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CORRUPCIÓN

La Fiscalía pide 9 años de prisión para el expresident Jordi Pujol y 29 para su primogénito

El expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol.
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El expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol. (Foto: EFE)
viernes 07 de mayo de 2021, 14:51h

La Fiscalía ha solicitado una condena de nueve años de prisión para el expresidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol, una petición que eleva a 29 para su hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por delitos como asociación ilícita y blanqueo de capitales en el marco del conocido como caso Pujol.

Según informa la Fiscalía General del Estado en un comunicado, Anticorrupción ya ha dirigido su escrito de conclusiones provisionales a la Audiencia Nacional donde reclama estas penas de prisión y multas millonarias para la familia en esta causa, por la que irán a juicio el expresidente y sus siete hijos.

De esta forma, poco más de ocho años y medio después de que se iniciase la investigación, la Fiscalía ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el que pide penas de cárcel para Pujol y sus siete hijos; pero también para la exmujer de Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, a quien reclama una condena de 17 años; y para diez empresarios, para los que solicita 5 años a cada uno, según ha informado la Fiscalía General del Estado.

A los integrantes de la familia Pujol les acusa, según el caso, de delitos como asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito de la familia y que estuvo en prisión provisional por estos hechos, es para quien más pena de prisión reclama (29 años), seguido de Josep (14 años), y del resto de hermanos, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta, para quienes reclama 8 años. Peticiones de prisión que se suman a las multas millonarias a las que la Fiscalía quiere que sean condenados y que, por ejemplo, en el caso de Pujol Ferrusola ascenderían a más de 6 millones de euros sólo por los cinco delitos fiscales por los que le acusa.

La Fiscalía describe en su escrito cómo todos los miembros de la familia actuaron conjuntamente para ocultar, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, "producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".

Quien fuese presidente de la Generalitat catalana durante veintitrés años (1980-2003), explica Anticorrupción, acordó con su mujer, Marta Ferrusola, que el dinero procedente de la actividad ilícita ejecutada se distribuyese en cuentas abiertas a nombre de ésta y de sus siete hijos en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank. Acordaron también que fuese el hijo mayor, Jordi, el encargado de gestionar esos fondos y que se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia.

Lo que hizo el expresidente, a juicio de la Fiscalía, es aprovechar "su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual" él y determinados empresarios afines al partido que lideraba, la ya extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), "se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC".

Después, el patrimonio que ganaba "ilícitamente" se ocultaba a Hacienda y afloraba más tarde "mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años".

Unos, Pujol y su mujer, dice la Fiscalía, lo hicieron "dirigiendo" esas operaciones de "ocultación y afloramiento"; otros, los hermanos Jordi y Josep y la exmujer del primero, Mercé Gironés, "gestionando los beneficios de la actividad", mientras que el resto de hermanos se beneficiaron "directa y conscientemente" de todo ello, "coadyuvando a su ocultación".

Precisamente este viernes se ha conocido que la mujer del expresidente catalán, Marta Ferrusola, no estará entre los acusados al haber archivado el juez las actuaciones con respecto a ella debido a la demencia que sufre. En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 atiende así la petición formulada por la representación de Ferrusola en la que pedía el archivo de la causa y adjuntaba documentación médica de la que se extraía que padece demencia.

La Fiscalía solicitó la realización de un examen médico forense y, una vez practicado, informó de que no se oponía al archivo sin perjuicio de que se diera traslado al Ministerio Público de los informes incorporados al procedimiento con objeto de instar ante la jurisdicción civil su incapacitación.

En su resolución, el magistrado indica que “como señala el Ministerio Fiscal deben tenerse en cuenta las circunstancias que concurren en el presente caso y que se describen por la médico forense (…) con ello procede decretar el archivo de las presentes diligencias de conformidad al artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

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