La Audiencia Nacional no ve indicios de delito y deniega las medidas cautelares contra Ghali

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado decretar la prisión provisional ni otro tipo de medidas cautelares respecto Brahim Ghali una vez que el líder del Polisario ha declarado por videoconferencia desde el hospital de Logroño ante el magistrado.

En sendos autos que responden a la petición de medidas por los querellantes en las dos causas por las que ha declarado, el magistrado acuerda que Ghali aporte un domicilio y teléfono en España a fin de estar localizado. El fiscal y el abogado de la defensa se han opuesto a la adopción de medidas cautelares

Pedraz señala que en el presente caso “no puede apreciarse riesgo de fuga alguno", y añade que "no consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración”.

Además, recuerda que Ghali no puede ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados y que no se ha solicitado diligencias de prueba alguna y menos aún que el mismo pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna.

Por último, el juez indica que “el informe de la acusación (que aparte su poder otorgado ha sido cuestionado) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios (las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado), que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno; no bastando, por obvio, para acordar medidas cautelares personales el indicar que el Sr. Ghali entró en España ilícitamente”.

El magistrado ha interrogado este martes al líder del Frente Polisario, que ha negado las acusaciones y ha señalado que las querellas han sido presentadas con "fines políticos". hali ha comparecido ante el juez Pedraz por videoconferencia desde el hospital San Pedro de Logroño, en el que lleva ingresado más de un mes tras entrar a España para ser tratado de COVID-19.

Esta ha sido la primera vez que un magistrado de la Audiencia consiga tomar declaración a Ghali, a quien ha interrogado por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas, entre otros.

El presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha declarando por la querella interpuesta por el activista de origen saharaui Fadel Mihdi Breica, que denuncia presuntas torturas sufridas en los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia) en 2019 por parte de militares del Polisario.

Después lo ha hecho por la impulsada en 2008 por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), reabierta hace unas semanas, que pide investigar el trato sufrido en Tinduf "por los prisioneros de guerra" y por ciudadanos saharauis, "especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario", organización a la que se acusa de "retener contra su voluntad a miles de saharauis (...) con la complicidad de las autoridades de Argel".

El ministro de exteriores marroquí señaló ayer que la "grave crisis" entre ambos países no terminará con la comparecencia de Ghali, sino cuando "España aclare sin ambigüedades sus elecciones, sus decisiones y sus posiciones" en relación al Sáhara Occidental. "No es admisible que un Gobierno diga que se atacan las fronteras, que se abren para que entren 10.000 en un país vecino por desavenencias y discrepancias en política exterior", subrayó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en respuesta.