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VENCE EL 9 DE MAYO

Estado de alarma: Sánchez insiste en no prorrogarlo y Montero dice que decidirán los expertos

Estado de alarma: Sánchez insiste en no prorrogarlo y Montero dice que decidirán los expertos
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(Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo)
martes 13 de abril de 2021, 17:26h

Menos de una semana después del anuncio de Pedro Sánchez de que España está en condiciones de prescindir del estado de alarma, el Ejecutivo deja ahora en suspenso la decisión a expensas de la evolución epidemiológica y la recomendación del comité de expertos que asesora a Sanidad.

Según la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, si el Gobiero finamente decide prorrogar esta medida excepcional no será por quién lo pide, en alusión a las comunidades que abogan por mantenerlo, sino porque así lo recomienden los expertos.

Sánchez, por su parte, mantiene la "intención" del Ejecutivo de no prorrogarlo con la vista puesta en el proceso de vacunación, que prevé que se acelere en abril. "Tenemos suficientes garantías jurídicas en el actual escenario de la pandemia", ha dicho el presidente del Gobierno en rueda de prensa este martes, en la que ha insistido en que el Ejecutivo trabaja para no tener que pedir una prórroga de esta medida excepcional.

A menos de un mes para que concluya el 9 de mayo el estado de alarma, el Gobierno reitera que las comunidades autónomas cuentan con leyes ordinarias suficientes para abordar el control de la pandemia sin necesidad de un nuevo estado de alarma. Si bien, tanto el PP como algunas comunidades e, incluso, el Consejo de Estado piden al Ejecutivo que aborde un plan B para dotar de mecanismos a las autonomías para evitar el desamparo legal llegado el momento de que venza esta medida excepcional.

El País Vasco se ha posicionado a favor de prorrogarlo. Así lo puso de manifiesto este lunes el lehendakari, Íñigo Urkullu, quien considera "necesario" mantener el estado de alarma porque las comunidades autónomas necesitan garantías jurídicas. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, por su parte, ha abogado este martes por buscar una solución política al posible decaimiento del estado de alarma a través de una "legislación puente".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado el Gobierno por no dotarse de una ley para combatir la pandemia y se ha mostrado a favor, "como solución menos mala", de prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo para blindar la seguridad jurídica de las decisiones que tomen las autonomías.

Andalucía, por su parte, ha lamentado que las comunidades van a tener "un brazo atado y tendrán que ir analizando "territorio a territorio" para restringir las actividades según la incidencia acumulada de cada zona. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha pedido al Gobierno que "por lo menos" haga las modificaciones legales o autorice a las comunidades a aplicar medidas que sirvan para contener la cuarta ola.

En una línea similar, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que no es partidario de prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, pero que el Estado tiene que dotarse de instrumentos legales que permitan a las comunidades tomar medidas si es necesario. "La alarma hay que terminarla cuanto antes, la gente ya no aguanta más", ha subrayado Revilla, al ser preguntado por la postura de algunos presidentes autonómicos que están pidiendo una prorroga.

La consejera de la Presidencia de Cataluña, Meritxell Budó, ha considerado "prematuro" anunciar ya el fin del estado de alarma y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que no supedite esta decisión a los "intereses electorales" del PSOE en las elecciones madrileñas.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha mostrado convencido de que "si el 9 de mayo en España sigue habiendo alarma, el Estado va a reaccionar" para amparar una solución, como ha ocurrido hasta ahora. García-Page ha opinado que "es algo que hablará el Gobierno de España con todas las comunidades autónomas intentando que no haya posiciones ideológicas" y ha considerado que "es importante que la ciudadanía sepa que lo que hagamos tiene amparo legal, es previsible y da certeza jurídica", para "no entrar en un debate de qué se puede hacer o no".

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