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TRIBUNA

La limitación a posteriori del CGPJ prorrogado

viernes 30 de abril de 2021, 20:29h

No hay duda de que el Consejo General del Poder Judicial prorrogado o en funciones puede plantear los conflictos de atribuciones que estime pertinentes. La dificultad es que lo sucedido con la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones («LO limitadora CGPJ»), al haberse reflejado en una norma con fuerza de ley, no estaría ya, en principio, en el ámbito de los conflictos de atribuciones, sino, en su caso, en el del recurso de inconstitucionalidad, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional recaída sobre este extremo desde 1986.

Es precisamente en el ámbito de relación entre las cámaras parlamentarias nacionales (Congreso de los Diputados y Senado) y los otros poderes del Estado enumerados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Gobierno, Consejo General del Poder Judicial), cuando se pueden solapar aparentemente los mecanismos del conflicto de atribuciones y el recurso de inconstitucionalidad. Así ocurrió en el enfrentamiento entre el Consejo General del Poder Judicial y las Cortes Generales con motivo de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980 por la vigente de 1985, y que generó tanto un conflicto de atribuciones (resuelto por la STC 45/1986, de 17 de abril), como un recurso de inconstitucionalidad (ídem STC 108/1986, de 29 de julio).

En resumen y en lo que atañe directamente a la circunstancia creada por la LO limitadora CGPJ, el Tribunal Constitucional acabó desestimando entonces el conflicto de atribuciones planteado; porque las decisiones que pueden ser objeto de éste son actos o normas con valor inferior a la ley y, cuando un órgano constitucional de los indicados por la ley «adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas confieren» a otro y lo plasma en leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley, no cabe plantear un conflicto de atribuciones, sino interponer un recurso de inconstitucionalidad (confirmado por la STC 234/2000, de 3 de octubre). Y así lo ha asumido el pleno del Consejo General del Poder Judicial en su votación del miércoles..

El desequilibrio de esta decisión del Alto Tribunal —aunque es otra cuestión— estriba en que, con ella, situó al Consejo General del Poder Judicial en inferioridad respecto de los demás órganos habilitados para plantear un conflicto de atribuciones (Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado); pues es el único que no puede dictar normas con valor de ley.

Volviendo a las sentencias en esta materia de conflictos constitucionales entre órganos del Estado central y recursos de inconstitucionalidad con objeto análogo o concomitante con el conflicto de atribuciones planteado, señalan que si un acto se integra en una disposición legislativa y está en vigor (como sucede con la LO limitadora CGPJ), el mecanismo adecuado para determinar si esa ley es conforme con la Constitución, incluyendo lógicamente el motivo de una invasión competencial o una desfiguración de su estatuto constitucional, es el recurso de inconstitucionalidad.

Desde el punto de vista de la constitucionalidad, la cuestión a examinar sería si la reforma podadora de funciones del Consejo General del Poder Judicial prorrogado respeta el contenido de la misión que la Constitución le asigna, partiendo, al menos, de estos puntos materiales y formales.

Uno. La Constitución no establece de manera exacta las funciones del Consejo General del Poder Judicial, sino que se limita a señalar unas materias en las que deberá intervenir, sin carácter de lista cerrada (nombramiento, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los miembros del Poder Judicial).

Dos (consecuencia del anterior). Corresponde al legislador orgánico delimitar dichas funciones, respetando —atención— la condición constitucional del Consejo General del Poder Judicial como una garantía institucional de la independencia del Poder Judicial.

Dicho de otro modo. La introducción en la Constitución de un órgano como el Consejo General del Poder Judicial completamente independiente del poder ejecutivo se materializó para evitar la nociva dependencia del poder judicial respecto de éste. Con este fin, se le subordinaron todas las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, de la Audiencia Nacional y de los órganos unipersonales con funciones gubernativas, y ciertos nombramientos de y en éstas. Si se impide la operativa del Consejo General del Poder Judicial prorrogado sobre todo lo anterior, ¿se lesiona a este órgano constitucional en su consideración de garantía institucional de la independencia del Poder Judicial?

Tres. Este corsé del legislador presenta, además, dos factores singulares, diferenciadores, que pueden revelar un problema único, que merezca el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, «como intérprete supremo de la Constitución». Por un lado, el incumplimiento del mandato constitucional de renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial —y por lo que este órgano constitucional entra en funciones— lo comete otro poder del Estado, el poder legislativo (Congreso de los Diputados y Senado), no el Consejo General del Poder Judicial.

Cuatro. Pese a ello, la LO limitadora CGPJ a quien sanciona es al órgano de gobierno de los jueces con la limitación de sus funciones, en lugar de limitar las del incumplidor. Siendo constitucionalmente el Parlamento el poder más importante de un Estado democrático (órgano central de la democracia, se le ha llamado), no deja de ser un poder constituido. No goza de un poder ilimitado, como sería del de una asamblea constituyente.

Respecto de la inconstitucionalidad de la LO limitadora CGPJ, aun estando en funciones el órgano de gobierno de los jueces y magistrados integrantes del poder judicial, el nodo de la cuestión estribaría esencialmente en si es posible en nuestro Estado social y democrático de Derecho que las Cortes Generales amputen funciones esenciales a la institución y misión constitucional del Consejo General del Poder Judicial; cuando son ellas, además, las que han incumplido el mandato constitucional y legal de renovar a tiempo los vocales que lo integran.

El problema de esta vía es que el Consejo General del Poder Judicial carece de legitimación para interponerlo. Tendrían que ser otros los que lo hicieran, por decirlo así, en su nombre.

Daniel Berzosa

Profesor de Derecho Constitucional y abogado

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