidad del domicilio», brillantemente recensionada por el profesor Arnaldo Alcubilla. Hasta el punto de parecer que la hubiera seguido la decisiva Sentencia del Tribunal Constitucional 341/1993, de 18 de noviembre, culmen de otras precedentes y que declaró anticonstitucional, entre otros, el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana («Ley Corcuera»). Ese precepto, precisamente, pretendía delimitar la noción de «flagrante delito» para entrada por la fuerza en los domicilios.

Tras esa importantísima sentencia y las que se han dictado después por los Tribunales Constitucional y Supremo, en un domicilio o espacio con esta consideración (donde vive un individuo y ejerce su libertad más íntima, fuera de convenciones sociales), y es indistinto que se disfrute como propietario, por derecho de uso y habitación, fruto del alquiler o sin título alguno (el lacerante y abusivo caso de los okupas), sólo se puede entrar normalmente en tres supuestos. Uno; con la autorización del titular o de quien aparenta serlo; dos, con autorización judicial; y, tres —única excepción posible a los anteriores—, en caso de «flagrante delito».

Tiene la consideración de domicilio con carácter general a los efectos de su protección constitucional todo lugar, cualquiera que sea su condición y características, donde vive una persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria, y, en concreto, las chabolas, las edificaciones ruinosas que sirvan de cobijo a personas sin residencia fija, las tiendas de campaña, las caravanas que no sean medios de transporte, las habitaciones de hotel, los trasteros y garajes comunes sitos en edificios de propiedad horizontal si cumplen ciertas características, los jardines particulares, los camarotes de las embarcaciones y las reboticas de las farmacias.

Lo dicho incluye la protección contra las invasiones exteriores que puedan realizarse por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros similares, que no implican entrada física. Y, por conexión con otros derechos fundamentales (a no declarar, al secreto profesional, a la intimidad de los clientes), los despachos profesionales de abogados, médicos, asesores fiscales y análogos. En cambio, no tienen tal estimación los automóviles, los contenedores, las taquillas de los trabajadores, las cajas de seguridad, los bares, los reservados de un club de alterne y los buzones de correo.

Al margen de lo problemático del concepto jurídico de la «flagrancia delictiva», que se revela en los distintos intentos de delimitación por la jurisprudencia y la doctrina, lo que es incuestionable es que, para que se verifique esto último, debe concurrir un delito. Y ni siquiera basta esto. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad son reacios precisamente a entrar en las viviendas ocupadas, porque saben que el delito leve de usurpación de inmuebles en ningún caso se considera delito flagrante.

Con más razón, si ni siquiera hay delito, no puede haber ninguna apreciación acerca de su posible flagrancia. Pues bien, es palmario en el incidente comentado que no se cometió delito alguno; dado que celebrar una fiesta o reunirse más de un cierto número de individuos sigue sin estar calificado por la ley como delito. Ni lo estaba el 15 de marzo de 2020, ni tampoco ahora. Se está, en su caso, ante una infracción administrativa.

Por último, escribía antes que sólo, en tres supuestos, se puede entrar normalmente en un domicilio. Y es que cabe la suspensión de este derecho de forma extraordinaria en los estados de excepción o de sitio, recogidos en el artículo 116 de la Constitución. Nunca en el estado de alarma. Lo establece su artículo 55 y se desarrolla en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Y resulta que, desde hace más de un año, estamos transitando anómalamente bajo la bota de un pesadísimo, caprichoso y onírico estado de alarma. Pero no de excepción, ni de sitio. Con lo que las previsiones de éstos tampoco son aplicables al incidente de marras.

Empatizo y me identifico por entero con la irritación de los vecinos ante una jarana incesante que interrumpe su descanso nocturno. Con y sin pandemia. Naturalmente, ahora, experimento esa inclinación reforzada; cuando la situación sanitaria exige una especial sensibilidad de todos los ciudadanos. Pero ello no puede conducir a un poder o autoridad públicos a ordenar una instrucción inconstitucional e ilegal, ni a aceptar los agentes de la autoridad cumplirla o ejecutarla por propia decisión.

En tal caso, se estaría indudablemente ante una actuación antijurídica descalificadora de un Estado como constitucional o democrático, en el que, desde 1628, como un derecho sagrado cívico, se regula con fuerza de ley constitucional que la casa de un individuo es su castillo y refugio más seguro.

Daniel Berzosa

Profesor de Derecho Constitucional y abogado

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