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CONGRESO

Bildu presume de su papel en la ley de memoria democrática: "Hemos corregido lagunas"

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua
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La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua (Foto: EFE)
EL IMPARCIAL
martes 05 de julio de 2022, 07:58h

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado el dictamen de la ley de Memoria Democrática con el voto a favor de la mayoría de partidos de la izquierda, el voto en contra de PP, Cs y Vox, y la abstención de Junts y ERC, que ha pactado cuatro enmiendas transaccionales con el Gobierno.

Sin embargo, la posición de ERC no será relevante para la votación de la ley en el pleno previsto el 14 de julio, ya que el Gobierno ya contaba con los apoyos suficientes para sacar la norma adelante tras el pacto suscrito con EH Bildu.

La formación abertzale celebra su papel clave para que el Ejecutivo haya podido sacar adelante la ley: "Hemos conseguido abrir nuevos cauces de reconocimiento y corregir algunas lagunas de la Ley de Memoria Democrática". En palabras de la diputada Bel Pozueta, las enmiedas de Bildu han "mejorado" el texto, con cuya aprobación, señala, "no finaliza la lucha por la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas".

Según Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso, las enmiendas de su partido van a servir para “sacudir el relato de la transición ejemplar”, lo que abre la posibilidad de “revisar” lo sucedido hasta 1983.

EH Bildu: "Hemos conseguido abrir nuevos cauces y corregir algunas lagunas"

El Gobierno ha aclarado que la ley de Memoria Democrática sólo llegará hasta el año 1978, aunque se constituirá una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia" desde 1978 hasta finales de 1983.

Entre las enmiendas pactadas, destaca una acordada entre los dos partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), EH Bildu y Más País para designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983".

Fuentes de EH Bildu señalaron a Efe que, al ampliar un año este margen temporal, se ampliaba el plazo de aplicación de la ley con el objetivo por parte de su grupo de abordar el inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la 'guerra sucia' contra ETA, que comenzó a actuar en diciembre de 1983, durante el Gobierno de Felipe González. Sin embargo, fuentes del Gobierno han aclarado este lunes que la vigencia de la ley de Memoria Democrática llegará hasta 1978, no más allá.

El dictamen ha salido adelante con 19 votos a favor (entre ellos los del PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y el PNV)

Señalan que la ampliación temporal hasta finales de 1983 sólo afecta a la comisión recogida en una de las disposiciones adicionales de la ley, con la finalidad de dar reconocimiento y reparación a víctimas de los primeros años de la democracia. Las mismas fuentes puntualizan que no habrá ninguna investigación al respecto, sino simplemente una constatación y un reconocimiento a personas que hayan sufrido vulneración de sus derechos entre 1978 y 1983, algo que se encargarán de determinar los expertos de la comisión que serán nombrados por el Gobierno.

Reconocimiento a las víctimas

El texto reconoce además, a las víctimas de la guerra y la Dictadura, el "derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado". Se señala también que la administración "desarrollará medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción, orientadas al restablecimiento de los derechos de las víctimas en sus dimensiones individual y colectiva".

En su articulado también se reconoce la "política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega y vasca" durante la guerra y "las décadas posteriores de dictadura", llevadas a cabo por "el régimen dictatorial franquista". En este sentido, además, se considerarán víctimas a las personas que han sido perseguidas por hacer uso de las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos.

Se considerarán víctimas los perseguidos por hacer uno de las lenguas cooficiales

A través de este texto, se regula también un registro de víctimas "del golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978". En este registro se anotarán las circunstancias respecto de la represión padecida, del fallecimiento o desaparición, así como el lugar y la fecha en que ocurrieron los hechos, y la fuente de la que procede la información.

Asimismo, el texto prevé la creación de un Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura como una base de datos de ADN de carácter estatal, encargado de la recepción y almacenamiento de los perfiles de ADN de víctimas de la Guerra y de la Dictadura y de sus familiares.

Retirada de condecoraciones y disolución de asociaciones

En la sección segunda, sobre distinciones, condecoraciones y títulos, el texto recoge que las administraciones públicas "adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones" que sean "incompatibles" con los valores democráticos o que exalten o enaltezcan la "sublevación militar, la Guerra o la Dictadura". En este sentido, el artículo 41 del texto suprime una serie de títulos nobiliarios y grandezas de España que fueron concedidos entre 1948 y 1978.

En la disposición adicional quinta, la iniciativa señala que se promoverá la modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación para incluir "como causa de disolución de asociaciones", la "realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo".

Será revocada la declaración de utilidad pública de aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo

Lugares de Memoria Democrática

La iniciativa considera como lugares de Memoria Democrática "aquel espacio o inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible" donde se han desarrollado "hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos". En este sentido, se creará el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática, como instrumento de publicidad y conocimiento de los mismos.

La denominación del Valle de los Caídos cambia: ahora será el Valle de Cuelgamuros

Por otra parte, se modifica la denominación del "Valle de los Caídos" por "Valle de Cuelgamuros", lugar que se resignificará para "dar a conocer las circunstancias de su construcción" para "fortalecer los valores constitucionales y democráticos". Señala el texto también que en este lugar "solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a causa de la Guerra", y que se reubicará "cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto".

Además, el texto recoge en su Título IV un régimen sancionador, en el que se estipula como infracciones muy graves, entre otras, la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como la convocatoria de actos o campañas que "inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura", o de sus dirigentes.

Tramitación parlamentaria

Una vez celebrado este debate en comisión, y al haberse aprobado la avocación a Pleno de este proyecto de ley, el dictamen y las enmiendas al articulado no incorporadas en fase de ponencia y comisión y que los grupos parlamentarios decidan mantener vivas se someterán de nuevo a debate y votación en el Pleno de la Cámara Baja.

En caso de ser aprobado, el proyecto de ley se remitirá al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.

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